Los contratos de N¨®os no justificaban ¡°gasto, precio ni excepcionalidad¡±
El S¨ªndic de Comptes explica que los jueces le han pedido informes de la AVT, Vaersa, el IVF, Cacsa y "los procesos electorales"
La figura de la responsabilidad contable, ¡°debidamente actualizada¡±, servir¨ªa para ¡°conseguir la devoluci¨®n del dinero sustra¨ªdo en casos de pr¨¢cticas perversas¡±, aventur¨® el S¨ªndic Major de Comptes, Rafael Vicente Queralt, cuando le preguntaron los portavoces de la oposici¨®n. Sin embargo, reiter¨® que el ¨²nico organismo competente en materia de responsabilidad contable es el Tribunal de Cuentas y asumi¨® que un buen n¨²mero de casos est¨¢ actualmente en manos de tribunales por la v¨ªa penal.
Los casos de corrupci¨®n protagonizaron este marte en las Cortes Valencianas la comparecencia de Queralt, S¨ªndic Major de una instituci¨®n cuya responsabilidad comparte con otros dos s¨ªndics, Marcela Mir¨® y Antonio Mira-Perceval. Varios juzgados de Valencia y de Palma de Mallorca que investigan casos de corrupci¨®n han solicitado a la Sindicatura de Comptes informes, seg¨²n desvel¨®.
A petici¨®n del diputado socialista Juli¨¢n L¨®pez Milla, Queralt reconoci¨®: "Nos han pedido muchos antecedentes los jueces en los ¨²ltimos tiempos". Y enumer¨® informes solicitados desde diversas instancias judiciales, como los relativos a la empresa Vaersa y la Agencia Valenciana de Turismo, desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana; as¨ª como "la contabilidad de los procesos electorales", y tambi¨¦n, desde juzgados de lo penal de Valencia, sobre el Instituto Valenciano de Finanzas. El juez de Palma que instruye el caso N¨®os, a su vez, solicit¨® informaci¨®n sobre la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Queralt, que compareci¨® en las Cortes Valencianas para exponer el ¨²ltimo informe de fiscalizaci¨®n de la Generalitat, correspondiente a 2011, defendi¨® que son los jueces los que deben establecer las responsabilidades penales, y que el papel de la instituci¨®n que dirige es establecer si hay "irregularidades administrativas", como las que detectaron en los contratos con el Instituto N¨®os, de I?aki Urdangarin, para las cumbres Valencia Summit.
Queralt destaca las ¡°debilidades¡± de la Epsar en relaci¨®n con el ¡®caso Emarsa¡¯
Queralt indic¨® que la instituci¨®n auditora detect¨® en su momento "incidencias" en los contratos para los encuentros Valencia Summit de 2004, 2005 y 2006. Y las resumi¨® en tres aspectos: ¡°No se justificaba la necesidad del gasto, no se justificaba el precio y no se justificaba la excepcionalidad en la contrataci¨®n¡±. Es decir, ¡°el expediente estaba incompleto¡±, concluy¨®. En "el paso siguiente", el juez ha empezado a determinar si hay responsabilidad penal, explic¨® el S¨ªndic, quien a?adi¨® que el Tribunal de Cuentas abri¨® unas diligencias sobre esos contratos que luego aplaz¨® porque empez¨® a actuar la jurisdicci¨®n penal.
A preguntas de la diputada de Comprom¨ªs Mireia Moll¨¤, que critic¨® la falta de claridad para se?alar irregularidades relacionadas con el caso Emarsa, Queralt respondi¨®: "Si se lee los informes sobre la Epsar, ver¨¢ que ponen de manifiesto debilidades enormes a la hora de gestionar los convenios con Emarsa".
La Entidad P¨²blica de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), dos de cuyos m¨¢ximos responsables est¨¢n imputados, financiaba el tratamiento de lodos de la depuradora metropolitana mediante unos convenios que supuestamente sirvieron para saquear la empresa p¨²blica Emarsa. A?adi¨® que el organismo fiscalizador detect¨® tambi¨¦n "debilidades" en la Ciudad de la Luz, en Alicante, y el Palau de les Arts, en Valencia.
Como en ocasiones anteriores, Queralt insisti¨® en que la Sindicatura no tiene la funci¨®n de depurar "responsabilidades contables" sino de ofrecer informaci¨®n para mejorar la gesti¨®n. Ante la reflexi¨®n del diputado socialista L¨®pez Milla y del parlamentario de Esquerra Unida Ignacio Blanco sobre el hecho de que el Consell usa como escudo a la instituci¨®n para no ofrecer informaci¨®n de contratos y expedientes a los que la oposici¨®n tiene derecho, el S¨ªndic Major dej¨® caer que no se puede invocar a la Sindicatura por haber fiscalizado todos los contratos, dado que act¨²a de acuerdo con un muestreo.
Blanco dijo que la ciudadan¨ªa espera m¨¢s claridad a la hora de detectar irregularidades y pidi¨® que se expliciten los nombres de quienes se habla, como el de Miguel Navarro, exdiretcor de la Ciudad de las Artes, en un contrato de asesoramiento en CACSA de una sobras que ya no existen, e ironiz¨® sobre el papel de la Sindicatura, que se limitar¨ªa de ese modo a decir: "Aqu¨ª alguien ha matado a alguien". Queralt respondi¨® que no se explicitan los nombres porque retrasar¨ªa la elaboraci¨®n de los informes, ya que habr¨ªa que dar posibilidad de alegar a los afectados.
El sector p¨²blico vuelve al redil
El S¨ªndic de Comptes elogi¨® en su comparecencia los mecanismos de austeridad y de reestructuraci¨®n del sector p¨²blico, as¨ª como el plan de pago a proveedores y el Fondo de Liquidez Auton¨®mico porque han permitido aflorar las conocidas como ¡°facturas en los cajones¡±. Como quiera que el diputado socialista Juli¨¢n L¨®pez Milla le pregunt¨® si eso quiere decir que han desaparecido las facturas no contabilizadas ni siquiera en la cuenta 409, Rafael Vicente Queralt dijo que hace tiempo que la Sindicatura insiste en que se consignen al menos en esa cuenta las facturas no reconocidas. ¡°Se ha avanzado much¨ªsimo¡±, a?adi¨®.
En respuesta al diputado del PP Ricardo Costa, se?al¨® que se ha mejorado la gesti¨®n, y se refiri¨®, concretamente, al reforzamiento del papel de la Intervenci¨®n General de la Generalitat. ¡°As¨ª no ser¨¦ yo solo el malo de la pel¨ªcula. Que haya tambi¨¦n alguien dentro que lo haga", brome¨®.
En su intervenci¨®n, Queralt expres¨® su total discrepancia con la norma introducida en la Ley de Acompa?amiento de los presupuestos de 2013 que obliga a la Sindicatura a pedir permiso al Consell para cualquier modificaci¨®n en el Cap¨ªtulo I. Fue muy expl¨ªcito al pedir que se respete la autonom¨ªa de la instituci¨®n y que no se produzca la ¡°paradoja¡± de que la instituci¨®n auditora tenga que pedir autorizaci¨®n a quien es objeto de su fiscalizaci¨®n.
Sobre la reestructuraci¨®n del sector p¨²blico, Queralt explic¨® que las empresas y organismos nacieron, en ¨¦pocas de bonanza, ¡°precisamente para huir del derecho administrativo¡±. La crisis est¨¢ haciendo que muchas de sus funciones vuelvan a la Administraci¨®n y, en todo caso, que su funcionamiento sea controlado con un auditor interno.
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