El copago echa a los dependientes de residencias y centros de d¨ªa

El copago sanitario empieza a dejar a gente en la cuneta. Unas 50 personas dependientes que acud¨ªan a centros ocupacionales han dejado de hacerlo porque no pueden pagar el dinero que la consejer¨ªa les exige desde enero pasado. ¡°Hemos vuelto a los a?os 60 cuando las personas con discapacidad se quedaban en casa en una mesa camilla, con los abuelos jugando a las cartas¡±, se lamenta Paulino L¨®pez, trabajador de la discapacidad. Y es que desde el pasado uno de enero los usuarios de estos servicios deben pagar entre 100 y m¨¢s de mil de euros, en funci¨®n de su renta, por acudir a estos centros.

La Coordinadora de la Discapacidad y Dependencia en la Comunidad Valenciana present¨® este viernes ante el S¨ªndic de Greuges hasta 6.000 quejas por la ¡°situaci¨®n de desigualdad e injusta aplicaci¨®n del copago introducido por Bienestar Social¡± a las personas que precisan de centros de discapacidad o enfermedad mental. Los afectados quieren que se investigue ¡°cu¨¢les son los criterios¡± de la aplicaci¨®n de este ¡°repago¡±, porque como explican, ¡°jam¨¢s¡± la Administraci¨®n ha pagado ¨ªntegramente el servicio, ya que los usuarios sufragaban parte del coste, ¡°pero ahora es mucho m¨¢s, y en la mayor¨ªa de los casos inasumible¡±, admite Miquel Martorell, de la Plataforma por la Ley de Dependencia.

En el escrito al S¨ªndic, presentado en Alicante, los miembros de la Coordinadora insisten que en realidad ¡°se trata de un repago, porque hab¨ªa familias que ya aportaban cuotas a los centros, y ahora a?aden una valoraci¨®n a las personas con dependencia. Y cada uno, dependiendo de la escala, les sale a pagar mucho m¨¢s¡±, explic¨® Antonio Jim¨¦nez, miembro de la Coordinadora de la Discapacidad y del sindicato de CC OO. El pago extraordinario se est¨¢ aplicando a los usuarios de residencias, centros de d¨ªa, de acogida y los centros ocupacionales, viviendas tuteladas.

Los firmantes de las quejas consideran que la orden de copago debe ser ¡°retirada inmediatamente¡± y piden que se establezca una negociaci¨®n que facilite ¡°una justa financiaci¨®n de los centros de atenci¨®n a personas con discapacidad o enfermedad mental¡±. Miquel Martorell, de la Plataforma por la Dependencia, se lament¨® de que ¡°los gobiernos que hacen las leyes y que tienen que cumplirlas, son los primeros en incumplirlas¡±. Martorell advirti¨® de que no dejar¨¢n que les ¡°roben¡± derechos ¡°reconocidos por ley¡±, y anunci¨® que har¨¢n ¡°todo lo posible para que atiendan a este sector tan desfavorecido que est¨¢n sumiendo en la pobreza y en la exclusi¨®n social¡±.

Paulino L¨®pez, trabajador del sector de la discapacidad, consider¨® que el actual sistema ¡°a?ade una sobrecarga¡± sobre el sistema y trabajadores. ¡°Estamos hartos de buenas palabras, de buenas caras y de buenos gestos¡±, dijo L¨®pez que reclam¨® ¡°hechos y realidades¡± ante unas ¡°pol¨ªticas inasumibles¡± que ¡°cada d¨ªa empobrecen m¨¢s a los colectivos de la discapacidad y la dependencia¡±. L¨®pez record¨® que ¡°dependiendo de los recursos¡± en las residencias algunos dependientes deben aportar m¨¢s de mil euros. ¡°Con lo que les quedan apenas unos euros para comer, vestir, lo que est¨¢n limitando los derechos de las personas con discapacidad¡±, dijo.

Por ¨²ltimo, Gonzalo Nielfa, miembro de la Asociaci¨®n de Enfermos Mentales de Valencia, inst¨® a la consejer¨ªa de Bienestar Social a pactar ¡°un copago de m¨¢s razonable¡± ante la ¡°falta de cobertura nacional¡±. Nielfa estim¨® que la Comunidad Valenciana est¨¢ siendo ¡°el laboratorio¡± para implantar el copago nacional que ser¨¢ ¡°en disparate porque la mitad de la gente dejar¨¢ de ir a los centros y estos deber¨¢n cerrar¡±.