Alaya imputa a la exministra Magdalena ?lvarez por los ERE

La juez Mercedes Alaya ha pisado definitivamente el acelerador en la l¨ªnea m¨¢s compleja y delicada de la investigaci¨®n del caso de los ERE fraudulentos ¡ªla rama pol¨ªtica¡ª, en la que ve indicios delictivos por el procedimiento administrativo que puso en marcha la Junta de Andaluc¨ªa para dar hasta 721 millones de euros en ayudas sin apenas controles durante una d¨¦cada. En un auto comunicado ayer, Alaya ha imputado a Magdalena ?lvarez, exministra socialista de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, como m¨¢xima responsable econ¨®mica de la comunidad (fue titular de Hacienda entre 1994 y 2004), a otros 17 altos cargos o ex altos cargos de tres consejer¨ªas y a dos altos funcionarios de la Administraci¨®n andaluza, entre ellos el ex interventor general Manuel G¨®mez.

La juez ha puesto la proa hacia el coraz¨®n de la gesti¨®n pol¨ªtica del caso, despu¨¦s de dos a?os y medio centrada en las comisiones abusivas que se repartieron algunos implicados en la trama de los ERE, los intrusos (personas que cobraron prejubilaciones por empresas en las que nunca trabajaron) o en las ayudas discrecionales a empresas. Desde el principio, Alaya entiende que el sistema se dise?¨® para repartir el dinero de forma opaca y arbitraria aunque sus pasos en esta l¨ªnea de investigaci¨®n han sido siempre m¨¢s medidos, ya que su teor¨ªa salpica a varios aforados. No obstante, a lo largo de la instrucci¨®n ha se?alado, directa o indirectamente, a varios responsables pol¨ªticos de la Administraci¨®n gobernada por el PSOE desde hace 30 a?os. Entre ellos, al actual presidente de la Junta de Andaluc¨ªa, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, que sucedi¨® a Magdalena ?lvarez al frente de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa y Hacienda. Gri?¨¢n ocup¨® este departamento entre 2004 y 2009, a?o este en el que sucedi¨® a Manuel Chaves al frente del Gobierno aut¨®nomo.

La juez es consciente de la relevancia de su decisi¨®n y de hecho en el auto destaca que ¡°ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucci¨®n y determinar la participaci¨®n en los hechos investigados de otras personas¡± que de una u otra manera pudieron propiciar el fraude, que en la actualidad asciende a 140 millones de euros. Alaya considera que el sistema con el que la Consejer¨ªa de Empleo dio las ayudas tuvo como consecuencia un ¡°dispendio continuado de fondos p¨²blicos¡± y su objetivo ahora es estrechar el cerco sobre los responsables pol¨ªticos que permitieron ¡°el uso indebido¡± de fondos p¨²blicos.

La magistrada da este paso tras los interrogatorios que realiz¨® la Guardia Civil el pasado verano a 14 altos funcionarios de la Administraci¨®n andaluza que, como testigos, explicaron las razones por las que el procedimiento se mantuvo operativo casi una d¨¦cada sin que el Gobierno lo corrigiera pese a las alertas que lanz¨® la Intervenci¨®n. Los agentes entienden que los 20 nuevos imputados (hab¨ªa ya 73) pueden haber cometido los delitos de malversaci¨®n, prevaricaci¨®n y contra la Hacienda p¨²blica.

¡°Ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucci¨®n¡±

El procedimiento de ayudas se puso en marcha en 2001 mediante un convenio que firmaron el entonces consejero de Empleo, Jos¨¦ Antonio Viera, y el presidente del Instituto de Fomento de Andaluc¨ªa (IFA), Antonio Fern¨¢ndez, imputado en la causa y sucesor de Viera en Empleo. El IFA, hoy denominado agencia Idea, era el ente de la Administraci¨®n auton¨®mica que finalmente pagaba los ERE. El procedimiento utilizado para dar las ayudas se llama transferencia de financiaci¨®n, un mecanismo que aceleraba los pagos, pero que sorteaba la fiscalizaci¨®n de la Intervenci¨®n de la Junta. Seg¨²n la juez, el dinero ten¨ªa que haberse tramitado como una subvenci¨®n excepcional, una figura administrativa que exige un control muy superior del dinero p¨²blico. El procedimiento afectaba a tres consejer¨ªas: Empleo, que daba las ¨®rdenes de pago; Innovaci¨®n, que las ejecutaba, y Hacienda, que autorizaba las modificaciones presupuestarias ante los desfases que anualmente se produc¨ªan en la partida. Adem¨¢s, estos tres departamentos recibieron los sucesivos informes de la Intervenci¨®n en los que se alertaba de que el m¨¦todo con el que se daban las ayudas prescind¨ªa ¡°de forma total y absoluta del procedimiento administrativo previsto en la ley¡±.

En el caso de la exministra ?lvarez, la juez se?ala que era la responsable de ¡°velar por la ejecuci¨®n del Presupuesto y por los derechos econ¨®micos de la Hacienda¡± andaluza, cargo que deb¨ªa ejercer con ¡°respeto absoluto a los principios de legalidad y eficacia¡±. Alaya destaca que ?lvarez "fue la persona que dict¨® las normas en las que se recog¨ªa el concepto presupuestario de las transferencias de financiaci¨®n" mediante una orden dictada en 2003.

La juez sostiene que el procedimiento con el que se daban las ayudas

Entre los altos cargos imputados se encuentra Antonio Lozano, n¨²mero dos de la Consejer¨ªa de la Presidencia y que era el director general de Presupuestos cuando se puso en marcha el fondo de los ERE. Lozano es uno de los m¨¢s estrechos colaboradores que ha tenido Gri?¨¢n estos a?os, tanto en Hacienda como cuando fue elegido presidente.

Con el auto de ayer, Alaya da un paso decisivo para actuar contra lo que fue la c¨²pula del Gobierno andaluz durante una d¨¦cada. De hecho, ha imputado a los m¨¢ximos responsables de Empleo, Innovaci¨®n y Hacienda en este tiempo, excepto a los que est¨¢n aforados. As¨ª, Magdalena ?lvarez est¨¢ imputada como consejera de Hacienda, pero no Gri?¨¢n.

La decisi¨®n de Alaya se conoci¨® pocas horas antes de que el PSOE andaluz celebrara el comit¨¦ director en el que se pusieron en marcha oficialmente las primarias para elegir al sucesor de Gri?¨¢n como candidato auton¨®mico. La instrucci¨®n del caso siempre ha estado rodeada de pol¨¦mica, ya que Alaya ha hecho coincidir algunas de sus decisiones m¨¢s relevantes con momentos pol¨ªticos clave, como cuando encarcel¨® al exdirector general de Trabajo Javier Guerrero el d¨ªa que empez¨® la campa?a de las elecciones auton¨®micas de marzo del a?o pasado.

El PSOE andaluz acus¨® ayer a Alaya de hacer ¡°una causa general¡± contra la Junta de Andaluc¨ªa e inst¨® a la fiscal¨ªa a que act¨²e.