Una juez en la lucha pol¨ªtica

El empe?o de la juez Alaya para descubrir el uso fraudulento del dinero p¨²blico destinado a Expedientes de Regulaci¨®n de Empleo es encomiable, pues si todo robo es vergonzoso, cuando el que se distrae es de todos resulta a¨²n m¨¢s repugnante. Y el de los ERE lo es, no tanto por la cantidad que supone (dos o tres veces m¨¢s que la fortuna conocida de B¨¢rcenas y m¨¢s o menos el de la trama G¨¹rtel del PP), como por la condici¨®n de los implicados y porque los fondos malversados estaban destinados a quienes han sufrido la gran desgracia del desempleo.

Sin embargo, alguien deber¨ªa actuar ya cuando son tan abundantes las ocasiones en que esta juez se involucra en la vida pol¨ªtica en beneficio flagrante de un partido concreto, provocando un da?o considerable a personas concretas, a la sociedad en su conjunto y a la Administraci¨®n de justicia a la que debe servir. Y digo esto asumiendo que, como todo el mundo sabe, los da?os a los dem¨¢s se pueden cometer conscientemente o sin intenci¨®n, accidentalmente.

No entrar¨¦ en los pormenores jur¨ªdicos de su ¨²ltimo auto, aunque me parece que no hace falta ser un experto en Derecho sino solo tener un poco de sentido com¨²n para encontrar a lo largo de su redacci¨®n, muy confusa y descuidada por cierto, algunas deficiencias sorprendentes. La m¨¢s comentada estos ¨²ltimos d¨ªas es que no mencione las razones por las que imputa, es decir, el delito que estima que pueden haber cometido las personas a quien reclama. Pero no solo esa. Hay otras como la de afirmar que la exconsejera de Econom¨ªa y Hacienda, Magdalena ?lvarez, ¡°dict¨® las normas en las que se recog¨ªa el concepto de transferencias de financiaci¨®n a trav¨¦s de la Orden de 4 de junio de 2003¡±. Digo que es una afirmaci¨®n sorprendente porque es muy f¨¢cil comprobar que es falsa: en dicha orden ni siquiera se menciona ese concepto. La primera menci¨®n a estas operaciones se encuentra en la ley del Presupuesto de la comunidad aut¨®noma para 2001. Un cambio h¨¢bil de la juez, pero tramposo, para poder imputar a la exconsejera sin el rid¨ªculo de hacerlo por el contenido de una ley aprobada en el Parlamento.

En todo caso, si bien es encomiable su empe?o por descubrir cualquier trama delictiva, no parece l¨®gico lo que hace la juez en el auto al tratar de culpabilizar sin prueba a quien promueve una norma de cuya puesta en acci¨®n se han derivado hechos delictivos. Es, valga la comparaci¨®n, como responsabilizar a quien vende un arma de fuego, a base de imputarle una intencionalidad indemostrada, por el disparo que realice alguno de sus compradores.

Un auto tan imperfecto produce da?o a las personas imputadas. M¨¢xime, cuando en nuestro pa¨ªs se confunde la imputaci¨®n, que en realidad es una garant¨ªa procesal, con la culpabilidad. Pero incluso ese da?o es peque?o si se compara con el que produce la juez a la sociedad y a la Justicia.

Me parece que es as¨ª cuando es un hecho objetivo y f¨¢cilmente comprobable la perfecta sincron¨ªa que se da entre sus autos y episodios relevantes de la vida pol¨ªtica, en los que influye alterando su desarrollo normal en favor de una de las partes.

En los cursos de econom¨ªa o hacienda se estudia la existencia de externalidades, es decir, de efectos externos, positivos o negativos, que la actuaci¨®n de un sujeto puede tener sobre terceros, sea con intenci¨®n deliberada de producirlos o sin ella.

Cuando el efecto es negativo, por ejemplo, si una empresa contamina con vertidos las huertas de otros propietarios, origina un coste que o paga ella o han de pagar injustamente los dem¨¢s. En derecho se dice, en esos casos, que se genera un da?o que conlleva responsabilidad, civil si se demuestra que se produjo sin intenci¨®n o penal si puede probarse que la tuvo. En cualquier caso, y tambi¨¦n cuando el da?o lo provoca una juez, hay que hacer que lo pague su responsable y evitar que vuelva a producirse. Pero esto no se hace, y a nadie puede extra?ar que la judicatura sea la profesi¨®n peor valorada por los espa?oles.

@juantorreslopez