El urbanismo salvaje, en el banquillo

Primero fue la crisis la que paraliz¨® el sector de la construcci¨®n, y luego los tribunales han ido enterrando varios macroproyectos urban¨ªsticos se gestaron con el auge del ladrillo. En los ¨²ltimos dos a?os en se han anulado siete PGOU (Benissa, D¨¦nia, San Miguel de Salinas, Monforte del Cid, Castell¨®n, Les Useres y Enguera) y 14 PAI en otras tantas localidades valencianas, seg¨²n los datos de la Consejer¨ªa de Infraestructuras. Entre los planes parciales cuestionados destacan el de Rabassa en Alicante, con cuatro sentencias en contra, el Plan Parcial Marina Golf de Cabanes o el de Benic¨¤sssim Golf.

¡°El poder judicial se ha despertado, despu¨¦s de la ¨¦poca en la que la consejer¨ªa aprobaba planes sin los requisitos necesarios, ahora se empieza a poner orden¡±, asegura Carlos Arribas de Ecologistas en Acci¨®n, una asociaci¨®n que ha impulsado varios contenciosos administrativos en los tribunales que han permitido frenar estos proyectos. Distinta es la opini¨®n de ?ngel S¨¢ez, alcalde de San Miguel de Salinas, del PP. ¡°El pasado de este pueblo fue negro, pero ahora se han cargado el futuro¡±, sentencia tajante un regidor dolido porque desde que en 2007 comenzara a tramitarse el PGOU, con un m¨¢ximo de 40.000 nuevas viviendas, todo han sido trabas. Seg¨²n el alcalde cuando se inici¨® la tramitaci¨®n del PGOU no estaba vigente la normativa europea de la Ley Estrat¨¦gica Medioambiental, pero cuando se aprob¨®, s¨ª. ¡°Los ecologistas nos denunciaron y han ganado¡±, admite el regidor que recuerda que un municipio ¡°sin un PGOU no tiene norma urban¨ªstica y es una ciudad sin ley¡±. El Ayuntamiento y los t¨¦cnicos de la consejer¨ªa preparan un recurso que presentar¨¢n antes el Tribunal Supremo contra la decisi¨®n del TSJ valenciano de anular este PGOU, que carec¨ªa de la Evaluaci¨®n Ambiental Estrat¨¦gica. ¡°Estoy muy disgustado, me preocupa el futuro de mi pueblo y pienso en mi hija y mis nietos¡±, confiesa S¨¢ez.

Enrique Climent, presidente de Abusos Urban¨ªsticos No, atribuye estos varapalos judiciales a que ¡°hab¨ªa en la calle un clamor popular contra el urbanismo salvaje, y los jueces se lo tomaron en serio¡±. La falta de informaci¨®n p¨²blica, la ausencia de recursos h¨ªdricos o de estudios de impacto medioambiental son los principales motivos por los que se han anulado la mayor¨ªa de estos proyectos. Los constructores observan con preocupaci¨®n esta situaci¨®n. Jesualdo Ros, secretario de Provia, la asociaci¨®n de promotores inmobiliarios de la provincia de Alicante, solo pide un ¡°marco estable para poder desarrollar¡± proyectos. ¡°Los empresarios necesitamos certeza, no es posible que se tarde 15 a?os en tramitar un PAI y luego lo tumben¡±, se queja el representante de los constructores.

Juan Giner, director general de Evaluaci¨®n Ambiental de la consejer¨ªa de Infraestructuras, atribuye tal cantidad de reveses judiciales a la ¡°¨¦poca en la que se politizaron las confederaciones que siempre cuestionaban la falta de agua¡±, comenta en referencia a la etapa socialista. Giner destaca adem¨¢s que todas estas sentencias ¡°solo cuestionan aspectos t¨¦cnicos, pero ninguna incide en el modelo territorial valenciano¡±. Por su lado, Mois¨¦s Cruz de la Plataforma Anticorrupci¨®n Salvemos la Huerta de Almorad¨ª, considera que estos PAI se aprobaron ¡°con un claro af¨¢n especulador¡± para urbanizar el vasto territorio de La Vega Baja. En Almorad¨ª, municipio con 20.000 habitantes, el PGOU contempla otras 11.000 nuevas viviendas, y ahora los t¨¦cnicos de la consejer¨ªa han tumbado la propuesta por ¡°no ajustarse ni a la demanda inmobiliaria real ni a la previsible evoluci¨®n demogr¨¢fica¡±.

El alcalde, Antonio ?ngel Hurtado, del PP est¨¢ muy molesto. ¡°Siempre hemos ido de la mano de la consejer¨ªa, hemos hecho lo que nos han pedido los t¨¦cnicos de ordenaci¨®n del territorio y ahora los de medio ambiente ponen pegas¡±, se queja el regidor que el pr¨®ximo viernes tiene previsto reunirse con la consejera, Isabel Bonig, para buscar una salida.

Los alcaldes consultados tambi¨¦n apuntan otro problema: los constantes cambios normativos. En el caso de Almorad¨ª el PGOU se empez¨® a dise?ar siguiendo los criterios de la LRAU (Ley Reguladora de la Actividad Urban¨ªstica), al a?o siguiente se aprob¨® la LUV (Ley Urban¨ªstica Valenciana) y en pocos meses una normativa europea obligaba a incorporar una memoria de la estrategia medioambiental.