Magdalena ?lvarez defiende la legalidad del sistema de concesi¨®n de ayudas
La magistrada imputa a la exconsejera de Hacienda por prevaricaci¨®n y malversaci¨®n
El duelo entre la juez Mercedes Alaya y la exministra de Fomento y exconsejera de Hacienda de la Junta andaluza entre 1994 y 2004, Magdalena ?lvarez, se convirti¨® ayer en una clase magistral de Derecho Administrativo. La juez imput¨® a ?lvarez por malversaci¨®n y prevaricaci¨®n, y la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) se defendi¨® de las acusaciones con argumentos t¨¦cnico-financieros sobre la legalidad del mecanismo para financiar los ERE. La exconsejera neg¨® que conociera los ¡°reparos¡± de la Intervenci¨®n General de la Junta andaluza sobre el procedimiento usado para conceder ayudas, que permiti¨® que estas se otorgaran sin control.
?lvarez despleg¨® su argumentario durante tres horas y ni la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ni la Junta de Andaluc¨ªa pidieron medidas reales contra ella. Enfrente, la acusaci¨®n ejercida por el PP dej¨® que la juez determine la fianza real y la organizaci¨®n Manos Limpias pidi¨® 125 millones m¨¢s el tercio legal por responsabilidad civil.
Alaya situ¨® a ?lvarez como ¡°una de las promotoras, en connivencia con otros¡± del procedimiento instaurado por la Junta para pagar los ERE y que la juez cree ilegal. Durante el interrogatorio, la exconsejera rebati¨® ¡°la presupuestaci¨®n inadecuada¡± por parte de su departamento, y matiz¨® que ¡°pudo haber un uso inadecuado¡± del fondo para empresas en crisis, dotado por el Ejecutivo con 721 millones. La consejer¨ªa responsable del uso del fondo era Empleo, cuyo consejero Antonio Fern¨¢ndez est¨¢ imputado y su antecesor es el diputado a Cortes Jos¨¦ Antonio Viera, se?alado varias veces en la investigaci¨®n.
La juez achac¨® a ?lvarez haber vulnerado el procedimiento establecido a trav¨¦s de las transferencias de financiaci¨®n para eludir ¡°los f¨¦rreos requisitos legales de tramitaci¨®n y fiscalizaci¨®n¡± establecidos para las subvenciones. La juez estima que ?lvarez particip¨®, ¡°puesta de acuerdo con otros (...) y a sabiendas de su absoluta discrecionalidad y de forma totalmente opaca¡±, en la adopci¨®n del sistema de pago de los ERE. Le acus¨® de ¡°burlar¡± el procedimiento legal y de autorizar siete modificaciones presupuestarias por importe de 93 millones y otras cinco por 32 millones.
La exministra hizo una defensa cerrada del procedimiento y al mismo tiempo asegur¨® que ignoraba entonces que la Junta financiaba los ERE de empresas privadas. Eso s¨ª, ?lvarez admiti¨® que el sistema ¡°m¨¢s id¨®neo¡± para pagar los ERE habr¨ªa sido la encomienda de gesti¨®n en vez del utilizado, las pol¨¦micas transferencias de financiaci¨®n.
¡°Desconoc¨ªa que por parte de la Junta se financiaran pagos de p¨®lizas¡±, declar¨® en un momento del interrogatorio. ¡°En ning¨²n momento tuve informaci¨®n de los hechos que se est¨¢n investigando porque no tuve acceso desde el punto de vista temporal. Es evidente porque me march¨¦ en 2004 [de la Consejer¨ªa de Hacienda]¡±.
?lvarez matiz¨® que no elaboraba el estado de gastos sino el estado de ingresos de la Junta de Andaluc¨ªa, ya que el primero era responsabilidad de cada consejer¨ªa. ¡°Yo no aprobaba los presupuestos sino que los aprobaba el Parlamento¡±, a?adi¨®.
La exconsejera imputada tambi¨¦n discrep¨® sobre las declaraciones previas del ex director general de Presupuestos y exviceconsejero de Presidencia Antonio Vicente Lozano y del ex interventor general Manuel G¨®mez al afirmar que las transferencias ¡°pueden destinarse a financiar operaciones con un fin concreto y espec¨ªfico como son las subvenciones¡±.
Admiti¨® el hecho de que la Consejer¨ªa de Empleo ¡°no tramit¨® bien los expedientes de subvenciones¡±, lo que tuvo como consecuencia la ausencia de fiscalizaci¨®n.
Alaya cuestion¨® incluso el lenguaje de los procedimientos para respaldar que el sistema persegu¨ªa escapar al control parlamentario. Alvarez replic¨® que ¡°todos los parlamentarios est¨¢n absolutamente especializados en materia presupuestaria¡±.
Alaya le atribuye a la consejera haber ¡°dado instrucciones¡± o ¡°conocer, al menos¡± que se alteraba el presupuesto del Instituto de Fomento de Andaluc¨ªa, una de las entidades que tramit¨® las ayudas. La exconsejera insisti¨® de manera tajante en que ¡°nunca¡± conoci¨® directamente los reparos que la Intervenci¨®n General, porque ¡°no ten¨ªa que conocerlo por raz¨®n de su competencia¡±, ni indirectamente. ¡°Nunca se lleg¨® a plantear en la Consejer¨ªa de Hacienda ni en el Consejo de Gobierno¡±, aleg¨®.
Del mismo modo, neg¨® que su consejer¨ªa o el Consejo de Gobierno plantearan ¡°dotar de mayor agilidad¡± a los procedimientos de concesi¨®n de subvenciones sociolaborales.
Tras su declaraci¨®n ante la magistrada, que hab¨ªa suscitado una enorme expectaci¨®n, la exconsejera de Hacienda declar¨® a los medios que su gesti¨®n en la Administraci¨®n andaluza fue ¡°absolutamente transparente y clara¡±. A?adi¨® que se hab¨ªa sentido ¡°muy c¨®moda¡± durante el interrogatorio.
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