N¨®os, el caso que le faltaba al TSJ

El Tribunal Superior de Justicia valenciano, un caso ¨²nico en Espa?a entre los de su clase porque funciona desde hace cuatro a?os como un juzgado de instrucci¨®n de causas complejas sin contar con la estructura ni medios para ello, se enfrenta estos d¨ªas a una petici¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n que puede suponer la losa que faltaba para colapsarlo.

El ministerio p¨²blico solicit¨® a principios de septiembre al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que asumiera todo el caso N¨®os, incluidos los hechos ocurridos en Mallorca, y no solo la parte que afecta a aforados valencianos: la alcaldesa Rita Barber¨¢ y el expresidente de la Generalitat Francisco Camps.

Los dos diputados auton¨®micos, seg¨²n Anticorrupci¨®n, ¡°se concertaron para eludir dolorosamente la aplicaci¨®n de la ley de contratos p¨²blicos y beneficiar de forma fraudulenta al Instituto N¨®os¡± de I?aki Urdangarin, que recibi¨® 3,5 millones de euros de las Administraciones valencianas. El juez de Palma Jos¨¦ Castro ha apreciado contra ambos indicios de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos, fraude, prevaricaci¨®n y falsedad documental.

Anticorrupci¨®n mantiene ahora un criterio distinto del que tuvo en G¨¹rtel

Los cinco jueces del Tribunal Superior valenciano instruyen en estos momentos cuatro causas de corrupci¨®n aut¨®ctonas subdivididas en numerosas piezas separadas, en las que est¨¢n imputados nueve diputados auton¨®micos. Son los casos G¨¹rtel, Brugal, Cooperaci¨®n y Alperi ¡ªpor el nombre del exalcalde de Alicante Luis D¨ªaz Alperi¡ª. Sumando a los no aforados, en las cuatro causas hay ya m¨¢s de un centenar de imputados.

Los magistrados disponen de escasos medios materiales ¡ªuna sola fotocopiadora-esc¨¢ner por ejemplo¡ª y de un peque?o n¨²mero de funcionarios, lo que provoca la eternizaci¨®n de los plazos de cada tr¨¢mite. Una lentitud que contrasta con la velocidad a la que avanzan los sumarios en casos de complejidad parecida no solo en ¨®rganos especializados, como la Audiencia Nacional, sino en juzgados de instrucci¨®n de la misma Audiencia de Valencia, como el n¨²mero 15 que investiga el saqueo de la empresa p¨²blica Emarsa.

En esas condiciones la Sala Civil y Penal del TSJ debe decidir si acepta hacerse cargo, como quiere Anticorrupci¨®n y ha respaldado la defensa de Urdangarin, de todo el caso N¨®os, incluidos el supuesto vaciado de fondos p¨²blicos que el instituto llev¨® a cabo en Baleares. Ello supondr¨ªa que el juez Castro, que ha investigado los hechos durante tres a?os y ha intentado imputar a la infanta Cristina, quedase fuera de la instrucci¨®n, a falta de lo que pudiera decir el Tribunal Supremo ante el eventual planteamiento de un conflicto de competencia.

El ministerio p¨²blico quiere llevar a Valencia lo sucedido en Baleares

Puede tambi¨¦n no apreciar indicios de delito en los aforados. Ello equivaldr¨ªa a quitarse el caso de encima, terminando con el recorrido de la vertiente valenciana del caso a expensas de nuevo de lo que pudiera decir el Supremo.

Fuentes judiciales admiten en privado que una situaci¨®n de gran sobrecarga de trabajo puede influir en la actitud con la que los magistrados se enfrentan a una decisi¨®n de este tipo. ¡°No es lo mismo que te env¨ªen una causa con 15 presos y muchos tomos que otra causa sin autor conocido, que puede archivarse f¨¢cilmente. Es humano que en el primer caso se observe con mucha m¨¢s atenci¨®n las posibilidades que puedan existir para no asumirla¡±, afirman.

El tribunal puede igualmente aceptar solo la competencia sobre los hechos que afectan a Barber¨¢ y Camps y sucedieron en Valencia. Ello implicar¨ªa asumir el criterio del juez Castro y alejarse del de la fiscal¨ªa.

Los magistrados disponen para ello de un precedente reciente. Hace un a?o el Tribunal Supremo decidi¨® que la investigaci¨®n sobre varias piezas separadas del caso G¨¹rtel ¡ªentre ellas las de la visita del Papa¡ª fuera realizada por el TSJ de la Comunidad Valenciana porque los delitos se hab¨ªan cometido presuntamente en Valencia, a pesar de que en ellos no hab¨ªan participado aforados. El Supremo combin¨® entonces los criterios de aforamiento y territorialidad. Pero no decidi¨® que por el hecho de haber aforados valencianos todo el caso G¨¹rtel ¡ªque ha acabado dando lugar tambi¨¦n al caso B¨¢rcenas¡ª tuviese que trasladarse al TSJ valenciano. Ni Anticorrupci¨®n pidi¨® entonces nada parecido.