¡°La informaci¨®n que tiene el poder debe ser p¨²blica porque es de todos¡±

Emilio Guichot (Sevilla, 1971), doctor en Derecho P¨²blico y profesor de la Universidad de Sevilla, trabaj¨® en 2009 y 2010 en la redacci¨®n de un proyecto de ley de transparencia con el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. Aquel texto qued¨® guardado en un caj¨®n, pero ya conten¨ªa muchas de las bases que inspiran la ley que ahora impulsa el Ejecutivo de Mariano Rajoy. A ella tampoco es ajeno Guichot, que el pasado martes compareci¨® como experto para aportar ideas ante la comisi¨®n Constitucional del Congreso de los Diputados.

¡°La palabra transparencia se ha convertido en un mantra. Sale en los discursos pol¨ªticos todos los d¨ªas¡±, advierte Guichot. ¡°Aunque prefiero que se ponga de moda y eso lleve a leyes avanzadas que obliguen a las Administraciones a justificarse ante la opini¨®n p¨²blica, que la desidia que ha habido en este tema durante a?os¡±, asegura el profesor. En su opini¨®n, el debate est¨¢ ahora centrado en la transparencia pol¨ªtica por la repercusi¨®n de los ¨²ltimos casos de corrupci¨®n, pero hay que extenderla a todos los ¨¢mbitos: ¡°Desde los contratos de los Ayuntamientos, a las subvenciones que concede un Gobierno aut¨®nomo, el poder judicial y, por supuesto, los ingresos de los altos cargos¡±.

La ley andaluza debe? esperar la aprobaci¨®n de la estatal para acabar de ser perfilada EMILIO GUICHOT

El concepto de transparencia, explica este experto, va unido al acceso a la informaci¨®n. ¡°La informaci¨®n que tiene el poder debe ser p¨²blica porque es de todos. Los ciudadanos tienen derecho a conocer en qu¨¦ se gastan los fondos p¨²blicos¡±, afirma Guichot. No cree que la ley de transparencia sea el ant¨ªdoto definitivo contra la corrupci¨®n, pero s¨ª ¡°un instrumento clave¡± para luchar contra ella. ¡°Es una ley de profundizaci¨®n democr¨¢tica, un paso adelante que da a los ciudadanos elementos para poder participar en el ejercicio del poder p¨²blico¡±, afirma.

La ley de transparencia en s¨ª misma, adem¨¢s de fomentar la participaci¨®n ciudadana, suele generar una ¡°din¨¢mica virtuosa¡± por parte de la Administraci¨®n. Algunos expertos consideran que sumar a la ley estatal una auton¨®mica duplica esfuerzos y supone un peligro de solapamientos. Guichot no lo comparte. Vaticina que tras la ley estatal las normas auton¨®micas van a venir ¡°en cascada¡± y, aunque la Junta pudiera regular con un decreto la adaptaci¨®n de la ley nacional al ¨¢mbito auton¨®mico, el hecho de que se legisle refuerza su contenido y dificulta que se cambie de espaldas al ciudadano.

Pero, ?qu¨¦ margen les queda a las Comunidades una vez que el Estado legisle? Por lo general, apunta Guichot, el papel de los Gobiernos regionales se podr¨¢ centrar en tres aspectos. El primero, garantizar la efectividad de ese derecho en el ¨¢mbito auton¨®mico y local. ¡°Pueden, por ejemplo, ampliar la lista de la informaci¨®n que tiene que ponerse a disposici¨®n del ciudadano sin necesidad de que lo pida¡±, se?ala el experto. La Junta podr¨¢ regular tambi¨¦n la gesti¨®n de la informaci¨®n. ¡°Hay que precisar c¨®mo se le da al ciudadano para que sea accesible, c¨®mo se le auxilia para que encuentre lo que busca e, incluso, elaborar gu¨ªas para acercar el contenido jur¨ªdico de la ley a la comprensi¨®n de todos¡±, explica. Por ultimo, igual que el Estado, las Comunidades tendr¨¢n tambi¨¦n que constituir, ¡°un ¨®rgano independiente de control¡± que va a ser clave para que el ciudadano tenga garant¨ªas de que su derecho es efectivo.

Para este ¨®rgano, que en opini¨®n de Guichot es ¡°indispensable¡±, podr¨ªa optarse en Andaluc¨ªa por dos modelos: ¡°Crear una nueva instituci¨®n y aprovechar para entregarle tambi¨¦n competencias en protecci¨®n de datos. O atribuir esta funci¨®n a los defensores del pueblo, que ya son ¨®rganos existentes y conocidos. Solo que los defensores solo dictan recomendaciones y esta ley obliga a que las decisiones sean vinculantes¡±, explica.

Algunas Comunidades como Galicia, Navarra o Baleares se han adelantado al Gobierno central y hace tiempo que aprobaron sus propias leyes de transparencia. ?Son buenas experiencias de las que aprender? ¡°Cada una de ellas responde a un momento¡±, afirma Guichot. La ley gallega, de 2005, fue ¡°un buen ejemplo de publicidad activa¡±. ¡°Estableci¨® un listado de materias que deb¨ªan ser publicitadas, como los contratos, las subvenciones y los nombramientos de los funcionarios. En esa materia fue una ley mod¨¦lica y ha inspirado en parte al proyecto estatal¡±, se?ala Guichot. La ley navarra es ¡°muy ambiciosa¡± porque no se refiere solo a la transparencia sino que apuesta por un ¡°Gobierno abierto¡± en el que dialogan la Administraci¨®n y el ciudadano para conseguir una mejor gesti¨®n.

¡°Una ley andaluza deber¨ªa tener lo mejor de las auton¨®micas existentes, pero esperar la aprobaci¨®n de la estatal para acabar de ser perfilada¡±, se?ala Guichot, que advierte que, aunque a los pol¨ªticos les haya costado decidirse a impulsar estas leyes, ya no pueden mirar para otro lado. ¡°La transparencia ha venido para quedarse¡±, asegura.