El vac¨ªo en torno a los aforados
La escasa regulaci¨®n aumenta el abanico de posibilidades
El reciente quebradero de cabeza que para el PP y la Generalitat Valenciana ha supuesto el abundante fraccionamiento de contratos p¨²blicos para, presuntamente, d¨¢rselos a dedo a la empresa de ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, pas¨® cerca de dos a?os en el limbo. La Intervenci¨®n General del Estado elabor¨® a petici¨®n de los jueces de Madrid un demoledor informe en el a?o 2010. Pero en Valencia no ocurri¨® nada. Solo despu¨¦s de un largo conflicto entre instancias judiciales que no se consideraban competentes, el Supremo determin¨® en el verano de 2012 que deb¨ªa investigarse en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. En pocos meses esa pieza separada de G¨¹rtel ha sumado decenas de imputados. Entre ellos, el alcalde de Castell¨®n, Alfonso Bataller, y la exconsejera Alicia de Miguel, que dimiti¨® como diputada tras ser implicada por el juez.
Lo anterior da una idea de las dificultades con las que la justicia aborda este tipo de cuestiones. ¡°Hay una regulaci¨®n insuficiente en la legislaci¨®n procesal penal en el tratamiento de los aforados. No hay una regulaci¨®n detallada de los aforados ni de los delitos conexos. Y ese vac¨ªo legal se llena con interpretaciones que pueden resultar contradictorias¡±, indica Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia.
El propio escrito de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n solicitando que el TSJ asuma todo el caso Urdangarin ¡°m¨¢s que basarse en normas concretas se basa en jurisprudencia del Tribunal Supremo, que no siempre ha sido uniforme¡±, agrega Bosch.
El catedr¨¢tico de Derecho penal Enrique Orts considera, por su parte que, m¨¢s que de andamiaje jur¨ªdico, el sistema adolece al respecto de unas pr¨¢cticas m¨¢s s¨®lidas de utilizaci¨®n de los precedentes. Ello conduce, agrega, a que hechos de naturaleza aparentemente iguales sean resueltos de forma distinta por los tribunales.
La decisi¨®n que adopte el TSJ valenciano en los pr¨®ximos d¨ªas o semanas no ser¨¢, en todo caso, f¨¢cil de cambiar. Especialmente en la hip¨®tesis de que los magistrados decidieran no imputar a la alcaldesa de Valencia, Rita Barber¨¢, y al expresidente de la Generalitat Francisco Camps. Al margen de que el juez Jos¨¦ Castro pudiera elevar un conflicto de competencia al Supremo, algo en lo que las fuentes consultadas discrepan, las partes solo podr¨ªan recurrir en s¨²plica ante la propia Sala Penal y Civil del TSJ, se?ala el magistrado Jos¨¦ Manuel Ortega. Un tipo de recurso con pocas posibilidades de ¨¦xito.
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