La corrupci¨®n colapsa el Tribunal Superior de Justicia valenciano

El Tribunal Superior de Justicia valenciano, donde se centralizan las principales causas de corrupci¨®n de la comunidad aut¨®noma, se halla en una situaci¨®n parecida al colapso. El motivo: la falta de medios, que es responsabilidad de la Generalitat, y el r¨¢pido aumento de las causas en pocos a?os. El anterior presidente del tribunal, Juan Luis de la R¨²a, sol¨ªa decir que su cargo era una canonj¨ªa. De la R¨²a, utilizaba la palabra en la segunda acepci¨®n que recoge el diccionario: ¡°Empleo de poco trabajo y bastante provecho¡±.

El magistrado accedi¨® al puesto en 1999, permaneci¨® en ¨¦l hasta 2010 y durante la mayor parte de su mandato la afirmaci¨®n fue cierta. La Sala Civil y Penal del tribunal, compuesta por cinco jueces, ten¨ªa poca carga de trabajo. Sus competencias comprend¨ªan b¨¢sicamente, como ahora, la revisi¨®n de los casos en que se aplica el derecho civil foral valenciano (pocos). Y la investigaci¨®n de las causas que implican a personas aforadas: miembros del Gobierno auton¨®mico y de las Cortes Valencianas.

Esta segunda v¨ªa empez¨® a aumentar al final del mandato de De la R¨²a, con decisiones pol¨¦micas por su parte, como el prematuro archivo del llamado caso de los trajes, que afectaba al entonces presidente valenciano Francisco Camps, en 2009. Desde entonces, las causas de corrupci¨®n instruidas en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no han dejado de crecer y alguna de las que ya estaban abiertas, como la vertiente valenciana del caso G¨¹rtel, ha visto c¨®mo se multiplicaban los hechos a investigar, que han pasado a formar nuevas piezas separadas.

Aunque solo hay nueve aforados valencianos imputados (los nueve son diputados auton¨®micos del PP), su presencia en una causa arrastra al TSJ al resto de implicados. El resultado es que los cuatro casos abiertos en el tribunal suman cerca de un centenar de imputados. Solamente en las seis piezas separadas de G¨¹rtel hay ya 53.

Esa cantidad de trabajo, coinciden varias fuentes, no explica por s¨ª sola la situaci¨®n del tribunal, en el que pasos que normalmente tardar¨ªan semanas requieren meses. Las fuentes apuntan a la falta de medios materiales y humanos, no de magistrados sino de secretarios judiciales y personal de apoyo.

Los cuatro jueces que instruyen causas en el TSJ trabajan, en total, con dos secretarios judiciales y siete funcionarios. Cuando lo normal en un juzgado que investiga causas penales tan complejas (Emarsa, por ejemplo) es que un solo juez cuente para ¨¦l con un secretario judicial y diez funcionarios.

La Sala Civil y Penal solo tiene, adem¨¢s, una fotocopiadora. En realidad se trata de una m¨¢quina multiuso que se utiliza tambi¨¦n para escanear los escritos, lo que genera monumentales atascos, obligando a las partes a hacer cola para recoger la documentaci¨®n. Y como la mayor¨ªa de fotocopiadoras, a?aden las fuentes, sufre problemas t¨¦cnicos regularmente, bloqueando el normal avance de las causas.

Los cuatro jueces del tribunal solo cuentan con siete funcionarios

Solo hay dos personas, para toda la Audiencia Provincial de Valencia y para el TSJ, dedicadas a transcribir declaraciones e intervenciones telef¨®nicas. Y no tienen a su disposici¨®n precisamente lo ¨²ltimo en tecnolog¨ªa. La escasez ha obligado a aplazar transcripciones del caso G¨¹rtel en favor de las del caso Blasco (que investiga el millonario saqueo de las ayudas p¨²blicas a la cooperaci¨®n), dado que en esta causa uno de los imputados se encuentra en prisi¨®n preventiva y goza por ello de prioridad.

A pesar de tener preferencia, la magistrada instructora del caso Blasco, Mar¨ªa P¨ªa Calder¨®n, ha dejado patente por escrito su malestar por las condiciones del procedimiento. Y se ha visto forzada a renunciar, de momento, a interrogar a los implicados sobre el grueso de la causa, dado que estos a¨²n no han tenido acceso a toda la documentaci¨®n.

El TSJ solo tiene una fotocopiadora que se usa, adem¨¢s, para escanear

El magistrado Jos¨¦ Ceres, que investiga la rama valenciana de G¨¹rtel, dio por concluida en diciembre la instrucci¨®n de una de las seis piezas que componen la causa. Se trata de la que afecta, entre otros, a la expresidenta de las Cortes Valencianas y exconsejera de Camps, Milagrosa Mart¨ªnez, por las adjudicaciones a la trama corrupta vinculadas con la feria tur¨ªstica Fitur. La lluvia de recursos y la falta de medios ¡ªcon tan pocos funcionarios el mero env¨ªo de oficios lleva su tiempo¡ª ha retrasado hasta ahora la apertura de juicio oral. Y las fuentes consultadas ven improbable que el juicio se celebre hasta despu¨¦s del verano, dado que se prev¨¦ largo, agosto es inh¨¢bil y no tendr¨ªa mucho sentido empezarlo en julio y tener que interrumpirlo para retomarlo en septiembre.

Algunos imputados, como la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, se han quejado de dilaciones en la causa. A pesar de que la lentitud tambi¨¦n es achacable, en parte, a recurrir cada decisi¨®n que toma el juez instructor. Y la alcaldesa present¨® el a?o pasado 21 en apenas tres meses.