La privatizaci¨®n silenciosa

A partir del an¨¢lisis de los presupuestos de la Generalitat Valenciana, este art¨ªculo pretende reflexionar acerca de c¨®mo reformas t¨¦cnicas de la gesti¨®n de lo p¨²blico pueden ocultar un cambio significativo en el modelo institucional. Ello sin el conveniente debate democr¨¢tico en torno a qu¨¦ es deseable respecto de la distribuci¨®n competencial y entre agentes p¨²blicos y privados.

En el gr¨¢fico que sigue se destaca el crecimiento exponencial de los gastos financieros derivados del endeudamiento de la Generalitat Valenciana, pero no ser¨¢ este el eje del an¨¢lisis, sino su impacto diferencial sobre los cap¨ªtulos 2 y 4, que se explica a continuaci¨®n.

El cap¨ªtulo 4, ¡°transferencia corrientes¡±, se refiere a la parte del presupuesto que no ejecuta directamente la Generalitat Valenciana sino que se transfiere a ayuntamientos, mancomunidades, empresas p¨²blicas y entidades sin fines de lucro. Mientras que en ¡°gastos de funcionamiento¡± (cap.2) adem¨¢s de lo que indica su propio nombre, se incluyen los contratos con empresas privadas.

En el gr¨¢fico puede verse un crecimiento sostenido de los ¡°gastos de funcionamiento¡± que pasan de 1.041 millones de euros en el a?o 2003 a 2.855 millones en 2014, lo que se explica por el crecimiento de la porci¨®n privada (en el presupuesto actual, 2014, el 49,62% del cap¨ªtulo 2 est¨¢ previsto para contratos con empresas privadas). Paralelamente, las transferencias corrientes disminuyen, pasando de 4.060 millones en el a?o 2009 a 2.719 millones en el presupuesto de 2014 (volviendo al nivel de 2003).

?Qu¨¦ implica todo esto? Que en un contexto de restricciones, la gesti¨®n presupuestaria se orienta a una enorme transferencia econ¨®mica hacia la empresa privada en detrimento de los entes locales y las asociaciones civiles. De este modo, los cambios presupuestarios son el antecedente de la reforma de la Ley de Bases de R¨¦gimen Local, que colocar¨ªa el broche de oro a un proceso de m¨¢s largo aliento (de aproximadamente 10 a?os), porque legitimar¨ªa lo ya hecho en la pr¨¢ctica social-presupuestaria. La visualizaci¨®n longitudinal de los presupuestos nos permite comprobar que la llamada ¡°racionalizaci¨®n¡± del gasto encubre, en realidad, un cambio de modelo: basado en la gesti¨®n privada y en la reducci¨®n de los servicios p¨²blicos gestionados p¨²blicamente.

Profundicemos sobre un ¨¢rea concreta, como la de Bienestar Social. En ¨¦sta, el presupuesto de 2014 reserva 245 millones de euros para contratos con el sector privado para la gesti¨®n de recursos p¨²blicos (residencias, centros de d¨ªa, ocupacionales, etc¨¦tera), ya que es en este sector donde se ¡°experimenta¡± primeramente la gesti¨®n ¡°integral¡± (eufemismo de gesti¨®n privada). En la Consejer¨ªa de Bienestar Social se denomina desde hace muchos a?os ¡°gesti¨®n integral¡± al modelo concesionario que luego se aplica en algunos hospitales y centros del ¨¢rea de Sanidad.

Paralelamente, el total de las transferencias corrientes previstas alcanzan los 348 millones de euros, de los cuales solo se destinan 73 millones a los 542 municipios y sus mancomunidades. Con esta primera aproximaci¨®n ya se observa claramente cu¨¢l es la participaci¨®n de los agentes en la distribuci¨®n de recursos.

Centr¨¦monos ahora en las transferencias. En el gr¨¢fico 2 se puede observar la mayor importancia otorgada a las entidades sin fines de lucro respecto de los ayuntamientos y mancomunidades, mostrando un cambio significativo respecto de 10 a?os atr¨¢s donde la relaci¨®n era la inversa.

En s¨ªntesis, se incrementa la participaci¨®n del sector privado de forma correlativa a la disminuci¨®n de las transferencias corrientes a asociaciones y entes locales. El privado social (entidades sin fines de lucro) se reduce, pero no lo hace tanto como la porci¨®n correspondiente a los entes locales. Parece ser que el lobby de alcaldes no es, en la actualidad, tan potente como el de los otros dos sectores.

