Anticorrupci¨®n pide a Alaya despiezar la investigaci¨®n en diferentes causas
La fiscal¨ªa busca desgajar el ¡®caso ERE¡¯ y concretar delitos e imputados pendientes
Dados el descomunal tama?o y la complejidad del caso ERE, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n considera que la mejor herramienta para manejarlo es despiezar esta investigaci¨®n en distintas causas independientes. Esto permitir¨ªa una mayor agilidad, ya que a pesar de que todos los delitos descubiertos mantienen una aparente conexi¨®n, esto no impide que puedan ser separados en diferentes piezas y de este modo ir cerrando cada investigaci¨®n, para as¨ª enviarla a juicio una vez que se concreten los delitos y sus responsables. Poco a poco y sin necesidad de alcanzar el final de la investigaci¨®n para enjuiciar a ciertos responsables, con la consiguiente reducci¨®n del riesgo de las prescripciones.
La clave es el art¨ªculo 762 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, muy claro al respecto: ¡°El juez podr¨¢ acordar la formaci¨®n de las piezas separadas que resulten convenientes para simplificar y activar el procedimiento¡± Los fiscales mencionan esta potestad de la magistrada cuando entienden que ¡°es necesario ir delimitando los hechos y sus part¨ªcipes para permitir articular la causa¡±. Anticorrupci¨®n considera que la investigaci¨®n ¡°no est¨¢ ni mucho menos cercana a su conclusi¨®n¡± despu¨¦s de casi tres a?os de instrucci¨®n, dada la ¡°complejidad de los hechos que se investigan¡±. El hecho de no ver un horizonte final cercano en el tiempo se explica porque los ERE que restan por investigar se cuentan por decenas, pero sobre todo porque cada delito investigado lleva a otro diferente, de ah¨ª que la cifra de imputados alcance ya los 136, y esta se mantenga al alza.
El hecho de que los fiscales consideren que el fin de la investigaci¨®n sea a¨²n muy lejano choca en cierto modo con la reciente afirmaci¨®n de la juez de que ¡°el fin de la instrucci¨®n no est¨¢ lejos, m¨¢s bien al contrario¡±. Sin embargo, Alaya se refiere en dicho auto a la investigaci¨®n que afecta a los cargos aforados y que previsiblemente enviar¨¢ al Tribunal Supremo una vez la concluya tras recibir los informes de la Sierra Norte de la Guardia Civil, as¨ª como los de la Intervenci¨®n General y la Direcci¨®n General de Seguros al respecto. Y es que al margen de estos informes pendientes, el caso ERE mantiene v¨ªas abiertas ajenas a estos informes.
Mientras, los fiscales urgen a Alaya a que la investigaci¨®n aclare los cobros de los sindicatos por su intermediaci¨®n en todos los ERE, ya que por ahora solo han sido imputados y detenidos dos dirigentes, Roberto Carmona (CC OO) y Salvador Mera (UGT). Para ello, pide a las centrales que detallen ¡°factura a factura, contrato, personal empleado, trabajos realizados con duraci¨®n, lugar y periodo¡± en los ERE, para cotejar estos datos con los que obtengan los investigadores desde los registros mercantiles y la Agencia Tributaria.
La fiscal¨ªa pide que se investiguen ¡°de forma inmediata¡± a los sindicatos y se analicen todos los movimientos bancarios realizados por sus asesor¨ªas jur¨ªdicas, por si pudieran haber incurrido en blanqueo de capitales y las entidades bancarias hubieran informado al servicio antiblanqueo del Banco de Espa?a. Asimismo, Anticorrupci¨®n requiere a CC OO que aporte toda la documentaci¨®n que tenga de las p¨®lizas de su exdirigente Juan Antonio Florido, al que la central ha defendido, para cotejarla con la acusaci¨®n de la Guardia Civil asumida por la juez Alaya. Por ¨²ltimo, los fiscales piden a Alaya que aclare los cargos contra Juan Manuel Casado, que ha sido citado para declarar ante ella como imputado. La Guardia Civil detuvo a Casado en la ¨²ltima operaci¨®n policial y le encerr¨® en calabozos durante dos d¨ªas, pese a lo cual abandon¨® el juzgado sin cargos.
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