Alaya imputa a Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos

La juez Mercedes Alaya ha imputado en el caso de los ERE al empresario Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos y a su hijo Zoilo como m¨¢ximos responsables de la consecuci¨®n de ayudas de la Junta para el grupo Nueva Rumasa que la magistrada considera fraudulentas. Padre e hijo, seg¨²n Alaya, eran quienes ¡°en ¨²ltima instancia tomaban las decisiones¡± de todo lo que se hac¨ªa en sus empresas y participaron, ¡°junto con otros miembros de la familia Ruiz-Mateos¡±, en la inclusi¨®n de intrusos en distintos ERE del grupo, entre ellos, en los que se llevaron a cabo en el hotel Cervantes (Europa Center), en la empresa Dhul y en la bodega Bellavista.

En un auto firmado el 7 de enero, la juez Alaya acusa al patriarca de los Ruiz-Mateos y a su hijo Zoilo de hacer valer sus ¡°influencias¡± en la Junta para conseguir financiaci¨®n para los ERE de sus empresas. Con este prop¨®sito contaron tambi¨¦n con la ayuda de Juan Lanzas, considerado uno de los cerebros del fraude, y que, seg¨²n Alaya, actu¨® para los Ruiz-Mateos como ¡°conseguidor¡± de subvenciones a cambio de una comisi¨®n de 600.000 euros por ERE. Seg¨²n un informe de la UCO (Unidad central Operativa de la Guardia Civil), Lanzas exig¨ªa los cobros en b y en billetes de 500 euros y los recib¨ªa en entregas quincenales o mensuales de entre 20.000 y 25.0000 euros.

La juez presenta la imputaci¨®n del empresario gaditano como consecuencia inexcusable tras las declaraciones prestadas en enero en su juzgado por el exdirector de la divisi¨®n hotelera de Nueva Rumasa, Carlos Miranda Bacciriani, y los directivos del grupo Javier Espinosa y Javier Bertola. El primero de ellos cont¨® a la juez que conoc¨ªa a Lanzas porque se lo present¨® Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos. Le dijo que era ¡°un colaborador¡± y admiti¨® que en una ocasi¨®n le entreg¨® un sobre, cuyo contenido no supo precisar. Miranda Bacciriani sostuvo que la relaci¨®n entre los Ruiz-Mateos y Lanzas era cercana y asegur¨® que el conseguidor pasaba sus vacaciones de forma gratuita en el hotel Cervantes por orden del empresario.

Para Alaya, Lanzas actu¨® para los Ruiz-Mateos como ¡°conseguidor¡± de subvenciones

El cabeza de familia y su hijo Zoilo est¨¢n llamados a declarar ante Alaya el pr¨®ximo 5 de marzo. Ambos se unen as¨ª a la causa en la que ya est¨¢ imputados otros dos hijos de Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos, Pablo y Javier, que declararon el 31 de enero en los juzgados y descargaron tambi¨¦n en su padre toda la responsabilidad de las decisiones que se toman en las empresas del grupo. Los dos admitieron que Lanzas colaboraba con Nueva Rumasa, pero aseguraron no saber nada de los pagos que supuestamente recib¨ªa por sus gestiones. La juez les imput¨® un delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos por el que Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha pedido que se les imponga a cada uno de ellos una fianza de responsabilidad civil de algo m¨¢s de 8,5 millones de euros.

En otro auto difundido este lunes, la instructora del caso de los ERE ahonda en la investigaci¨®n general a la que ha decidido someter a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Y lo hace extendiendo el foco m¨¢s all¨¢ del ¨¢mbito andaluz. En respuesta a un atestado de la UCO sobre el papel en los ERE de varias asociaciones vinculadas a las centrales, la juez ha optado por pedir a la Oficina P¨²blica de Dep¨®sito de Estatutos (dependiente del Ministerio de Empleo) que le remita la informaci¨®n que tenga sobre todas las asociaciones, federaciones y confederaciones constituidas por UGT y CC OO, ¡°bien de ¨¢mbito estatal o de ¨¢mbito auton¨®mico andaluz¡±.

Alaya ha pedido tambi¨¦n las cuentas completas desde 2001 hasta 2012 de las consultoras de los sindicatos: por parte de Comisiones, Atlantis Asesores y Atlantis Corredur¨ªa de Seguros y Consultora Actuarial; y por UGT, ITG y Temiqui. La juez ordena, adem¨¢s, cursar una petici¨®n a la Agencia Tributaria para que informe sobre las declaraciones presentadas esos a?os por estas sociedades y otra a la tesorer¨ªa de la Seguridad Social para que remita la vida laboral de las cuatro asociaciones.

Este es otro paso m¨¢s que da la magistrada en el cerco sobre los sindicatos, a los que desde hace casi un a?o puso en el punto de mira al acusarles de percibir comisiones ilegales en los ERE, unos cobros que ha cifrado en m¨¢s de siete millones de euros. Las dos centrales sostienen que el dinero que percibieron por su mediaci¨®n en los expedientes de regulaci¨®n es legal y que se fundamente en las tareas de asesoramiento que han realizado a los trabajadores en los despidos colectivos.

En otro auto conocido este lunes, Alaya impuso una fianza civil de 593.306 euros a Juan Antonio Caravaca, secretario de la Federaci¨®n de Industria de CC OO de Sevilla, por la inclusi¨®n de dos intrusos entre los 11 prejubilados de la empresa Calderinox, cantidad de la que responder¨¢ su sindicato, informa Efe.

Caravaca, seg¨²n la juez Alaya, contribuy¨® a la inclusi¨®n en el ERE de Calderinox de dos personas que nunca hab¨ªan trabajado en esa empresa: Antonio Fern¨¢ndez Garz¨®n, militante del sindicato, y Juan Rodr¨ªguez Cordob¨¦s, quien fue delegado de la Consejer¨ªa de Empleo en Sevilla entre 1999 y 2000.

Las ayudas para Calderinox consist¨ªan en una percepci¨®n econ¨®mica, dado que se adeudaban n¨®minas, y un plan de prejubilaci¨®n para los trabajadores de mayor edad, compromisos que adquirieron Caravaca junto con los ya imputados Antonio Rivas, ex delegado de Empleo en Sevilla, y Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo.

El auto a?ade que el 6 de marzo de 2008 se formaliz¨® el Convenio de Colaboraci¨®n entre la Direcci¨®n General de Trabajo y la agencia Idea por el que se estableci¨® el otorgamiento de ayudas a los extrabajadores y se abon¨® una subvenci¨®n a la Federaci¨®n Minerometal¨²rgica de CC OO en Andaluc¨ªa de 432.728 euros. Esa cantidad, seg¨²n la juez, fue duplicada en la solicitud ¡°sin ning¨²n tipo de justificaci¨®n¡±.

Adem¨¢s, Alaya ha decidido devolver el DNI que retir¨® como medida cautelar al exconsejero de Empleo Antonio Fern¨¢ndez, que pudo abandonar la c¨¢rcel en agosto de 2012 tras pagar una fianza de 450.000 euros, informa Europa Press. En el auto notificado hoy, Alaya estima la petici¨®n realizada por el abogado del exconsejero, a la que no se opuso la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que consider¨® ¡°suficiente¡± la retirada del pasaporte. La juez tambi¨¦n permite que Fern¨¢ndez comparezca solo una vez al mes en el juzgado, en vez de hacerlo cada semana, como ocurr¨ªa hasta ahora.