El juez de Emarsa pide datos sobre una reuni¨®n de los principales imputados
El juzgado reclama el libro de visitas de la Diputaci¨®n de Valencia para ver si existi¨® el encuentro
El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 15 de Valencia, que investiga el saqueo de la depuradora de Pinedo, ha solicitado a la Diputaci¨®n de Valencia el libro de visitas del a?o 2005 para comprobar si hubo una reuni¨®n entre el exvicepresidente de la Corporaci¨®n provincial y expresidente de Emarsa, Enrique Crespo; el exgerente de la entidad, Esteban Cuesta; el exgerente de la Entidad P¨²blica de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), Jos¨¦ Juan Morenilla; y el exjefe de Explotaciones, Ignacio Bern¨¢cer.
El magistrado ha acordado esta medida despu¨¦s de que Esteban Cuesta, en su declaraci¨®n del pasado 24 de mayo para aclarar una autodenuncia que hab¨ªa presentado, indicara que hubo una reuni¨®n en 2005, en el "despacho de la Diputaci¨®n" de Crespo, a la que supuestamente asistieron ellos, Morenilla y Bern¨¢cer, y en ella se le dijo que iba a haber un "sobrecoste" de lodos, y que ese dinero ten¨ªa que ser repartido para los cuatro que estaban presentes.
Tras esta afirmaci¨®n, el letrado de Jos¨¦ Juan Morenilla present¨® un escrito en el juzgado para que se acordara pedir a la Diputaci¨®n el libro de visitas, solicitud a la que se adhiri¨® el abogado de Enrique Crespo.
El magistrado ha acordado aceptar esta petici¨®n para determinar si existe o no constancia documental de reuniones que hubieran podido tener lugar en 2005 en el despacho de la Diputaci¨®n de Enrique Crespo, entre las personas a las que aludi¨® Cuesta en su declaraci¨®n.
Por otro lado, tambi¨¦n como consecuencia de la declaraci¨®n de Cuesta, el abogado de Morenilla hizo otras dos reclamaciones: que se tomara declaraci¨®n a todos los miembros de los consejos de administraci¨®n de Emarsa en el periodo objeto de investigaci¨®n; y que se oficiara a la Epsar, la sociedad auton¨®mica de depuraci¨®n, para que identificara al personal de recepci¨®n de la entidad y, una vez identificado, se le tomara declaraci¨®n.
El primer aspecto lo rechaza, mientras que admite el segundo. Respecto al primero, se?ala que "no ha lugar" por cuanto que estas diligencias son "manifiestamente innecesarias" a los fines de la instrucci¨®n en curso, "y solo pueden redundar en una indebida dilaci¨®n en la finalizaci¨®n de esta fase de instrucci¨®n".
En este sentido, recuerda que en su declaraci¨®n, Cuesta dej¨® constancia de que la intervenci¨®n de los consejeros de Emarsa se limit¨® a decirle que siguiera contratando como se hab¨ªa hecho, "y sin que exista la menor constancia de que los consejeros tuvieran conocimiento alguno de que los expedientes de contrataci¨®n de distintos proveedores fueran un mero artificio para dar la apariencia de que se cumpl¨ªa con la normativa legal".
En otra providencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana-, los abogados del jubilado de Aldaia, Vicente Gil, y sus dos hijos, Vicente Jos¨¦ y Mar¨ªa Yolanda Gil Blay, se oponen a que el juez se inhiba a favor de la Audiencia Nacional en la investigaci¨®n sobre sus representados, recogida en la pieza n¨²mero siete.
Estas tres personas est¨¢n acusadas de un presunto delito de blanqueo de capitales ya que, al parecer, recib¨ªan dinero del fugado y en la principal causa Jorge Ignacio Roca Samper.
Vicente Gil y sus hijos, propietarios de dos f¨¢bricas ubicadas en Aldaia -Abanicos Gil y Blay y Creaciones Coscollar-, ya estaban imputados en la causa principal, pero luego se abri¨® una pieza separada para investigar los hechos en los que podr¨ªan estar relacionados.
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