El juez imputa a otros dos cargos de Camps por dar contratos a G¨¹rtel a dedo
El magistrado les atribuye el fraccionamiento de contratos para poder adjudicarlos directamente
El n¨²mero de imputados en el caso G¨¹rtel contin¨²a aumentando en Valencia. El juez Jos¨¦ Ceres, que instruye la vertiente valenciana del caso, ha imputado a otras dos personas que ocupaban altos cargos de la Generalitat en la etapa del expresidente Francisco Camps por haber troceado contratos para poder adjudic¨¢rselos directamente a dedo a Orange Market, la empresa de ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes. Se trata de la misma pieza separada de la causa en la que tambi¨¦n ha sido imputado, entre otros, el alcalde de Castell¨®n, Alfonso Bataller. Ninguna de las dos personas ocupa altos cargos en estos momentos ni en el Gobierno auton¨®mico ni en sus empresas p¨²blicas, seg¨²n una portavoz del Consell.
Una de ellas es Silvia Caballer, que fue directora general en Educaci¨®n en la etapa en que la consejer¨ªa estaba dirigida por Alejandro Font de Mora, actual vicepresidente de las Cortes Valencianas, y particip¨® en la contrataci¨®n de Orange Market para la realizaci¨®n del llamado Congreso de Software Libre, celebrado en Castell¨®n en mayo de 2005. El magistrado ha citado a Caballer para el pr¨®ximo 11 de junio.
El Bigotes cobr¨® 12.000 euros por el alquiler y transporte de mobiliario y otros 12.000 por el alquiler y transporte de la moqueta
En vez de firmar un solo contrato por la organizaci¨®n del congreso, Educaci¨®n acord¨® cuatro para eludir, seg¨²n la fiscal¨ªa, tener que acudir por su importe a procedimientos que garantizasen la publicidad, igualdad y libre concurrencia de las empresas. La consejer¨ªa contrat¨® as¨ª separadamente a El Bigotes por el ¡°alquiler, transporte y montaje mobiliario¡±; el ¡°dise?o, impresi¨®n y montaje de carteler¨ªa¡±, el ¡°alquiler, transporte y montaje de la moqueta¡± y la ¡°coordinaci¨®n y ejecuci¨®n del congreso¡±. El importe total ascendi¨® a 48.000 euros.
¡°De acuerdo con la naturaleza de estos servicios y su dependencia con el objeto del contrato que consist¨ªa en la organizaci¨®n del congreso, consideramos que ha habido un fraccionamiento del objeto del contrato en cuatro contratos menores y con la misma empresa con objeto de no utilizar otros procedimientos de contrataci¨®n (negociado o abierto), por lo que se han vulnerado los principios de publicidad y concurrencia¡±, concluy¨® la Intervenci¨®n General del Estado en un informe que obra en la causa.
La fiscal¨ªa sostiene que el fraccionar contratos fue el medio para cometer un delito de prevaricaci¨®n
Caballer ya declar¨® como testigo, neg¨® haber recibido instrucciones para contratar a la empresa de ?lvaro P¨¦rez y consider¨® normal la f¨®rmula empleada para hacerlo, motivos que han llevado al juez a imputarla ahora. El fraccionamiento intencionado de contratos fue, seg¨²n mantiene Anticorrupci¨®n, el medio utilizado para cometer, al menos, un delito de prevaricaci¨®n (tomar decisiones injustas a sabiendas de que lo son), sin perjuicio de que la conducta pueda incardinarse en otros delitos contra la Administraci¨®n.
La segunda nueva imputada es Mar¨ªa Auxiliadora Hern¨¢ndez Mi?ana, hermana de la que fue consejera con Camps Maritina Hern¨¢ndez, que fue secretaria auton¨®mica de la Consejer¨ªa de Educaci¨®n Cultura en 2006, tambi¨¦n con Font de Mora, y particip¨® en la adjudicaci¨®n troceada de contratos a varias sociedades de la trama con motivo del Congreso Familia y Escuela, celebrado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El contrato en este caso fue fraccionado y repartido entre Orange Market, Dise?o Asim¨¦trico, Down Town Consulting y Servimadrid, todas ellas integrantes del entramado empresarial de Francisco Correa.
Cultura pag¨® 47.000 euros a la red por el congreso, pero tramit¨® el acuerdo "mediante la realizaci¨®n de seis contratos menores con cuatro empresas diferentes", se?ala la Intervenci¨®n General del Estado. En concreto: "Traductores de italiano, ingl¨¦s y personal auxiliar" (8.900 euros); "acreditaciones, dise?o de impresi¨®n, manipulaci¨®n y producci¨®n" (3.000 euros); "1.000 carteras portadocumentos y serigrafiado" (9.8000 euros); "1.000 receptores de radio y sus pilas" (1.900 euros); "Material de carpinter¨ªa, sillas, tarima.." (11.700 euros), y "Materiales para la instalaci¨®n de imagen y sonido" (11.500 euros).
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