El juez imputa por tres nuevos delitos al exalcalde de Alicante Luis D¨ªaz Alperi

Luis D¨ªaz Alperi, alcalde de Alicante entre 1995 y 2008 y diputado auton¨®mico del PP, ya est¨¢ formalmente imputado en una nueva causa por otros tres delitos de corrupci¨®n: falsedad documental, fraude fiscal y cohecho. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano Antonio Ferrer notific¨® ayer su citaci¨®n para declarar el 26 de abril. El exregidor ocult¨® al fisco dos millones de euros y eludi¨® el abono de cerca de 700.000 euros a Hacienda entre 2007 y 2010, y disfrut¨® sin pagar por ello de un amarre en el puerto de Alicante para su lujoso barco hasta el pasado 31 de diciembre, seg¨²n la denuncia dirigida contra ¨¦l por la Fiscal¨ªa Superior de la Comunidad Valenciana.

Alperi ya estaba imputado en el caso Brugal como presunto autor de los delitos de tr¨¢fico de influencias, revelaci¨®n de informaci¨®n privilegiada y cohecho por haber ama?ado, supuestamente, el plan de ordenaci¨®n urbana de Alicante a favor del constructor Enrique Ortiz.

En esa causa lo acompa?a su sucesora en el cargo, la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, que a pesar del esc¨¢ndalo acaba de volver a adjudicar un gran contrato p¨²blico a Ortiz a una uni¨®n de empresas en la que figura Ortiz. En concreto: la adjudicaci¨®n del servicio de recogida de basura y limpieza de las calles, que ascender¨¢ a unos 435 millones de euros en 12 a?os.

El diputado auton¨®mico ocult¨® a Hacienda dos millones de euros

El exregidor de Alicante se convierte de esta manera en el diputado auton¨®mico con m¨¢s imputaciones a la espalda, empatado solo con su compa?ero en el PP Rafael Blasco. Este ¨²ltimo, que fue varias veces consejero de la Generalitat, portavoz popular en las Cortes Valencianas y a quien su grupo parlamentario acaba de nombrar responsable del ¨¢rea de Territorio, lo que le permitir¨¢ ganar unos cientos de euros m¨¢s al mes, est¨¢ imputado por otros seis delitos.

En su caso, por fraude de subvenci¨®n, cohecho, tr¨¢fico de influencias, prevaricaci¨®n, falsedad documental y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos con motivo del supuesto desv¨ªo de seis millones de euros de los fondos que la Generalitat destinaba a proyectos de desarrollo en el Tercer Mundo. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n considera que Blasco fue el ¡°director¡± de esa trama corrupta mientras era consejero de Solidaridad y Ciudadan¨ªa, el departamento del Gobierno valenciano que conced¨ªa las ayudas de cooperaci¨®n.

En las Cortes Valencianas hay, junto a Alperi, Blasco y Castedo, otros seis diputados imputados. Se trata de Vicente Rambla (exvicepresidente de la Generalitat), Ricardo Costa (ex secretario general del PP valenciano), David Serra (exvicesecretario del partido), Yolanda Garc¨ªa (extesorera), Milagrosa Mart¨ªnez (exconsejera, expresidenta del Parlamento auton¨®mico y alcaldesa de Novelda) y Ang¨¦lica Such (exconsejera), todos ellos en el caso G¨¹rtel.

Alperi y Blasco est¨¢n acusados ambos de seis delitos

Su presencia en las Cortes ¡ªhab¨ªa un d¨¦cimo parlamentario imputado, Pedro ?ngel Hern¨¢ndez Mateo, exalcalde de Torrevieja, pero devolvi¨® el acta tras ser condenado a tres a?os de c¨¢rcel en noviembre¡ª contradice la pol¨ªtica de tolerancia cero contra la corrupci¨®n expresada, como un intento de pasar p¨¢gina respecto al sombr¨ªo pasado reciente, por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. El Consell afirma que ha destituido a los cargos que depend¨ªan directamente de ¨¦l, pero que el acta de diputado es personal.

La oposici¨®n ha argumentado, en cambio, que el PP no puede obligar a un parlamentario a abandonar su esca?o, pero s¨ª podr¨ªa expulsarlo de su grupo parlamentario. El alto n¨²mero de diputados imputados dejar¨ªa en ese caso a Fabra, sin embargo, en una posici¨®n delicada en las Cortes, ya que la ampl¨ªa mayor¨ªa de la que goza el partido desde las elecciones de 2011 quedar¨ªa reducida al m¨ªnimo.

A Alperi, que parece haber entrado en la recta final de su carrera pol¨ªtica y su presencia en el Parlamento valenciano llama m¨¢s la atenci¨®n por su actitud ¡ªcomo cortarse las u?as en el esca?o¡ª que por sus iniciativas legislativas, se le abre de este modo un nuevo frente judicial.

La fiscal¨ªa lo acusa, siguiendo un informe de la Agencia Tributaria, de beneficiarse, en primer lugar, del abono por parte de una empresa, Taller de Contabilidad, con sede en Madrid, de una deuda de algo m¨¢s de un mill¨®n de euros que ten¨ªa con Hacienda. El exregidor deb¨ªa pagar esa cantidad como responsable subsidiario de una empresa del sector inmobiliario, Champaka Promociones. Esta no s¨®lo no le reclam¨® el dinero sino que asumi¨® que se trataba de una acci¨®n graciosa ¡°al contabilizar el cr¨¦dito como p¨¦rdida al cierre de 2007¡±.

"Que justifique el pago"

Solo m¨¢s tarde y, seg¨²n Hacienda, con el objeto de aparentar una relaci¨®n ¡°que justifique el pago¡± del mill¨®n de euros, Alperi reconoci¨® a las empresas la deuda sin que, aparentemente, la haya llegado a satisfacer.

El segundo supuesto delito fiscal, en 2008, tiene su origen en la compra de un barco de 15,4 metros de eslora por 852.954 euros utilizando para ello, seg¨²n el ministerio p¨²blico, una sociedad instrumental, Andarx Bussiness. Aunque ¡°se trataba de aparentar¡± que la titularidad de la embarcaci¨®n era de dicha empresa, en realidad ¡°era para uso personal y exclusivo¡± de Alperi. El exregidor solo pag¨® una peque?a parte del precio del barco. El resto lo abon¨® su socio en Andarx Bussiness, una empresa inactiva hasta ese mismo a?o 2008, en el que Alperi adquiri¨® el 50% de la empresa. En 2010, el exregidor habr¨ªa utilizado, adem¨¢s, esa sociedad para facturar por su actividad profesional privada (perito mercantil), cuando seg¨²n el fiscal deber¨ªa haberlo declarado como ingresos de actividad econ¨®mica.