El Tribunal Superior anula los conciertos con centros que segregan por sexo

La tijera presupuestaria en Educaci¨®n no se ha detenido ante casi nada: las ayudas a los libros de texto, las escuelas rurales, las plantillas de profesores, ahora tambi¨¦n el comedor... Entre la multitud de damnificados por las estrecheces econ¨®micas la Conseller¨ªa de Educaci¨®n siempre dej¨® a salvo a cinco colegios ultrarreligiosos que separan a los ni?os por sexos y que mantienen conciertos educativos con la Xunta. Ni siquiera despu¨¦s de que el Tribunal Supremo decidiera, el pasado julio, declarar ilegales esos conciertos en el caso de Andaluc¨ªa, el departamento que dirige Jes¨²s V¨¢zquez se plante¨® anular unos convenios que, seg¨²n los sindicatos, suponen un coste de tres millones de euros anuales para las arcas p¨²blicas. Ahora, como era previsible desde hace meses, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha decidido aplicar la doctrina del Supremo y ha ordenado la anulaci¨®n de esos conciertos tras atender un recurso del Sindicato de Traballadores do Ensino de Galicia (STEG).

?En 2009, poco antes de abandonar el poder, la coalici¨®n de socialistas y nacionalistas que gobernaba Galicia decidi¨® suprimir las ayudas p¨²blicas a los cinco colegios en cuesti¨®n: Las Acacias, Aloya y Montecastelo en Vigo, y Pe?arredonda y Montespi?o en A Coru?a. Nada m¨¢s llegar el PP a la Xunta, una de las primeras medidas que tom¨® la Conseller¨ªa de Educaci¨®n fue reponer esos convenios, pese a que, casi al mismo tiempo, suprim¨ªa la gratuidad de los libros de textos para ahorrar unos tres millones de euros anuales, una cantidad equivalente a lo que costaban los acuerdos con los colegios segregacionistas. Educaci¨®n se sent¨ªa respaldada por el TSXG, que en los meses siguientes deneg¨® varios recursos contra la decisi¨®n de mantener los convenios.

Pero el Supremo cambi¨® radicalmente el escenario el pasado verano, cuando acept¨® una demanda de la Junta de Andaluc¨ªa y declar¨® ilegales las ayudas a los centros que segregan por sexo en esa comunidad. En los meses siguientes, nuevas sentencias del Supremo, referidas a otras comunidades aut¨®nomas, ratificaron la misma doctrina. Pero ni V¨¢zquez ni el presidente de la Xunta, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, dieron marcha atr¨¢s y aprovecharon la ocasi¨®n que le brindaban los tribunales para aplicar tambi¨¦n en este asunto la sagrada doctrina del ahorro. Tanto Feij¨®o como V¨¢zquez se escudaban no solo en los fallos anteriores del TSXG sino que alud¨ªan a la necesidad de garantizar la ¡°libertad de elecci¨®n¡± de los padres que desean para sus hijos una ¡°educaci¨®n diferenciada¡±. Como era de prever, esa tesis ha sido desmontada al cabo de unos meses.

En la sentencia difundida ayer por el recurrente, el sindicato STEG, el TSXG reconoce que su doctrina ha quedado ¡°superada¡± por el Supremo. El argumento jur¨ªdico es claro, admite la m¨¢xima instancia judicial de Galicia. La Ley Org¨¢nica de Educaci¨®n de 2006 establece que los centros concertados no pueden discriminar a los alumnos en sus criterios de admisi¨®n, entre los que se alude expresamente a cuestiones de sexo. Y el TSXG asume lo que dijo el Supremo: que si bien ¡°no se cuestiona la existencia de la educaci¨®n diferenciada, tan leg¨ªtima como el modelo de coeducaci¨®n [ni?os y ni?as juntos]¡± eso no implica que ¡°pueda acogerse al sistema de ense?anza gratuita de centros concertados sostenidos con fondos p¨²blicos¡±. Tras las sentencias del Supremo, el ministro de Educaci¨®n, Jos¨¦ Ignacio Wert, anunci¨® que en la nueva ley que prepara su departamento se blindar¨¢n jur¨ªdicamente las ayudas a centros segregacionistas. Pero, mientras tanto, la Xunta debe cumplir el fallo del Superior.