Cuatro armadores admiten al juez el fraude fiscal en el puerto de Mar¨ªn

Los cuatro primeros armadores citados por el juzgado para aclarar el presunto fraude de 13.689.998 euros en ventas de pescado no declaradas por la cooperativa San Miguel de Mar¨ªn han admitido esta practica al menos en los tres ejercicios fiscales, 2008, 2009 y 2010, investigados por Hacienda y que dio lugar a una denuncia del fiscal de Delitos Econ¨®micos de Pontevedra. Estos armadores que declararon el pasado jueves reconocieron ventas de pescado por importe de casi 60.000 euros, y son una m¨ªnima representaci¨®n de los cerca de 200 que descubri¨® la Agencia Tributaria como proveedores de la citada cooperativa despu¨¦s de abrirles las correspondientes actas administrativas.

Tras constatar la doble contabilidad de la entidad, con sede en Mar¨ªn, a ra¨ªz de un registro sus oficinas en el puerto de O Berb¨¦s en Vigo, Hacienda abri¨® expediente sancionador a los armadores que aparec¨ªan identificados en las facturas incautadas, algunos con su firma o con el nombre del barco. Unos admitieron el fraude ante los inspectores pero otros lo negaron. De ellos, solo aparece un armador cuya facturaci¨®n como proveedor de pescado supera los 120.000 euros por lo que se le abri¨® un procedimiento penal a parte por delito fiscal, mientras la mayor¨ªa no llegan a esta cantidad y tendr¨¢n que pagar la correspondiente multa al fisco por las cuotas que no han tributado. Los representantes legales de los cuatro armadores citados por el juez reconocieron que hab¨ªan vendido a la cooperativa acusada de fraude el doble de lo facturado, por lo que asumieron las actas que les levant¨® la Agencia Tributaria que conlleva una sanci¨®n administrativa.

El juez y la fiscal¨ªa creen que el reconocimiento t¨¢cito de estos armadores son pruebas suficientes de la existencia de una contabilidad b de las ventas de pescado por importe de 13,6 millones de euros en dinero negro estimado por Hacienda por la que est¨¢ acusado el presidente de la cooperativa, Jos¨¦ Luis Santiago Pereira, por tres delitos econ¨®micos.

La acusaci¨®n tambi¨¦n est¨¢ dirigida contra el responsable de las oficinas que la entidad tiene en el puerto de Vigo, Laureano Pesqueira Veiga, y el jefe de subasteros, Enrique Fern¨¢ndez Arca. Ambos empleados, confeccionaban las denominadas notas de venta y hoja de autoliquidaci¨®n en las que aparecen indicios de contabilidad paralela de presunto fraude de IVA. La fiscal¨ªa considera que ambos son cooperadores necesarios del presidente de la cooperativa y principal imputado en la comisi¨®n del fraude por el que se le reclama un mill¨®n de euros y unas multas que podr¨ªan multiplicar por siete esta cantidad. Los tres se acogieron al derecho a no declarar ante el juez.

En su querella contra el presidente y sus empleados, el fiscal sostiene que la cooperativa llevaba una doble contabilidad y que en sus declaraciones a Hacienda no se reflejan las operaciones econ¨®micas reales por lo que no se tributaron las descargas de pescado que efectu¨® en el puerto vigu¨¦s.

El proceso ha destapado la mayor trama de fraude de IVA descubierta por venta de pescado en un puerto gallego y ha derivado en otra investigaci¨®n paralela, abierta por la Fiscal¨ªa de Pontevedra, cuyo alcance a¨²n no ha trascendido, que pretende medir el alcance de una supuesta red de sobornos entre operadores portuarios.Se sospecha que la supuesta connivencia de armadores, compradores y subasteros de la lonja se alteraba la facturaci¨®n de la mercanc¨ªa vendida para no declarar parte de las ventas y en la mayor¨ªa de los casos podr¨ªa suponer una estafa a Hacienda de la mitad de las descargas. Los indicios apuntan a que, hasta el momento en que se incoaron estas diligencias penales, las ventas no declaradas era una pr¨¢ctica extendida y que se hac¨ªa a cambio de comisiones. Una presunta red de sobornos a operarios portuarios que investiga la Guardia Civil y que tiene en el punto de mira a compradores y distribuidores como implicados en un delito continuado de cohecho para ocultar el fraude fiscal.