Alaya imputa cuatro delitos a las exsecretarias de Guerrero por los ERE

La juez que investiga el caso de los ERE irregulares ha imputado cuatro delitos a dos exsecretarias del ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, el principal imputado en esta causa. Seg¨²n Mercedes Alaya, las dos exsecretarias, Mar¨ªa ?ngeles Gala y Roc¨ªo Sayago, eran ¡°conocedoras y part¨ªcipes¡± de la tramitaci¨®n de expedientes para subvenciones sociolaborales y sab¨ªan que mediante ellos se estaban repartiendo ¡°a discreci¨®n, sin criterio legal alguno, miles y miles de euros de fondos p¨²blicos¡±. La juez les imputa a cada una un delito de tr¨¢fico de influencias y tres delitos continuados de prevaricaci¨®n, malversaci¨®n de fondos p¨²blicos y omisi¨®n del deber de perseguir delitos.

Gala y Sayago han comparecido este lunes ante la juez. Al t¨¦rmino de sus declaraciones, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha solicitado una fianza de responsabilidad civil de 220.000 euros para Gala, que fue responsable de la secretar¨ªa de la Direcci¨®n General de Trabajo durante la ¨¦poca de Guerrero; para Sayago, secretaria adjunta de Guerrero, el fiscal ha pedido la imposici¨®n de una fianza de 80.000 euros. Las acusaciones que ejercen la Junta de Andaluc¨ªa y el sindicato Manos Limpia se adhirieron a estas peticiones.

Seg¨²n el acta de las comparecencias, Gala ha accedido a responder a las dos primeras preguntas formuladas por Alaya, pero luego dijo sentirse mal y pidi¨® acogerse a su derecho a no declarar, salvo al cuestionario de su abogado, que se quej¨® de que la transcripci¨®n que se estaba haciendo de las palabras de la exsecretaria no recog¨ªa fielmente el contenido de su declaraci¨®n. Sayago se ha acogido directamente a su derecho a no declarar.

La juez cree que las exsecretarias de Guerrero eran ¡°conocedoras¡± de las ayudas sociolaborales que se conced¨ªan ¡°con absoluta ausencia de cualquier orden procedimental¡± y de los ¡°numerosos intrusos¡± en p¨®lizas de prejubilaciones. ¡°De todos estos conocer¨ªa que ninguno ten¨ªa derecho a cobrar una renta de prejubilaci¨®n, pues no pertenec¨ªan a la empresa tomadora de la p¨®liza¡±, sostiene Alaya sobre ambas empleadas.

De entre los intrusos que, seg¨²n la juez, las exsecretarias conoc¨ªan, Alaya cita a los militantes del PSOE de Camas Jos¨¦ Antonio Garc¨ªa Prieto, Ricardo Medina Barrios y Jos¨¦ Acevedo L¨®pez, a los que acusa de acudir ¡°en comandita¡± al despacho de Guerrero. La magistrada asegura que Gala y Sayago conoc¨ªan tambi¨¦n la condici¨®n de intruso de Juan Manuel L¨®pez Espada, tambi¨¦n militante del PSOE de Camas, y que acudi¨® al despacho del director de Trabajo con el cu?ado del ex delegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. La juez tambi¨¦n alude al ch¨®fer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, a quien, seg¨²n Alaya, se le consigui¨® una ayuda gestionada por las dos exsecretarias.

La magistrada cree que ambas eran ¡°plenamente conocedoras¡± del sistema de pagos que ordenaba Guerrero y que ellas redactaban y dirig¨ªan a las mediadoras para autorizar el desv¨ªo de dinero para la inclusi¨®n de intrusos o para atender ¡°compromisos¡± del director general ¡°con personas o empresas al margen del conocimiento del IFA¡±. A Gala le acusa de conocer el ¡°tr¨¢fico de influencias¡± del exsindicalista de UGT Juan Lanzas sobre el director general de Trabajo y de conseguir, gracias a sus contactos con Guerrero y Lanzas, que su amigo Jos¨¦ Luis Llorente fuera incluido en la p¨®liza de la empresa Aglomerados Morell y se le hiciera un contrato simulado que cost¨® a la Junta 165.585 euros.

A preguntas de su abogado, Gala ha argumentado que solo entreg¨® el curr¨ªculum de Llorente y cuando el fraude de los ERE y los presuntos delitos de Guerrero saltan a los medios de comunicaci¨®n se ¡°asusta¡± por si le puede afectar. Por eso, asegura la exsecretaria, habl¨® con Llorente para pedirle que dijera que no le conoc¨ªa. Como prueba de su inocencia, Gala le ha contado a la juez que en esa ¨¦poca su marido estaba en paro y nunca ¡°se le pas¨® por la cabeza pedir un trabajo para ¨¦l, entre otras cosas porque el perfil de su marido no encajaba en la Administraci¨®n¡±.

Sobre Sayago, Alaya cree que, a trav¨¦s de la influencia que ejerc¨ªa en el director general de Trabajo, consigui¨® que la empresa de su marido, Coflosur, recibiera en marzo de 2004 una ayuda directa por importe de 60.000 euros.