La deuda de la Generalitat paraliza el arbitraje laboral

La Generalitat acumula deudas con todo tipo de colectivos. La cuesti¨®n es: ?cu¨¢nto tiempo pueden aguantar sin cobrar por los suministros que entregan a la Administraci¨®n valenciana o por los servicios que le prestan? Los ¨¢rbitros laborales, una figura de obligada existencia recogida en el Estatuto de los Trabajadores, han cruzado ese l¨ªmite. Desde el 1 de enero no realizan sus funciones como consecuencia de la abultada deuda que la Generalitat mantiene con ellos ¡ªtienen retribuciones por percibir desde el a?o 2010¡ª y de los repetidos anuncios por parte de la direcci¨®n general de Empleo de que abonar¨ªa los retrasos en poco tiempo, y que se han ido incumpliendo.

La cuesti¨®n es grave porque el par¨®n en la actividad de los ¨¢rbitros afecta a derechos fundamentales garantizados por la Constituci¨®n. En concreto, a la libertad de sindicaci¨®n (art¨ªculo 28) y al derecho a la tutela judicial efectiva (art¨ªculo 24).

Los ¨¢rbitros son designados por la propia Generalitat, con participaci¨®n de los sindicatos m¨¢s representativos en cada provincia, para resolver las impugnaciones que se presentan en las elecciones a representantes de los trabajadores, tanto en las empresas como en la Administraci¨®n. El par¨®n en su actividad tiene como efecto, adem¨¢s, el bloqueo de la posibilidad de acceso a la justicia, porque el Estatuto de los Trabajadores indica que su laudo es un paso preceptivo antes de que se pueda presentar la misma reclamaci¨®n ante un juzgado.

Al cabo de un a?o normal, los ¨¢rbitros pueden atender entre 100 y 120 impugnaciones, que suelen generarse en empresas con gran n¨²mero de trabajadores, o en los mayores departamentos de la Administraci¨®n. En los a?os con m¨¢s elecciones sindicales, esa cifra llega a doblarse. Desde el 1 de enero, por ejemplo, se acumulan decenas de reclamaciones generadas en la ONCE.

La situaci¨®n de estos ¨¢rbitros es tambi¨¦n un s¨ªntoma del grav¨ªsimo estado de la Hacienda valenciana. La cuant¨ªa adeudada supone un problema para los afectados, pero parece menor tomado globalmente: en toda la comunidad aut¨®noma no se llega a los 15 ¨¢rbitros y el importe total de la deuda est¨¢ por debajo de los 100.000 euros.

Los ¨¢rbitros, normalmente licenciados en Derecho que tienen otras ocupaciones, han conseguido que la Generalitat les reconozca ¡ªaunque no que les pague¡ª buena parte de las cantidades adeudadas. Y est¨¢n plante¨¢ndose, con esos documentos, presentar demandas judiciales contra la Generalitat, por la misma v¨ªa que utilizan los proveedores.