Conflicto abierto en el sector de las residencias de la tercera edad

Las extremas dificultades financieras de la Generalitat afectan a todas sus ¨¢reas y el pago a las residencias de la tercera edad no es una excepci¨®n. Pero no todos los centros lo est¨¢n pasando igual de mal. Aquellos bajo la modalidad de concierto denominado de accesibilidad social ¡ªla red de residencias que surgi¨® a ra¨ªz del plan impulsado por el exconsejero Rafael Blasco en 2001 y en la que particip¨® la familia del presidente de las Cortes, Juan Cotino¡ª ha recibido un pago selectivo por parte del Consell, que ha dejado al margen a buena parte del resto de centros, como han denunciado estos.

En el escenario de la atenci¨®n residencial apoyada con fondos p¨²blicos hay dos protagonistas principales y varios secundarios. Entre los actores destacados, adem¨¢s de los centros de accesibilidad ¡ªagrupados mayoritariamente en torno a la asociaci¨®n Aecas¡ª se encuentra Aerte, la Asociaci¨®n Empresarial de Servicios a Personas en Situaci¨®n de Dependencia. Esta ¨²ltima ha puesto el grito en el cielo despu¨¦s de sentirse agraviada por haber sido marginada en el ¨²ltimo pago realizado por la Generalitat a las residencias.

De la inyecci¨®n de dinero (437 millones) del Fondo de Liquidez Auton¨®mica (FLA) que envi¨® el Gobierno a la Generalitat en diciembre para hacer frente a pagos pendientes, el Consell destin¨® 63 a cubrir parte de las deudas que mantiene con el sector. Abon¨® 49 millones a las empresas de accesibilidad. Otros nueve, a entidades sin ¨¢nimo de lucro (b¨¢sicamente entidades religiosas, agrupadas en torno a la asociaci¨®n LARES, uno de los actores secundarios en este relato) y casi cinco millones a liquidar deudas a empresas que gestionan centros p¨²blicos, como ha denunciado Aerte.

El resto de centros subvencionados se queja de un trato desigual

Los centros de Aerte, que acogen a beneficiarios del bono residencia, de una modalidad de ayuda que establece la Ley de Dependencia (prestaciones vinculadas al servicio) y entre los que tambi¨¦n hay residencias p¨²blicas de gesti¨®n privada, siguen esperando a cobrar los 60 millones correspondientes a buena parte de las facturas del a?o pasado. ¡°Es un claro agravio¡±, sostiene Mar¨ªa Jos¨¦ Mira, gerente de Aerte. La pasada semana, la Generalitat les comunic¨® que antes del 31 de enero recibir¨¢n seis millones de euros, un 10% de la deuda, lo que ¡°no soluciona nada¡±, dice Mira. Este diario intent¨®, sin ¨¦xito, conocer la versi¨®n de la Generalitat.

El segundo motivo de agravio que plantea Aerte es que la Administraci¨®n ¡°ha potenciado las plazas de accesibilidad¡±, agrupadas mayoritariamente en Aecas, en perjuicio de los tipos de subvenci¨®n de los que participan sus asociados. De esta forma, mientras que en 2007, las plazas del bono (en extinci¨®n) o de prestaci¨®n vinculada al servicio eran 4.500, ahora son 3.000. Y mientras en 2007 los beneficiarios que la Generalitat remit¨ªa a las residencias con plazas de accesibilidad social eran 1.840, ahora rebasan las 4.000.

Aecas prefiere no entrar en los motivos por los que las empresas que explotan centros bajo la f¨®rmula de accesibilidad social han cobrado antes. ¡°A fecha de 26 de diciembre solo hab¨ªamos cobrado el mes de enero de 2012. Sin entrar en detalles, la situaci¨®n de Aerte era distinta¡±, explica Marcos Penad¨¦s, presidente de Aecas. Respecto a la prioridad que ha podido conceder la Generalitat a sus residencias en el env¨ªo de personas, Penad¨¦s sostiene que deber¨ªan de remitirles m¨¢s residentes. Para justificarlo, entre otros aspectos, sostiene que sus plazas tienen un derecho de preferencia reconocido por la Generalitat. Y alude a una decisi¨®n que tom¨® la Consejer¨ªa de Bienestar Social cuando estaba al frente del departamento el presidente de las Cortes, Juan Cotino (2007-2009) que les daba prioridad.

Critican que les quiten

El contrato original de la f¨®rmula de las residencias de accesibilidad social (los centros integrados mayoritariamente en Aecas) se elabor¨® mientras el actual diputado del PP Rafael Blasco, imputado por el supuesto desv¨ªo de fondos p¨²blicos destinados a cooperaci¨®n, dirig¨ªa la consejer¨ªa de Bienestar Social. Ante la falta de residencias p¨²blicas ide¨® en 2001 un plan que consist¨ªa en proponer al sector privado la creaci¨®n de 9.000 plazas nuevas a trav¨¦s de un concurso por el que la Generalitat se reservaba un tercio de ellas. Hasta entonces el modelo de subvenci¨®n con el sector privado se basaba en el bono residencia, un importe que se entregaba a los beneficiarios para que escogieran una plaza privada. A partir del plan de las 9.000 plazas, entr¨® en escena una nueva modalidad de subvenci¨®n p¨²blica: el tercio de plazas de disponibilidad p¨²blica que se reservaba la administraci¨®n, denominadas plazas de accesibilidad. Finalmente, el n¨²mero total de plazas no fueron 9.000 sino 6.000, y las reservadas para residentes de la red p¨²blica 2.000.

En 2008, el m¨¢ximo responsable de la Consejer¨ªa de Bienestar Social, Juan Cotino, cambi¨® las reglas. Firm¨® un acuerdo con las empresas de accesibilidad para concertar hasta el 100% de las plazas de estos centros. Entre estas compa?¨ªas estaba Centros Residenciales Savia, nombre comercial de la empresa Gerocentros del Mediterr¨¢neo, SL. Por entonces (ya no), Savia estaba participada por Sedesa Concesiones ¡ªfilial de la matriz Servicios de Excavaciones SA (Sedesa)¡ª, ligada a la familia de Cotino a trav¨¦s de su sobrino, Vicente Cotino.

Este pacto es el que quiere hacer valer Aecas, asociaci¨®n integrada por Savia, Novaire, Solimar, La Saleta, Vergel S¨¦nior, Parqueluz, Gerianna y L¡¯Albereda-Alacu¨¢s, que concentran el 93% de plazas de accesibilidad social. ¡°Est¨¢n potenciando a cuatro empresas, por lo que sea¡±, explica Mira. ¡°Solo pido que no nos perjudiquen a nosotros para favorecer a otros¡±, a?ade.