Anuladas por caducidad dos multas de Valencia a una constructora

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo n¨²mero uno de Valencia ha anulado dos multas impuestas por el Ayuntamiento de la ciudad a la constructora del centro social del barrio de Patraix, que ascend¨ªan a m¨¢s de 220.000 euros, como consecuencia del incumplimiento del contrato de obras, al considerar probado que hab¨ªa caducado el procedimiento por haber transcurrido el plazo legal para sancionar.

As¨ª consta en una resoluci¨®n de fecha 9 de abril en la que el juzgado estima el recurso interpuesto por la constructora BM3 contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local que en febrero del pasado a?o estableci¨® imponer dos penalidades en la ejecuci¨®n del contrato de obra del Centro Social de Patraix, por valor de 170.412 y 52.795 euros, respectivamente.

El Consistorio inici¨® el procedimiento sancionador por posible incumplimiento contractual de la? mercantil en relaci¨®n con las cl¨¢usulas del pliego y la aportaci¨®n de informaci¨®n y documentaci¨®n acreditativa de los subcontratos realizados, adem¨¢s de impago de cantidades adeudadas a subcontratistas.

Por contra, la constructora hab¨ªa alegado la caducidad del procedimiento de imposici¨®n de penalidades al haber transcurrido el tiempo establecido para ello y sosten¨ªa que no se pod¨ªa sancionar con posterioridad a la recepci¨®n de las obras por parte de la Administraci¨®n.

El juzgado ha dado la raz¨®n a la recurrente y ha anulado el acuerdo sancionador al tener en cuenta que el Consistorio inici¨® el expediente el 7 de mayo de 2011 y la fecha de imposici¨®n de penalidades fue el 9 de diciembre, por lo que entiende que hab¨ªa transcurrido el plazo legalmente establecido -de seis meses- y, por tanto, que hab¨ªa caducado el procedimiento. El juzgado, que impone las costas al Ayuntamiento, no entra a valorar la segunda alegaci¨®n al considerar probada la caducidad.

La asesor¨ªa jur¨ªdica del Ayuntamiento ha remitido un escrito a la Junta de Gobierno Local en el que acuerda cumplir la sentencia al considerar que se bas¨® en la caducidad del procedimiento y? considera dif¨ªcil que pudiera prosperar un posible recurso de apelaci¨®n.

Ante esta resoluci¨®n, la concejal del grupo municipal de Esquerra Unida, Rosa Albert, ha pedido que la alcaldesa, Rita Barber¨¢, "depure responsabilidades" ante el "grave hecho" que, a su juicio, "supone que los tribunales hayan fallado en contra del Ayuntamiento, una vez m¨¢s" y hayan anulado el acuerdo de la Junta de Gobierno que implicaba una sanci¨®n a la empresa de 223.208 euros.

La edil ha apuntado en un comunicado que tanto este centro social como el de Jubiocio en Benicalap y el de Nou Moles, obras financiadas con fondos del Plan E, fueron adjudicados a BM3, empresa que desde 2011 se encuentra en concurso de acreedores.

Asimismo, ha apuntado que la infraestructura a la que se refiere el fallo ten¨ªa un presupuesto inicial de 2.969.741 euros aunque, tras varias modificaciones del proyecto, "tuvo un sobrecoste de un 12,48%, cantidad a la que, adem¨¢s, hay que sumar un total de 60.924 euros de precios contradictorios" por lo que "ha tenido finalmente un coste de 3.400.000 euros".

Albert ha a?adido que EU ha denunciado "en numerosas ocasiones los sobrecostes que han sufrido estos tres centros sociales as¨ª como el retraso en las obras de los mismos y en su apertura", y ha subrayado que el de Benicalap "todav¨ªa no ha sido abierto al p¨²blico a pesar de estar ya finalizado".

"Nos encontramos ante una obra que ha sufrido sobrecostes, retrasos y que, finalmente, ha tenido que ser el propio Ayuntamiento quien ha tenido que hacerse cargo de acabarlas y, por tanto, la parte que se pod¨ªa haber recuperado al final se acaba perdiendo tambi¨¦n porque el procedimiento hab¨ªa caducado", ha insistido Albert. "?Qui¨¦n va a hacerse responsable de este fiasco?; ?qu¨¦ va a pasar entonces con el resto de centros sociales?; ?se ha actuado en la misma l¨ªnea?", se ha preguntado la edil.