Anticorrupci¨®n apoya a Alaya en la imputaci¨®n de 20 altos cargos

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n respalda a la juez Mercedes Alaya en su decisi¨®n de imputar a 20 altos y exaltos cargos de la Junta por el uso del fondo de los ERE, entre ellos la exministra Magdalena ?lvarez, un auto que el Ejecutivo aut¨®nomo ha recurrido. Eso s¨ª, con matices. El ministerio p¨²blico impugna el recurso de la Junta y destaca la ¡°finalidad fraudulenta¡± del fondo, pero aclara que la tesis delictiva de Alaya solo afecta a ¡°todos aquellos que conociendo tal uso perverso lo hicieron posible o sencillamente no lo evitaron¡±. De este modo acota que la instrucci¨®n debe demostrar el conocimiento del mal uso del fondo por parte de los imputados.

Alaya estima que todo alto cargo de la Junta que tuvo relaci¨®n directa o conocimiento de la partida y colabor¨® de alguna forma a su continuidad durante una d¨¦cada (721 millones de gasto entre 2001 y 2010), tiene responsabilidad penal por permitir un ¡°dispendio¡± continuado de fondos p¨²blicos. La Junta replic¨® que al considerar que el fondo es ilegal, Alaya cuestiona las leyes presupuestarias aprobadas por el Parlamento andaluz y esto supone ¡°subvertir el Estado democr¨¢tico¡± en un camino ¡°harto peligroso¡±.

Ahora el ministerio p¨²blico se posiciona junto a Alaya sobre el uso de las transferencias de financiaci¨®n para los ERE, pero matiza que solo condena ¡°su uso perverso¡± para ¡°enriquecer a terceros y dilapidar fondos p¨²blicos¡±. Y ah¨ª inculpa a los cargos que conocieron tal ¡°uso perverso¡± o ¡°no lo evitaron¡±. Anticorrupci¨®n aclara: ¡°La f¨®rmula montada tiene apariencia formal de legalidad, pero una ¨²ltima finalidad fraudulenta, indiciariamente delictiva¡±.

A pesar de que no se?ala la l¨ªnea de los cargos y funcionarios que debieron conocer ese uso irregular que permiti¨® el fraude, Anticorrupci¨®n s¨ª aclara que hay motivos para que estos comparezcan y maticen su papel desempe?ado en el fondo desde las consejer¨ªas de Hacienda, Innovaci¨®n y Empleo. El fiscal explica en sus alegaciones que la finalidad fraudulenta del fondo est¨¢ asentada en unos ¡°hechos objetivos¡±: el uso indebido de las transferencias de financiaci¨®n, las modificaciones presupuestarias, y la decisi¨®n de usar ayudas sociolaborales en vez de subvenciones excepcionales (con mayor control de la Intervenci¨®n General) para pagar los ERE.

Cuando la Junta censur¨® a Alaya por ¡°criminalizar¡± las herramientas utilizadas para abonar los ERE, incluidas las leyes de Presupuestos, la respuesta de Anticorrupci¨®n es ambigua: ¡°S¨ª y no¡±. ¡°La hip¨®tesis delictiva manejada por la instructora parte de la utilizaci¨®n de tales figuras, s¨ª, pero de su uso perverso, de un uso final¨ªsticamente dirigido a burlar todos los controles de la Intervenci¨®n de la Junta¡±, se?ala la fiscal¨ªa.

El escrito censura la f¨®rmula ideada por el exconsejero Antonio Fern¨¢ndez y su antecesor y diputado a Cortes Jos¨¦ Antonio Viera, que ¡°h¨¢bilmente¡± se dise?¨® para ¡°evitar cualquier fiscalizaci¨®n que estorbara¡±, as¨ª como las modificaciones presupuestarias autorizadas por el presidente de la Junta, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, durante su periodo como consejero de Hacienda, aunque sin nombrar a ninguno de los tres. Anticorrupci¨®n se?ala como ilustrativos los informes sobre el fondo de la Intervenci¨®n General, la Guardia Civil y la C¨¢mara de Cuentas, estos dos ¨²ltimos tan contundentes como Alaya en la condena del dise?o y uso del fondo.

Los investigadores censuraron sobre el prop¨®sito del convenio de 2001 que dio v¨ªa libre a la partida: ¡°Para pr¨¢cticamente eliminar las posibilidades de fiscalizaci¨®n (...) facilitando as¨ª el descontrol absoluto de las ayudas¡±.

Respecto a la protesta de la Junta por la falta de motivaci¨®n de Alaya para justificar las imputaciones, la fiscal¨ªa opina que la juez no ten¨ªa obligaci¨®n de detallar sus acusaciones. Para ello se remite a la doctrina del Tribunal Supremo que proclama que la comunicaci¨®n de Alaya ¡°no constituye todav¨ªa un acto de imputaci¨®n judicial¡±.

Tras pronunciarse la fiscal¨ªa y el resto de partes, la semana que viene Alaya enviar¨¢ las posturas enfrentadas a la Audiencia de Sevilla, que a lo largo del verano decidir¨¢ si la imputaci¨®n masiva es procedente o no. ¡°La trascendencia de este asalto es muy grande. Hay mucho en juego, incluido el futuro de la causa¡±, ilustraron fuentes del caso.

Mientras, Anticorrupci¨®n se ha opuesto a que la declaraci¨®n del ex interventor general Manuel G¨®mez, prevista para el pr¨®ximo jueves, se posponga. Adem¨¢s, a la petici¨®n de G¨®mez para que la Junta le abone su defensa se han sumado otros altos cargos de la Administraci¨®n.