A la memoria de mi madre

?Se han convertido nuestros legisladores civiles en el brazo armado de la Iglesia? No dejo de pregunt¨¢rmelo tras m¨¢s de 40 a?os de profesi¨®n. Todas las mujeres que se han sentado frente a m¨ª para solicitar una interrupci¨®n de su embarazo no han hablado nunca de derechos ni deberes; sencillamente me han dicho: Tengo un problema.

As¨ª se expresaron tanto las j¨®venes que no ten¨ªan ning¨²n proyecto familiar, como mujeres de mediana edad con una familia de uno o varios hijos. Ninguna habl¨® de nada parecido a que atravesaba un conflicto de intereses con su gestaci¨®n y, mucho menos, argumentaba que sus derechos deb¨ªan prevalecer sobre cualquier otros. Tampoco, que estaba atentando contra nada.

La mujer tiene claro que la gestaci¨®n es un estado que le afecta solo a ella. Que esa gestaci¨®n pasa por diferentes etapas y que en esta primera, en la que formula la petici¨®n del aborto, su cuerpo no tiene constancia de la existencia de algo que sea ajeno a ella. Es por eso que sentir alivio es un sentimiento que, no digo que sea el ¨²nico, como no hay sentimientos ¨²nicos en ning¨²n aspecto de la vida, pero siempre estaba presente en el ¨¢nimo de la mujer despu¨¦s de haber interrumpido una gestaci¨®n que representaba un problema para ella.

En estas, el legislador civil, como siempre, en su mayor¨ªa var¨®n, entra a legislar sobre nosotras y nuestro estado. Aunque no existen argumentos civiles que justifiquen esta invasi¨®n, adem¨¢s, y en nombre de ni se sabe qu¨¦ derecho, impiden que la mujer tenga acceso a los recursos necesarios para que la interrupci¨®n de su gestaci¨®n se haga de forma segura y sin que cause ning¨²n desorden social.

Las razones morales para condenar el aborto ya las da la Iglesia, la cat¨®lica. Pero la Iglesia no tiene jurisdicci¨®n alguna sobre los recursos que posibilitan el hecho del aborto. Se tiene que limitar condenar y amenazar con penas para nuestra alma. Y produce su efecto. Porque incluso para una sociedad tan materialista como la nuestra, esa condena a las penas del infierno tiene su punto inquietante. Pero, por lo visto en m¨¢s 40 a?os de profesi¨®n, no lo suficiente para que la mujer que desea interrumpir su gestaci¨®n deje de hacerlo.

As¨ª las cosas, si la Iglesia quiere tener alg¨²n resultado pr¨¢ctico en su condena del aborto necesita un aliado con jurisdicci¨®n civil y que pueda impedir el acceso de la mujer a los recursos necesarios, m¨¦dicos en este caso, para abortar de forma eficaz y segura ?Se ha convertido nuestro legislador civil en el brazo armado de la Iglesia cat¨®lica?

Eso parece. Su excusa: apropiarse la competencia de mediar entre la mujer y su gestaci¨®n es la defensa de la vida. ?C¨®mo se puede ser tan arrogante? ?Qui¨¦n se lo ha pedido?

Si su doctrina es defender la vida, ?por qu¨¦ no quita el fusil de las manos del soldado? ?O en el caso de la Iglesia cat¨®lica, evita los casos de pederastia en su propio seno? ?O por qu¨¦ no dona toda su fortuna para evitar la muerte de ni?os por hambre?

En este caso se formula la defensa de la vida como la ley del todo o nada, del ¡°ojo por ojo¡±. Parece que cuando se trata de exhibir autoridad sobre la mujer se permiten una autoridad suprema: sin matices.

Son muchas las situaciones en las que la vida humana corre peligro y muchas las personas/instituciones en las que el legislador civil delega su protecci¨®n. En caso de guerra, deja sin ning¨²n problema que sean las jerarqu¨ªas militares las que se encarguen de proteger la vida de los soldados. Incluso en el caso de asesinos contempla matices que desculpabilizan en parte el asesinato como la defensa propia. Para la mujer que quiere interrumpir su gestaci¨®n, no concede ning¨²n atenuante: ella atenta contra la vida humana sean cual sean sus circunstancias y la etapa de la gestaci¨®n en que se encuentre. Es un ensa?amiento excesivo del legislador que en su c¨®digo civil acepta situaciones atenuantes y de necesidad para todos los que lo infringen, excepto para la mujer.

La ley de plazos que tan bien funciona en toda Europa no es otra cosa que la ausencia de legislaci¨®n para una determinada etapa de la gestaci¨®n, dejando en manos de la mujer la decisi¨®n de seguir adelante o no con su embarazo. Sin meternos en profundos an¨¢lisis ontol¨®gicos, podr¨ªamos decir que la ley de plazos s¨®lo representa contemplar esas situaciones especiales que no les niegan, los legisladores, ni a los asesinos.

Se?ores legisladores civiles, admitan de una vez la capacidad de la mujer para decidir sobre su gestaci¨®n, por lo menos en una etapa en la que la existencia de derechos ajenos a ella es un tema de ata?e mas a la moral cat¨®lica que a la biolog¨ªa humana. Dejen de legislar sobre el cuerpo gestante de la mujer porque no tienen derecho ni competencias sobre sus funciones biol¨®gicas.

Cuando se ha pedido su opini¨®n a la ONG Save de Children se ha manifestado de forma rotunda: para la sociedad civil y siguiendo la definici¨®n de la ONU, un ni?o es todo ser humano menor de 18 a?os. No dice nada de los no nacidos. La legislaci¨®n espa?ola va m¨¢s all¨¢ y solo otorga la categor¨ªa de nacido a los que viven m¨¢s de 24 horas.

Ah¨ª tiene su jurisdicci¨®n, se?or legislador civil. Proteja usted esas vidas que, tal y como est¨¢ la situaci¨®n, hay mucho trabajo por delante. ?O recordamos aqu¨ª la enorme lista de desprotecci¨®n de los menores que est¨¢ generando su forma de gobernar? S¨®lo un ejemplo: la Ley de la Dependencia. Sobran las palabras. Se llenan la boca con la vida ajena y dejan a los discapacitados y a sus familias (curiosamente los legisladores no suelen tener problemas econ¨®micos, de ah¨ª su poca empat¨ªa con el ser humano) abocados a una vida infrahumana. ?Qu¨¦ inmoralidad!

Elena Mart¨ªn L¨®pez es ginec¨®loga y fue directora de maternidad y gerente del Hospital la Fe de Valencia