Saqueados y amenazados

El pasado mi¨¦rcoles, el portavoz adjunto de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas Ignacio Blanco rasg¨® la cortina con la que el PP ha intentado tapar los oscuros contratos entre la Generalitat y el magnate Bernie Ecclestone para la organizaci¨®n de las carreras de f¨®rmula 1, que han acabado por costarle al erario p¨²blico alrededor de 300 millones de euros. Una cifra que los dirigentes del PP han tratado de mantener oculta mediante una serie de contratos a trav¨¦s de sociedades pantalla y cl¨¢usulas de confidencialidad, que finalmente no han podido evitar que se sepa la profundidad de este enorme agujero negro en las cuentas p¨²blicas valencianas. Por m¨¢s que se haya recordado estos d¨ªas, conviene insistir en que, cuando el entonces radiante Francisco Camps y la no menos euf¨®rica Rita Barber¨¢ anunciaron la llegada del circo de la f¨®rmula uno a la ciudad, aseguraron que no iba a costar ni un solo euro a los valencianos. Pero supongamos, aunque sea mucho suponer, que detr¨¢s de la interpolaci¨®n de contratos, sociedades pantallas y cl¨¢usulas de confidencialidad, no ha habido ninguna aviesa intenci¨®n. Y supongamos tambi¨¦n que nadie se ha beneficiado il¨ªcitamente con la p¨¦rdida de esos 300 millones de euros. Pues bien, a¨²n sobre esos supuestos, lo que resulta incuestionable es que quienes propiciaron tan ruinoso negocio tienen una responsabilidad en el desastre, una responsabilidad en la gesti¨®n, que como en este caso es p¨²blica se llama responsabilidad pol¨ªtica.

El PP no s¨®lo no ha asumido esa responsabilidad pol¨ªtica sobre el asunto, sino que adem¨¢s, por boca del vicepresidente y portavoz del Consell, se ha atrevido a amenazar al diputado Ignacio Blanco que, en el ejercicio de su funci¨®n parlamentaria de fiscalizar al Gobierno valenciano, ha destapado el asunto. Y as¨ª unos d¨ªas despu¨¦s de que Blanco desvelara los contratos hasta entonces secretos, ese Maquiavelo de cart¨®n piedra llamado Jos¨¦ Ciscar, advert¨ªa al diputado de que la Generalitat emprender¨ªa acciones contra ¨¦l y Esquerra Unida, si Ecclestone demanda al Gobierno valenciano por violaci¨®n de la cl¨¢usula de confidencialidad suscrita. Lo cual de entrada es una aberraci¨®n jur¨ªdica, puesto que no es concebible que los contratos de una administraci¨®n p¨²blica (m¨¢s all¨¢ de casos relativos a seguridad) sean secretos. Pero sobre todo es un atentado a la democracia en la persona de uno de los representantes de la soberan¨ªa popular.

Por lo dem¨¢s, este intento del PP valenciano de amordazar a la oposici¨®n se produce en un contexto general de amenaza a las libertades p¨²blicas que va de lo pat¨¦tico a lo rid¨ªculo. Porque pat¨¦tica es la ley mordaza que impulsa Mariano Rajoy de la mano de su ministro de la Gobernaci¨®n, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz. Y rid¨ªcula es la imagen del concejal de seguridad de X¨¤tiva, grabando a unos escolares que abucheaban a Fabra, reclamando la reapertura de Canal 9, cuando ¨¦ste se encontraba realizando un acto junto al patio de recreo y, en el colmo del rid¨ªculo, la apertura por la Consejer¨ªa de Educaci¨®n de un expediente al colegio. Por cierto, y ya que le gustan tanto a Fabra las comparaciones entre los costes de la tele y los de los colegios, ?cu¨¢ntos centros educativos podr¨ªan haberse construido con los 300 millones de la f¨®rmula uno?

?