Socialistas y PP se acusan de corrupci¨®n ante las investigaciones judiciales
Los populares piden explicaciones de "los fondos de reptiles" y el PSOE destaca el 'caso B¨¢rcenas'
Socialistas y populares se cruzaron ayer acusaciones de corrupci¨®n a ra¨ªz de dos investigaciones judiciales: la nueva emprendida por la juez Mercedes Alaya sobre tres fondos de ayudas distintos al del caso ERE y la que lleva el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, quien, ha reclamado al PP la contabilidad de las sedes territoriales de Sevilla y M¨¢laga.
La portavoz de Vivienda del PP andaluz, Alicia Mart¨ªnez, en la presentaci¨®n de una propuesta para sustituir las expropiaciones temporales de las casas a los bancos por alquileres sociales subvencionados al 75% de la renta familiar, pregunt¨® ¡°cu¨¢ntos fondos de reptiles de la Junta quedan por conocer¡±, en relaci¨®n con la nueva investigaci¨®n de Alaya.
Mart¨ªnez tach¨® de ¡°grav¨ªsimos¡± los ¡°nuevos datos¡± que, seg¨²n dijo, suponen la existencia de ¡°otras subvenciones y ayudas¡± concedidas ¡°sin ning¨²n tipo de control y con la misma falta de procedimiento¡± que en el caso ERE.
Por su parte, el vicesecretario general del PSOE de Andaluc¨ªa, Mario Jim¨¦nez, aprovech¨® la petici¨®n de informaci¨®n realizada por el juez Ruz para asegurar que, ¡°al final, se va conociendo la verdad y estamos ante una situaci¨®n que pone en el ojo del hurac¨¢n y en el centro de la diana de la justicia por el caso B¨¢rcenas y el caso G¨¹rtel al PP de Andaluc¨ªa y, especialmente, al PP de Sevilla y de M¨¢laga¡±.
Sobre la nueva investigaci¨®n de Alaya, Jim¨¦nez asegur¨® que el presidente de la Junta, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, no ten¨ªa vinculaci¨®n con la administraci¨®n andaluza en la ¨¦poca que analiza la juez.
Jim¨¦nez insisti¨® en que los 18 millones investigados se concedieron entre 2000 a 2004 y, entonces, Gri?¨¢n ¡°era diputado en el Congreso y no ten¨ªa vinculaci¨®n con la administraci¨®n de la Junta¡±.
¡°Lo que queremos es que la justicia funcione y que, cuanto antes, la instrucci¨®n llegue a buen puerto, se establezca el juicio y las responsabilidades y se recuperen los recursos p¨²blicos que se hayan podido usar indebidamente¡±, concluy¨®.
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