Vivir en un limbo de impunidad

La geograf¨ªa de la corrupci¨®n muestra una Europa blanca, donde, siguiendo la l¨®gica weberiana, la moral protestante exige a los pol¨ªticos un estricto comportamiento, tanto p¨²blico, como privado, que los lleva a dimitir por beneficiarse del pr¨¦stamo blando de un amigo, plagiar una tesis doctoral, mentir para librarse de una multa o por un desliz sexual. Pero, no idealicemos. Realmente, no existen tales arcadias, donde los infractores paguen por nimiedades y la ciudadan¨ªa conf¨ªe c¨¢ndidamente en sus Instituciones.

Tampoco es ajustada la imagen concupiscente de los pa¨ªses meridionales, sumidos en la m¨¢s inexorable de las indolencias y corrupci¨®n sist¨¦mica. Lo que s¨ª hay en algunas democracias liberales y pluralistas de dilatada trayectoria son convenciones sociales ¨¦ticas muy arraigadas, adem¨¢s de medidas de control y transparencia rigurosas, que evitan lo que Habermas llama la berlusconizaci¨®n de la sociedad: la sensaci¨®n de vivir en un limbo de impunidad.

Artur Mas convoc¨® hace unos d¨ªas a los rectores de los m¨¢ximos ¨®rganos judiciales y de fiscalizaci¨®n en Catalu?a. Por lo pronto, sorprende que la iniciativa no fuera dirigida a los partidos. Es al legislador a quien compete adoptar con celeridad las medidas deseables. En el C¨®digo Penal, reformado en 2010, se endurecieron las penas y tipificaron nuevos delitos, pero la clamorosa ausencia de controles y transparencia han evidenciado su nulo efecto preventivo.

La ley de transparencia facilitar¨ªa el acceso de los ciudadanos a toda la informaci¨®n p¨²blica

Adem¨¢s, el Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de Comptes est¨¢n extremadamente politizados y adolecen de medios materiales y personales, am¨¦n de la dificultad para acceder a otra informaci¨®n que no sea la que los partidos les suministran voluntariamente. As¨ª que, o se les confiere m¨¢s medios, o se apodera para ello a la Inspecci¨®n fiscal y a la Agencia Tributaria.

Y ni qu¨¦ decir tiene la precariedad de recursos de la justicia y la fiscal¨ªa, que eterniza las instrucciones y el enjuiciamiento en la mayor¨ªa de casos complejos. Habr¨ªa que liberar a los jueces de estas causas y sustituirlos temporalmente, o bien, fijar un plazo m¨¢ximo para las instrucciones y dotarlos de medios. La ley de transparencia facilitar¨ªa el acceso de los ciudadanos a toda la informaci¨®n p¨²blica: desde el patrimonio de los cargos p¨²blicos, a las adjudicaciones de obras.

Por lo dem¨¢s, concierne a los partidos impulsar un gran acuerdo para moderar el gasto electoral y poner orden en la financiaci¨®n de los partidos, como pretend¨ªa el incumplido pacto de 2001. Aunque el contexto no acompa?e, hay que institucionalizar un sistema de financiaci¨®n p¨²blico que sea suficiente y que, a cambio, evite espacios opacos como las fundaciones y otros tent¨¢culos. Asimismo, resulta l¨®gico excluir de las listas a los imputados en causas judiciales, mientras la Ley de Enjuiciamiento Criminal no prevea este supuesto, como si lo est¨¢, por cierto, para los jueces encausados. Esto es lo relevante.

Se ha dicho que la iniciativa de Mas se erige sobre los pies de barro de un presidente acechado por multitud de frentes abiertos en su propio partido y coalici¨®n. Pero es igualmente cierto que su voluntad de imponer un programa audaz de mano dura contrasta con el escamoteo y la huida hacia adelante de su hom¨®logo espa?ol ante el tsunami B¨¢rcenas.

Queda otra cuesti¨®n: urge una ley electoral que desbloquee las listas cerradas de los partidos y dote a la ciudadan¨ªa de instrumentos de participaci¨®n democr¨¢tica; sin¨®nimos y garantes de una cultura donde la pol¨ªtica sea cosa de todos, aunque s¨®lo unos pocos la ejerzan en cargos p¨²blicos.

Las sociedades occidentales de postguerra alcanzaron un alto grado de democracia efectiva, porque durante a?os la intensa vida de los partidos permiti¨® una participaci¨®n generalizada de la ciudadan¨ªa en la pol¨ªtica. Ello se diluy¨® con la crisis de las grandes ideolog¨ªas, pero a¨²n quedan las ideas y sobre todo la determinaci¨®n de afrontar problemas que son colectivos y no poseen respuesta individual como salida a la reversible berlusconizaci¨®n de nuestra sociedad.

Joan Ridao es profesor de Derecho Constitucional y Ciencia Pol¨ªtica (UB y ESADE-URL).