Ocho a?os de c¨¢rcel para el exdelegado de la Zona Franca por malversaci¨®n

El primer gran esc¨¢ndalo enjuiciado de la Zona Franca de C¨¢diz ya tiene sentencia. El exdelegado, Manuel Rodr¨ªguez de Castro, del PP, ha sido condenado a ocho a?os de prisi¨®n y 30 de inhabilitaci¨®n por fraude, prevaricaci¨®n y malversaci¨®n por la creaci¨®n del portal inform¨¢tico Rilco. Su sucesor en el cargo, Miguel Osuna, y el resto de acusados han sido absueltos. Con todo, la sentencia no es ben¨¦vola con Osuna, al que acusa de mantener una actuaci¨®n "gravemente negligente" e "imprudente", aunque no aprecia conducta delictiva.

La sentencia de la secci¨®n tercera de la Audiencia Provincial, firmada por el presidente de sala, Manuel Grosso, considera probado que Manuel Rodr¨ªguez de Castro, delegado en la Zona Franca entre 1996 y 2001, puso en marcha el proyecto Rilco de comercio exterior con Am¨¦rica. Lo adjudic¨® a un matrimonio de Miami, Germ¨¢n y Camila Leiva, con una oferta que no se ajustaba "a los requisitos exigidos en el pliego de condiciones". Cl¨¢usulas que modific¨® para poder adjudicar a este matrimonio el contrato "en contra del asesoramiento legal recibido". El exdelegado dimiti¨® en 2001 rodeado de esc¨¢ndalos pero "coloc¨®" en Rilco a una persona de confianza, Rafael Ortiz, para acceder a toda la informaci¨®n y poder influir en la toma de decisiones. Su sucesor, Miguel Osuna, conoci¨® las "irregularidades". Tom¨® algunas medidas que perjudicaron a la Zona Franca pero el tribunal considera que lo hizo "sin intenci¨®n".

La sentencia es especialmente dura en el relato de hechos probados contra la estrategia de defensa de Manuel Rodr¨ªguez de Castro, quien se present¨® ante el tribunal como v¨ªctima de los abogados del Estado que, seg¨²n ¨¦l, autorizaron y apoyaron el desarrollo de Rilco. "Se present¨® como una marioneta de los abogados del estado limit¨¢ndose a hacer lo que estos le dec¨ªan", algo que, seg¨²n el tribunal, dista mucho de la realidad y es una muestra m¨¢s de su "personalidad manipuladora". La sentencia describe al exdelegado como una persona "de gran inteligencia y preparaci¨®n, que le llevan a idear un plan en el que va implicando a terceros, a veces como peones ignorantes de su verdadero papel".

Ese plan era poner en marcha a toda costa el portal Rilco, su gran idea de negocio, que a¨²n hoy Rodr¨ªguez de Castro defiende como el proyecto que hubiese cambiado la econom¨ªa de C¨¢diz, una plataforma digital que auspiciar¨ªa el comercio entre Europa y Am¨¦rica. El tribunal no censura su fin sino sus m¨¦todos. "Creer en lo que se hace no es reprochable, todo lo contrario. Ahora bien cuando se entra en una din¨¢mica de actuar al margen de las reglas para obtener unos r¨¦ditos, que de otro modo no se hubiesen obtenido, se cruzan l¨ªneas rojas del il¨ªcito penal". La sala considera demostrado que Rodr¨ªguez de Castro cometi¨® fraude de subvenciones, prevaricaci¨®n y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos. Le condena a ocho a?os de prisi¨®n, 30 de inhabilitaci¨®n y al pago de 235.513,94 euros a la sociedad Rilco, que est¨¢ en proceso de disoluci¨®n.

La sentencia, con todo, no atiende los requerimientos de las acusaciones que ejerc¨ªan la Abogac¨ªa del Estado, fiscal¨ªa y PSOE, que reclamaban 10 a?os de prisi¨®n para Rodr¨ªguez de Castro y el pago de m¨¢s de ocho millones de euros. Y adem¨¢s echa por tierra todas las acusaciones contra el resto de personas que se sentaron en el banquillo: Osuna, los Leiva y Rafael Ortiz. Todos han sido absueltos. Seg¨²n el tribunal, no se ha podido demostrar que participaran de las irregularidades incluidas en el plan de Rodr¨ªguez de Castro.

De Osuna llega a decir que s¨ª supo de algunas conductas incorrectas y que trat¨® de subsanarlas, aunque no lo consigui¨® siempre. "Fue gravemente negligente", dice la sentencia. Pero cree que no hubo mala intenci¨®n, sino imprudencia. Y al no haber dolo, no hay delito. Pero esta apreciaci¨®n s¨ª apoya la condena que ambos exdelegados tienen en el Tribunal de Cuentas, por la que deben pagar m¨¢s de 4,3 millones de euros a la Zona Franca. Esa sentencia ha sido recurrida. La absoluci¨®n de Osuna, que tiene todav¨ªa pendiente el juicio por el caso Quality Food, es un alivio para el PP, que le ha pagado la defensa y ha mantenido sus apoyos al exdelegado.