Los procuradores rechazan homologarse con los abogados

El Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores, que agrupa a los Colegios de Alicante, Castell¨®n, Elche y Valencia, se ha vuelto a concentrar esta martes en las sedes judiciales para denunciar las consecuencias que tendr¨¢ el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales.

Los procuradores denuncian que el Anteproyecto no responde a las necesidades del sistema judicial espa?ol, y que se ha redactado teniendo en cuenta ¨²nicamente "una mal denominada liberalizaci¨®n econ¨®mica en la que est¨¢ empe?ado el Ministro de Econom¨ªa, Luis de Guindos", seg¨²n informaron en una nota de prensa.

Sin embargo, para aplicar la homologaci¨®n entre procuradores y abogados, ser¨ªa necesario dar acceso al sistema Lex-Net de notificaci¨®n electr¨®nica a todos los nuevos usuarios, que podr¨ªan llegar a ser 130.000, frente a los actuales 8.000 que est¨¢n dados de alta.

La implantaci¨®n del sistema Lex-Net ha costado casi diez a?os de implantar, adem¨¢s de fuertes inversiones tecnol¨®gicas por parte de los colegios de procuradores y de la Administraci¨®n de Justicia, sin olvidar el tiempo dedicado a la formaci¨®n de los procuradores en su utilizaci¨®n. En estos momentos, todo el sistema de notificaciones, sean electr¨®nicas o en papel, tienen un coste cero para la administraci¨®n y para los ciudadanos, ya que son los colegios de procuradores quienes atienden y soportan el sistema.

El Consejo Valenciano de Procuradores calcula que costar¨ªa m¨¢s de 150 millones de euros la inversi¨®n tecnol¨®gica necesaria y la formaci¨®n para incorporar a 130.000 nuevos usuarios, adem¨¢s del tiempo necesario para su implantaci¨®n, que no bajar¨ªa de otros diez a?os como m¨ªnimo. De hecho, todav¨ªa hay 2.000 procuradores en Madrid no incorporados por falta de capacidad en los servidores.

Dada la situaci¨®n econ¨®mica general, y las evidentes carencias en dotaci¨®n del sistema judicial en su conjunto, el Consejo Valenciano considera que "no es viable destinar ese dinero a una supuesta liberalizaci¨®n que no aporta nada nuevo a la mejora del sistema y que, por el contrario, supondr¨¢ una paralizaci¨®n de la Justicia mientras dure su aplicaci¨®n". Por otra parte, el Ministerio de Justicia no se ha pronunciado en torno a la Ley, ni ha explicado c¨®mo y qui¨¦n se har¨¢ cargo de los costes a?adidos.

Por lo tanto, los procuradores reclaman que el dinero necesario para la aplicaci¨®n de la Ley se destine a incrementar el ritmo de la modernizaci¨®n de la Justicia, o bien a eliminar las tasas judiciales, que alejan a los ciudadanos de un derecho fundamental.