Un testigo implica en el fraude de contratos a la delegada del Gobierno
El exapoderado de Orange Market la se?ala en relaci¨®n con el encargo de una gu¨ªa
Ignacio Blanch, exdirectivo de una de las empresas de la trama G¨¹rtel, implic¨® este martes en el ama?o de contratos a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula S¨¢nchez de Le¨®n, responsable de las fuerzas de seguridad en el territorio.
Blanch fue apoderado de Orange Market, extensi¨®n valenciana de la red, hasta mediados de 2005. Y se encarg¨® de realizar la Gu¨ªa de la Comunicaci¨®n que la Generalitat distribuy¨® aquel a?o entre los medios. Este fue, seg¨²n la Intervenci¨®n General del Estado, uno de los muchos contratos que el Gobierno auton¨®mico troce¨® para poder adjudic¨¢rselo a dedo a la red.
Seg¨²n Blanch, toda la negociaci¨®n sobre la gu¨ªa, fue llevada por Dora Ibars, destituida como directora general de Promoci¨®n Institucional tras ser imputada en el caso, y S¨¢nchez de Le¨®n, que ocupaba entonces la secretar¨ªa auton¨®mica de Relaciones Institucionales y Comunicaci¨®n. Ambas trabajaban a las ¨®rdenes de Esteban Gonz¨¢lez Pons, en aquel momento consejero de Presidencia en el Gobierno de Francisco Camps.
El exresponsable de la trama fue m¨¢s lejos y consider¨® ¡°exorbitante¡± el precio abonado finalmente por la Generalitat por la gu¨ªa: 88.000 euros. Blanch afirm¨® que dej¨® la empresa de G¨¹rtel antes de que el Consell abonara las facturas, pero que el precio que inicialmente iba a cobrar Orange Market rondaba los 24.000 euros.
Esa cantidad encaja con la que reflej¨® la Intervenci¨®n General del Estado en su informe de 2010 sobre el fraccionamiento de contratos para beneficiar a la red corrupta. En dicho informe, elaborado con la documentaci¨®n que le facilit¨® el Gobierno de Camps, solo se recog¨ªan sin embargo dos pagos a dos empresas de la trama por un importe total de 22.520 euros. La investigaci¨®n del juez Ceres ha revelado, en cambio, que la Generalitat pag¨® en realidad cuatro veces m¨¢s. Y que, voluntariamente o no, ocult¨® a los miembros de la Intervenci¨®n General del Estado la existencia de otras seis facturas abonadas a empresas de la trama que dirig¨ªa Francisco Correa.
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