La Intervenci¨®n achaca a Gri?¨¢n que no frenara el pago de los ERE

La Intervenci¨®n General del Estado achaca al expresidente de la Junta de Andaluc¨ªa Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n y la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y exministra socialista Magdalena ?lvarez que permitieran como consejeros de Hacienda el fondo de los ERE, dotado con 850 millones entre 2000 y 2010. Despu¨¦s de casi dos a?os de trabajo, cuatro interventores del Ministerio de Hacienda han entregado a la juez del caso, Mercedes Alaya, su voluminoso informe (8.245 folios con anexos), muy cr¨ªtico con la gesti¨®n y vigilancia del fondo por parte del Ejecutivo aut¨®nomo.

La importancia de la memoria radica en que es el instrumento t¨¦cnico esencial sobre el que Alaya apoyar¨¢ sus tesis incriminatorias contra la c¨²pula del Gobierno andaluz antes de que en los pr¨®ximos meses env¨ªe el caso al Tribunal Supremo por la supuesta responsabilidad de siete cargos aforados. Y las tesis de fondo de los interventores del Gobierno central, avanzadas ayer por Diario de Sevilla, coinciden en gran medida con las vertidas por Alaya al imputar a 20 altos cargos del Ejecutivo y se?alar a esos siete aforados, entre ellos el exvicepresidente Manuel Chaves del Gobierno central. De este modo se cierra un poco m¨¢s la rama pol¨ªtica del caso por la financiaci¨®n de los ERE, a la espera del informe de la Direcci¨®n General de Seguros (Ministerio de Econom¨ªa) y un atestado de la Guardia Civil sobre la agencia Idea, pagadora de los expedientes.

Los interventores califican el mecanismo de pago en los ERE a trav¨¦s de las transferencias de financiaci¨®n, una herramienta habitual en todas las Administraciones p¨²blicas, de ¡°inadecuado¡± e ¡°improcedente¡±. La clave est¨¢ en si las ¡°graves irregularidades¡± de esa d¨¦cada superan el ¨¢mbito del Derecho Administrativo y por su gravedad conciernen al ¨¢mbito penal, al convertirse en delito. Mientras que la Junta defiende que el visto bueno dado por Hacienda a?o tras a?o estaba amparado por la Ley de Presupuestos que aprobaba el Parlamento andaluz, Alaya estima que hubo delito, y que sus responsables deben responder por malversaci¨®n y prevaricaci¨®n.

Los interventores reprochan a Gri?¨¢n (consejero entre 2004 y 2009), ?lvarez (1994-2004) y la diputada Carmen Mart¨ªnez Aguayo (2009-2012) su inacci¨®n. ¡°No consta que el consejero de Econom¨ªa y Hacienda (¡­) haya adoptado las medidas necesarias para evitar dichas irregularidades (¡­) Tampoco consta que haya dado cuenta al Consejo de Gobierno de los informes emitidos por la Intervenci¨®n General de la Junta que, por su inter¨¦s y repercusi¨®n, deban ser destacados¡±. Los interventores del Ejecutivo aut¨®nomo alertaron hasta en 15 informes y de manera verbal a la c¨²pula de Hacienda sobre el sistema opaco de dar las ayudas.

¡°La aplicaci¨®n de los fondos recibidos v¨ªa transferencia de financiaci¨®n al pago de estas ayudas fue improcedente¡±, censuran los interventores, que estiman que el destino de estas transferencias est¨¢ limitado por ley para ¡°cobertura de p¨¦rdidas¡± de la agencia Idea (pagadora de las ayudas). Los peritos destacan ¡°la carencia absoluta del procedimiento legal establecido¡± en el mecanismo de pago de los expedientes, subvencionados casi en su totalidad por la Junta con el consiguiente ahorro para las empresas.

La censura hacia los dirigentes ata?e asimismo al ex interventor general Manuel G¨®mez, ya imputado en la causa. Los t¨¦cnicos de Hacienda censuran que G¨®mez no emitiera el informe de actuaci¨®n que habr¨ªa alertado del menoscabo de fondos p¨²blicos. ¡°En nuestra opini¨®n, era de aplicaci¨®n la obligatoriedad legal de la Intervenci¨®n de emitir el correspondiente informe de actuaci¨®n¡±, subrayan. Mientras, G¨®mez ha alegado que no estaba en su mano dicha alerta ya que el ¨®rgano que auditaba era la agencia Idea y no la Consejer¨ªa de Empleo que reten¨ªa los expedientes.

El informe contraviene la tesis del procedimiento que defiende la Junta, y que se apoya en la inclusi¨®n del fondo en la Ley de Presupuestos. ¡°Frente a dicha pretensi¨®n [del Gobierno andaluz], hay que tener en cuenta que la documentaci¨®n anexa citada [donde se detallaba la partida 331L] en ning¨²n caso forma parte integrante de la Ley de Presupuestos (¡­) Por esta raz¨®n, los documentos que puedan ser mencionados en la misma en ning¨²n caso adquieren fuerza de ley¡±, rebaten los t¨¦cnicos. Y de paso, exculpa de responsabilidad a los diputados que aprobaron las leyes de Presupuesto, al igual que ya estableci¨® en un auto la juez Alaya. ¡°Es obvio que el legislador andaluz no pretendi¨® que, a trav¨¦s del uso de las transferencias de financiaci¨®n a Idea, se vulneraran las normas de concesi¨®n de subvenciones¡±.

El minucioso estudio tiene conclusiones coincidentes con los auditores de la C¨¢mara de Cuentas de Andaluc¨ªa, cuyo informe se entreg¨® al Parlamento. Las salvedades radican en la amplitud del informe, que analiza en profundidad 56 ERE que abarcan un gasto de 544 millones (el 73% del fondo) y adem¨¢s ampl¨ªa el periodo investigado al 2000, ya que considera que el programa 22E coincide en esencia con la partida 31L iniciada en 2001.