Nadie se hace cargo de la factura de 4.300 millones por la cat¨¢strofe

La marea negra del Prestige, que contamin¨® 1.600 kil¨®metros de costa y puso en jaque al Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar y a la Xunta de Manuel Fraga, dej¨® encima de la mesa una factura de 4.328 millones de euros. Desde que ayer el presidente del tribunal que ha juzgado el caso proclam¨® la absoluci¨®n de los tres acusados, esta monumental deuda, que incluye las p¨¦rdidas y gastos ocasionados por el vertido a Administraciones, empresas y particulares, no tiene qui¨¦n la pague. Como solo se ha acreditado un delito de desobediencia por parte del capit¨¢n, Apostolos Mangouras, y este desacato a las autoridades espa?olas no caus¨® los da?os, esgrime la sentencia, las responsabilidades civiles por lo ocurrido hace 11 a?os se esfuman.

Los letrados de las partes consultados, incluidos los abogados del Estado, asumen, pues, que a la larga guerra judicial para saldar las cuentas de aquella cat¨¢strofe a¨²n le quedan batallas. Ninguna descarta que, tras el portazo recibido a las reclamaciones econ¨®micas en la v¨ªa penal, se produzca un aluvi¨®n de demandas civiles para exigir indemnizaciones por unos da?os y perjuicios acreditados en el juicio y que el propio fallo considera ¡°ingentes¡±. ¡°?Pero a qui¨¦n diriges tu reclamaci¨®n civil? Como no hay responsables de esos da?os, no se le puede reclamar a nadie¡±, advierte un jurista muy cercano al caso.

La sentencia recuerda que, pese a haberse demostrado que el estado de mantenimiento del petrolero era deficiente, no se le pueden exigir responsabilidades penales ni a Universe Maritime, la armadora, ni a American Bureau of Shipping (ABS), la multinacional privada encargada de inspeccionar el buque, porque cuando sucedi¨® el naufragio la legislaci¨®n espa?ola no permit¨ªa esta reclamaci¨®n a personas jur¨ªdicas. El tribunal a?ade, sin embargo, que s¨ª se les podr¨ªa demandar a estas empresas ¡°la oportuna responsabilidad civil¡±. En lo que ata?e a ABS, el riesgo, explican las fuentes consultadas, es que, debido al fracasado pleito que present¨® contra ella el Gobierno espa?ol en Estados Unidos, el caso podr¨ªa ser desestimado por tratarse de una ¡°cosa juzgada¡±.

Los 4.328 millones de factura que present¨® la fiscal¨ªa se calcularon con un pionero y exhaustivo peritaje realizado por la profesora de la Universidad de Santiago Mar¨ªa Loureiro. El estudio cifra no solo las p¨¦rdidas en sectores como el turismo (500 millones) o la pesca (405 millones, 200 de ellos como da?os de imagen) sino que lleva a traducir en dinero las afecciones a la salud de los voluntarios que limpiaron las playas (5,5 millones). Sin embargo, tras la sentencia, las ¨²nicas indemnizaciones garantizadas son los 171 millones que debe abonar el Fondo Internacional de Indemnizaci¨®n de Da?os debido a la Contaminaci¨®n por Hidrocarburos (Fidac), de los que ya han sido pagados 120. El Fidac estaba pendiente del fallo para distribuir el resto de los fondos por si el Estado espa?ol era condenado, algo que no ha ocurrido.

No solo las reclamaciones econ¨®micas han recibido un varapalo. La sentencia establece que la gesti¨®n pol¨ªtica que desat¨® un movimiento de indignaci¨®n ciudadana sin precedentes en Galicia no fue delito. Pedro Trepat, letrado de Nunca M¨¢is, la multitudinaria plataforma nacida del malestar social, se confes¨® decepcionado por un fallo ¡°aparentemente incoherente¡± que ¡°no hace justicia reparadora¡±. Al abogado de la organizaci¨®n que ha capitaneado la acusaci¨®n contra el ¨²nico responsable gubernamental que se ha sentado en el banquillo, el ex alto cargo del Ejecutivo de Aznar Jos¨¦ Luis L¨®pez-Sors, no le cabe en la cabeza que los magistrados consideren correcto el asesoramiento t¨¦cnico al que recurri¨® el mando del Ministerio de Fomento para optar por remolcar el petrolero sangrante mar adentro. ¡°Tom¨® la decisi¨®n telef¨®nicamente apenas una hora despu¨¦s del mayday. Esto es una carta blanca para gestionar una nueva crisis¡± de la misma forma, lament¨® Trepat, quien, al igual que la fiscal¨ªa, esperar¨¢ a leer con calma el fallo, de m¨¢s de 260 folios, para decidir si presenta recurso de casaci¨®n en el Tribunal Supremo.