Pero en el gr¨¢fico 2 lo que realmente destaca son las transferencias a las personas f¨ªsicas (142 millones). Y aqu¨ª cabe mencionar que la mayor parte de las ¡°ayudas¡± a personas f¨ªsicas son tramitadas por los servicios sociales de los ayuntamientos, aunque el poder de decisi¨®n para su libramiento es de la administraci¨®n auton¨®mica. Esta disociaci¨®n se ha ido incrementando dr¨¢sticamente en los ¨²ltimos a?os debido a c¨®mo se han gestionado en la Comunidad Valenciana las nuevas prestaciones (dependencia, renta garantizada de ciudadan¨ªa) produciendo una centralizaci¨®n parad¨®jica (tramitaci¨®n en los entes locales y decisi¨®n en la Consejer¨ªa de Bienestar Social).

En este punto conviene recurrir a dos conceptos que permiten comprender la complejidad de la cuesti¨®n que se est¨¢ abordando, y son los de descentralizaci¨®n y desconcentraci¨®n. Descentralizaci¨®n supone una cesi¨®n importante del poder de decisi¨®n desde una administraci¨®n central a otra(s) m¨¢s cercanas al territorio/poblaci¨®n administrado. Mientras que con la desconcentraci¨®n aunque el poder o administraci¨®n central se distribuye por el territorio y se acerca a la poblaci¨®n, las oficinas representan al poder central.

En el caso que nos ocupa, la Consejer¨ªa de Bienestar Social ha limitando dr¨¢sticamente la descentralizaci¨®n a partir de reducir las transferencias econ¨®micas y de limitar el poder de decisi¨®n de los y las trabajadoras sociales. Pero simult¨¢neamente apela a la Red P¨²blica de Servicios Sociales municipales (desconcentra) para que realicen todo tipo de informes sociales. El resultado es que los servicios sociales municipales se vuelven cada vez m¨¢s dependientes de la administraci¨®n auton¨®mica, con consecuencias nefastas ya que los pocos recursos existentes se distribuyen desde un lugar alejado de las necesidades y particularidades de las personas en situaci¨®n de vulnerabilidad social. Por este motivo, hablamos de ¡°centralizaci¨®n parad¨®jica¡±, es una ecuaci¨®n en la que pierden los ayuntamientos (reducci¨®n de transferencias econ¨®micas y aumento de la responsabilidad de tramitaci¨®n), se burocratizan los procedimientos (con soportes inform¨¢ticos que anonimizan las necesidades) y se toman decisiones en lugares apartados que quitan efectividad al sistema. Ve¨¢moslo con n¨²meros en los gr¨¢ficos 3 y 4.

La l¨ªnea verde en el gr¨¢fico 3 muestra c¨®mo la participaci¨®n de los servicios sociales se ve reducida a una expresi¨®n m¨ªnima (67 millones de euros en 2014 frente a 164 millones en 2003) y con ello, se limitan las posibilidades de afrontamiento de la crisis social y econ¨®mica por parte de los Equipos Sociales municipales.

En el gr¨¢fico 4 puede verse, de cero a 100, la importancia de cada ¨¢rea de Bienestar social, siendo el segmento verde la participaci¨®n de los servicios sociales municipales en el presupuesto.

Los n¨²meros hablan casi por s¨ª mismos, as¨ª que resumamos. Los cambios institucionales provocados por la gesti¨®n presupuestaria y la centralizaci¨®n parad¨®jica, han producido una ¡°destituci¨®n¡± de los ayuntamientos como principales agentes de la atenci¨®n primaria de las necesidades sociales. Recordemos que la Ley 5/1997 de Servicios Sociales de la CV establece en su art¨ªculo 11 que los Servicios Sociales Generales [ubicados en los ayuntamientos] constituyen la estructura b¨¢sica del Sistema P¨²blico de Servicios Sociales. Tambi¨¦n que en aquel modelo la proximidad y la prevenci¨®n social son elementos de rentabilidad social porque es el ¨¢mbito local el espacio donde las redes sociales y comunitarias facilitan la integraci¨®n social.

En el nuevo esquema, se crea una situaci¨®n objetiva que casi anula la autonom¨ªa profesional de los y las trabajadoras sociales, incitando la vuelta al asistencialismo (como simples tramitadores de ayudas). Tambi¨¦n, se producen tensiones institucionales por el descontento de los gobiernos municipales, de los profesionales del Trabajo Social, presi¨®n de la poblaci¨®n sobre los ayuntamientos porque no comprende la disociaci¨®n existente entre tramitaci¨®n y decisi¨®n de las ¡°ayudas¡± y un creciente malestar, porque quienes en definitiva toman las decisiones est¨¢n ubicados en espacios institucionales ¡°centrales¡± y, en consecuencia, alejados de los problemas que sufre la poblaci¨®n.

Marcela Jabbaz es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat de Val¨¨ncia