El Tribunal Supremo condena la opacidad del Consell con la oposici¨®n

¡°El Gobierno valenciano incumpli¨® su obligaci¨®n de facilitar la informaci¨®n que se le hab¨ªa pedido¡±, seg¨²n una sentencia del Tribunal Supremo fechada el 25 de febrero. La resoluci¨®n da la raz¨®n a la Coalici¨® Comprom¨ªs, al confirmar una sentencia de abril de 2011 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y supone un serio varapalo a la pol¨ªtica de opacidad del PP. La diputada M¨°nica Oltra, que firmaba el recurso junto al portavoz de su grupo, Enric Morera, y ha sido tambi¨¦n la letrada que ha llevado el caso, explic¨® este mi¨¦rcoles en las Cortes Valencianas, visiblemente satisfecha, que es la primera vez que una sentencia de este tipo afecta directamente al Ejecutivo auton¨®mico y abre ¡°una nueva v¨ªa jur¨ªdica¡± porque genera jurisprudencia en algo que antes se consideraba ¡°una cuesti¨®n pol¨ªtica¡±.

Comprom¨ªs recurri¨® la negativa del Consell que presid¨ªa Francisco Camps a entregarle informaci¨®n sobre los contratos menores de la Generalitat firm¨® entre 2003 y 2008 con empresas de la trama G¨¹rtel. Era el a?o 2009, poco despu¨¦s de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n desvelase el esc¨¢ndalo de corrupci¨®n que afecta al PP. La respuesta del Consell fue negativa porque, seg¨²n argument¨® el entonces vicepresidente segundo y titular de Econom¨ªa, Gerardo Camps, la informaci¨®n estaba bajo secreto de sumario.

Privar a los diputados de los datos ¡°menoscaba su labor de control¡±

La sentencia del Supremo estima los argumentos de Comprom¨ªs y recuerda el deber de la Administraci¨®n valenciana de facilitar los ¡°datos, informes y documentos administrativos¡± recabados por los diputados ¡°a no ser que razones fundadas en Derecho se lo impidan¡±. Supuesto, este ¨²ltimo, que fue alegado por la Generalitat en su recurso y que el Supremo desestima porque el secreto sumarial ¡°no es raz¨®n que justifique la negativa a facilitar unos contratos administrativos que nada dicen del proceso penal pues son previos a ¨¦l y, ciertamente, no tienen por s¨ª mismos car¨¢cter secreto sino todo lo contrario¡±; porque la existencia de un proceso penal no es obst¨¢culo ¡°para que las asambleas legislativas controlen la acci¨®n del Gobierno¡±; porque no se sigue que ¡°poner en conocimiento de los diputados solicitantes los datos que ped¨ªan propicie juicio paralelo alguno¡±, y porque ¡°privarles de ellos s¨ª que menoscaba su labor de control¡±.

La sentencia tambi¨¦n desestima, contra lo que alegaba el Consell, que los diputados tengan obligatoriamente que agotar las posibilidades que ofrece el Reglamento de las Cortes (pregunta oral y proposici¨®n no de ley tras una solicitud de documentaci¨®n no satisfecha) antes de poder recurrir a la v¨ªa contencioso-administrativa. ¡°El de los diputados a recibir la informaci¨®n que solicitan del Gobierno es un derecho fundamental que merece protecci¨®n constitucional¡±, concluye la sentencia en sus fundamentos de Derecho.

Las cinco sentencias anteriores del Constitucional afectan a las Cortes

No es la primera sentencia que gana Comprom¨ªs por la vulneraci¨®n de los derechos de sus diputados, como reconoci¨® M¨°nica Oltra. Hasta cinco veces se ha pronunciado el Tribunal Constitucional a favor de recursos de amparo de la coalici¨®n. Pero esas sentencias se refieren a actuaciones de la Mesa de las Cortes Valencianas en las que el PP hab¨ªa hecho valer su mayor¨ªa para no tramitar iniciativas de la oposici¨®n. ¡°Al ver lo que ocurr¨ªa¡±, explic¨® la diputada, ¡°cambiaron y las Cortes tramitaban lo que ped¨ªamos pero el Consell dec¨ªa que no lo entregaba¡±.

De ah¨ª que Comprom¨ªs orientara la batalla judicial hacia el Consell, por la v¨ªa ordinaria. ¡°Conocidos juristas nos dec¨ªan que era inviable¡±, record¨® Oltra, quien cit¨® lo ocurrido con los contenciosos planteados por el exdiputado socialista Jos¨¦ Camarasa hace dos legislaturas para conocer los contratos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Comprom¨ªs se ha centrado en ¡°un Gobierno que no se deja controlar¡±

La sentencia del Supremo, en efecto, aborda, esa pol¨¦mica y la decanta hacia las tesis de la diputada de Comprom¨ªs al se?alar que ¡°los tribunales de lo contencioso-administrativo conocen de las cuestiones suscitadas en relaci¨®n con la protecci¨®n de los derechos fundamentales a prop¨®sito de los actos del Gobierno o de los consejos de Gobierno de las comunidades aut¨®nomas, cualquiera que sea la naturaleza de dichos actos¡±. Entre ellos los de informar o no a la oposici¨®n.

¡°Se nos ha preguntado por qu¨¦ no nos hemos personado en casos tan importantes¡±, coment¨® Oltra en referencia a que Comprom¨ªs no ejerce la acusaci¨®n en ninguno de los sumarios de corrupci¨®n, como s¨ª que hacen los socialistas o Esquerra Unida. La corrupci¨®n ¡°es el s¨ªntoma¡±, indic¨® la parlamentaria, pero la ¡°enfermedad es un Gobierno que no se deja controlar¡±. Comprom¨ªs ha decidido atacar ¡°directamente la enfermedad¡±.

Oltra apunta que acusar¨¢ al Consell por desobediencia y prevaricaci¨®n

?C¨®mo lo conseguir¨¢ si los efectos de las sentencias que ha logrado a su favor son simb¨®licos, dado que, por ejemplo, los contratos de G¨¹rtel que el Consell se neg¨® a entregar ya hace tiempo que se conocen? Oltra se?al¨® que Comprom¨ªs quiere consolidar la jurisprudencia. Para ello tiene pendientes cuatro recursos ante el TSJ por la misma v¨ªa del que ha llegado al Supremo. Uno se refiere a la negativa del Consell a entregar el informe de la consultora que fundament¨® el ERE en RTVV; otro a la negativa a entregar los estudios demosc¨®picos de la Generalitat; un tercero afecta a los documentos que justifican el pago del canon de la f¨®rmula 1, y el cuarto alude al coste de la construcci¨®n de centros escolares.

¡°La sentencia es importante de cara al futuro¡±, coment¨® Oltra, que advirti¨® de que, si se reiteran las sentencias contra el Consell, Comprom¨ªs emprender¨¢ la v¨ªa penal y acusar¨¢ a los responsables del Gobierno auton¨®mico por desobediencia y prevaricaci¨®n.