Generalitat, PSPV y una ONG piden m¨¢s de 10 a?os de c¨¢rcel para Blasco

La situaci¨®n de Rafael Blasco, siete veces consejero de la Generalitat valenciana, portavoz del PP hasta hace unos meses y todav¨ªa diputado auton¨®mico popular, imputado en la causa que investiga el desv¨ªo de ocho millones de fondos p¨²blicos destinados al Tercer Mundo, se volvi¨® este lunes insostenible. El fr¨¢gil equilibrio en el que Blasco se ha movido en los ¨²ltimos meses, renunciando a su posici¨®n y a los cargos solo cuando no cab¨ªa ninguna otra salida, salt¨® este lunes definitivamente por los aires con la presentaci¨®n por las acusaciones de sus peticiones de pena. La propia Generalitat, de la que Blasco form¨® parte como consejero hasta hace dos a?os, los socialistas y el presidente de la ONG Familias Sin Fronteras solicitaron m¨¢s de 10 a?os de c¨¢rcel para ¨¦l como presunto autor de los delitos de tr¨¢fico de influencias, prevaricaci¨®n, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y falsedad documental.

Se trata de los cuatro delitos que, de forma indiciaria, le atribuy¨® la propia magistrada instructora, Mar¨ªa P¨ªa Calder¨®n, en el auto que dio por concluida la instrucci¨®n de la primera de las dos piezas separadas que, de momento, tiene la causa.

El PSPV-PSOE concret¨® su petici¨®n de pena en 15 a?os de prisi¨®n y 30 de inhabilitaci¨®n para cargo o empleo p¨²blico. La acusaci¨®n popular que representa Antonio Penad¨¦s, escritor y miembro de la ONG Familias Sin Fronteras por la Infancia, solicit¨® 13 a?os de prisi¨®n e inhabilitaci¨®n por un periodo de 10 a 15 a?os. La Abogac¨ªa de la Generalitat pidi¨® una pena solo ligeramente inferior, seg¨²n confirmaron distintas fuentes.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, condicion¨® la semana pasada la continuidad de Blasco en el Grupo Popular de las Cortes Valencianas a la petici¨®n de la Abogac¨ªa de la Generalitat y al auto de apertura de juicio oral por parte del TSJ. Una situaci¨®n que ha aumentado la tensi¨®n interna del Grupo Popular, donde los diputados ¡ªincluidos los ocho imputados en los casos G¨¹rtel y Brugal y el expresidente Francisco Camps que promocion¨® al exconsejero¡ª tendr¨¢n que dar su visto bueno a la decisi¨®n de apartar a Blasco, a no ser que el tambi¨¦n exportavoz popular pida voluntariamente su exclusi¨®n. En el PP conf¨ªan en no tener que adoptar ninguna decisi¨®n sobre la continuidad de Blasco en el grupo parlamentario hasta que el TSJ emita el auto de apertura de juicio oral, una decisi¨®n que no se producir¨¢ hasta que se hayan resuelto los recursos de reforma y apelaci¨®n de las partes. Resoluciones que, previsiblemente, no se producir¨¢n antes de que acabe el actual periodo de sesiones de las Cortes Valencianas.

La primera pieza separada del caso Blasco est¨¢ centrada en una de las muchas operaciones que, seg¨²n la investigaci¨®n, llev¨® a cabo la trama tejida en torno al entonces consejero de Solidaridad y Ciudadan¨ªa. En concreto, el desv¨ªo de 1,2 millones de euros que deb¨ªan servir para abrir pozos y mejorar la agricultura en una zona de Nicaragua y que terminaron, en cambio, invertidos en la compra de tres pisos y una plaza de garaje en Valencia.

Seg¨²n Anticorrupci¨®n y la juez instructora, Blasco y el otro cabecilla de la trama, Augusto C¨¦sar Tauroni, que lleva en prisi¨®n preventiva desde febrero de 2012, urdieron un plan para desviar los fondos p¨²blicos. Para ello, seg¨²n la investigaci¨®n, recurrieron a la pr¨¢cticamente desconocida Fundaci¨®n Cultural para Estudios Sociales (Cyes), presidida por el tambi¨¦n imputado Marcial L¨®pez, a quien contact¨® Tauroni. Este tambi¨¦n se habr¨ªa lucrado, al haber facturado por servicios supuestamente falsos 456.960 euros a la Fundaci¨®n Cyes. Esa cantidad, subray¨® la juez en su ¨²ltimo auto, represent¨® el 25% de los fondos que la fundaci¨®n recibi¨® en 2008 de la Consejer¨ªa de Solidaridad y Ciudadan¨ªa, que incluyendo subvenciones menores se elevaron a 1,8 millones de euros. Un porcentaje redondo que, seg¨²n la investigaci¨®n, coincidir¨ªa con la comisi¨®n previamente entre Tauroni y el presidente de la Fundaci¨®n Cyes.

¡°El perjuicio nos obliga a pedir penas m¨¢ximas¡±, dice la socialista Barcel¨®

¡°M¨¢s all¨¢ del reproche social cabe entrar en el procedimiento penal, entendiendo que el perjuicio ocasionado nos obliga a calificar estos hechos con las penas m¨¢ximas previstas¡±, se?al¨® la presidenta del Grupo Parlamentario del PSPV-PSOE, Ana Barcel¨®. Adem¨¢s de Blasco, a quien piden 15 a?os de prisi¨®n y 42 de inhabilitaci¨®n, as¨ª como el pago de una indemnizaci¨®n de 1,9 millones de euros, los socialistas solicitan 15 a?os a Agusto C¨¦sar Tauroni, el principal imputado del caso, y a Tina Sanju¨¢n, ex secretaria general de Administraci¨®n de la Consejer¨ªa de Solidaridad y Ciudadan¨ªa. A Marcial L¨®pez, que fue presidente de la Fundaci¨®n Cyes, le solicitan siete a?os de prisi¨®n.

Los socialistas, cuya diputada Clara Tirado present¨® la denuncia inicial a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, piden tambi¨¦n ocho a?os de prisi¨®n para el que fue jefe de ¨¢rea de Cooperaci¨®n, Marc Llinares, y seis a?os para ex altos cargos como Alexandre Catal¨¤ y Josep Maria Felip. Al jefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis, le piden otros seis a?os. Y para la empleada de la Fundaci¨®n Cyes Mar¨ªa Jos¨¦ Cervera, tres a?os.

Barcel¨® dijo que Alberto Fabra, no debe esperar ¡°ni un segundo m¨¢s¡± para expulsar a Blasco del Grupo Popular.