Pol¨ªticos perseguidos

La Causa General ha vuelto. Lo dice el dirigente del PP Carlos Floriano. Lo repite el vicesecretario general del PSOE andaluz, Mario Jim¨¦nez. Lo piensa el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Todos ellos se sienten v¨ªctimas indefensas de una gran campa?a de la justicia. Por eso, sin el m¨¢s m¨ªnimo rubor utilizan la expresi¨®n Causa General, ep¨ªgrafe bajo el cual el franquismo persigui¨® con sa?a a reales o imaginarios autores de hechos delictivos cometidos en ¡°todo el territorio nacional durante la dominaci¨®n roja¡±. Nuestros pol¨ªticos no dudan en parangonarse con los republicanos, a los que el franquismo acus¨®, persigui¨® y ejecut¨® con las pruebas y garant¨ªas propias de una dictadura.

?Qu¨¦ lleva a los pol¨ªticos a establecer semejantes paralelismos? Los a?os cuarenta est¨¢n muy lejos. El ministro de Justicia es Ruiz-Gallard¨®n y no Eduardo Aun¨®s. Ese era el titular de la cartera en los a?os cuarenta, un insigne catal¨¢n que ten¨ªa claros los v¨ªnculos entre la autoridad pol¨ªtica y la fiscal¨ªa y que sigui¨®, por cierto, variada trayectoria: pas¨® por las juventudes mauristas y luego la Lliga de Camb¨® para acabar recalando en Falange Espa?ola y en el Consejo de Ministros del dictador, desde donde escribi¨® su pr¨®logo a la Causa General. La situaci¨®n es, a la vista est¨¢, bien distinta. Pero algunos de nuestros pol¨ªticos se sienten como unos republicanos cualesquiera bajo el franquismo: v¨ªctimas indefensas de una gran y poderosa campa?a.

Carlos Floriano, preso de santa ira, denunci¨® hace unos d¨ªas la indefensi¨®n del PP ante el caso G¨¹rtel-B¨¢rcenas, porque parte de la ¡°premisa insidiosa¡± de que las adjudicaciones de obras y contratos desde las instancias del poder del PP se produjeron ¡°como consecuencia de las donaciones recibidas¡±. Pero as¨ª figura en los asientos contables manuscritos por B¨¢rcenas, quien como una hormiguita, euro a euro, lleg¨® a almacenar 48 millones de euros en Suiza. A la Causa General contra el PP, tan en¨¦rgicamente denunciada por Floriano, se uni¨® en cuesti¨®n de semanas la ¡°persecuci¨®n¡± contra el PSOE andaluz. Mario Jim¨¦nez, vicesecretario general de la formaci¨®n, as¨ª lo explic¨® al afirmar que la juez del caso ERE intenta trasladar a la opini¨®n p¨²blica a trav¨¦s de sus autos una ¡°causa general contra los Gobiernos de Chaves y Gri?¨¢n¡±. ¡°Empieza a ser intolerable la coincidencia entre la agenda del PSOE-A y los pasos que est¨¢ siguiendo la instrucci¨®n¡±, sentenci¨®. Es extra?amente sospechoso que se dicten autos cuando los socialistas andaluces est¨¢n en pleno proceso de primarias. El fraude del caso ERE (fondos por m¨¢s de 700 millones euros) pod¨ªa esperar momentos m¨¢s pol¨ªticamente propicios, a pesar de las cinco advertencias de la intervenci¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa, desde 2003, porque el mecanismo subvencionador empleado era totalmente irregular e incumpl¨ªa las leyes.

Artur Mas tambi¨¦n se ha sentido tan perseguido como sus compa?eros espa?oles de profesi¨®n. Aqu¨ª no hay hecho diferencial que valga. El fiscal del caso Palau sugiri¨® la existencia de un ¡°pacto criminal¡± entre CDC y Ferrovial por el que la formaci¨®n nacionalista percibi¨® supuestamente 6,6 millones de euros en comisiones por adjudicaciones de obras de la l¨ªnea 9 del metro y la Ciudad de la Justicia. Mas critic¨® al fiscal por acusar ¡°sin pruebas¡± y por apoyarse en ¡°puras suposiciones¡±, ya que la ¡°palabra de la fiscal¨ªa no es la palabra de Dios¡±. A pesar de los informes de la Agencia Tributaria, estamos ante otra conspiraci¨®n contra hombres que sirven a la sociedad y son maltratados por el Estado de derecho.

Por eso cobran actualidad palabras como las pronunciadas esta semana por el abogado defensor de Maria Ant¨°nia Munar, la exl¨ªder de Uni¨® Mallorquina, arrollada por la brutalidad de la justicia por una tonter¨ªa urban¨ªstica: ¡°Esto es un proceso inquisitorial premoderno¡±. El prestigioso penalista Jos¨¦ Antonio Chocl¨¢n sabe bien de lo que habla, porque es tambi¨¦n el abogado de Francisco Correa, principal implicado en la trama G¨¹rtel, y de ¨¦l parti¨® la iniciativa posmoderna de impugnar las escuchas telef¨®nicas que desembocaron en la inhabilitaci¨®n del inquisitorial juez Baltasar Garz¨®n. Triste destino el de algunos pol¨ªticos. Tantos desvelos por la comunidad para acabarse viendo obligados a elegir entre Nicolau Aymerich o Eduardo Aun¨®s.