El exinterventor defiende ante Alaya la legalidad del fondo de los ERE

Una de cal y otra de arena. El ex interventor general de la Junta Manuel G¨®mez ha echado un capote al Gobierno andaluz en el debate jur¨ªdico sobre el procedimiento utilizado para pagar los ERE y que la juez Mercedes Alaya considera ilegal. G¨®mez considera que el mecanismo se ajusta a derecho, a pesar de los 15 informes de reparo que su departamento elabor¨® para alertar de su deficiente dise?o, porque el Parlamento aprob¨® la partida y conoci¨® su destino. Pero a continuaci¨®n G¨®mez ha sembrado una duda fundamental que puede da?ar la imagen del Ejecutivo aut¨®nomo que en 2000 lideraba Manuel Chaves: justo antes de iniciarse el fondo, la Consejer¨ªa de Empleo present¨® un decreto para regular las ayudas y acabar con la discrecionalidad, y sin embargo esta iniciativa fue frenada antes de llegar al consejillo, la sesi¨®n preparatoria del Consejo de Gobierno en la que participan todos los viceconsejeros y que presid¨ªa el exconsejero de Presidencia y secretario federal de Pol¨ªtica Municipal del PSOE, Gaspar Zarr¨ªas.

G¨®mez, un ex alto cargo enfrentado con acritud a la anterior c¨²pula del Gobierno, que le achaca que no emitiera un informe para frenar el fondo, considera en un extenso escrito presentado ante Alaya que los peritos de la Intervenci¨®n General del Estado y la juez incurren en un ¡°inmenso error¡± al calificar de ¡°ilegales¡± las transferencias de financiaci¨®n. El escrito es un contrapeso a las graves acusaciones de la Intervenci¨®n del Estado, que en un voluminoso informe censur¨® el pasado diciembre la gesti¨®n del fondo, aunque sin tacharlo de ilegal.

La juez sostiene que el fondo de los ERE es ilegal, pese a su inclusi¨®n en la Ley de Presupuestos a?o tras a?o, porque las transferencias de financiaci¨®n deb¨ªan ser utilizadas para cubrir las p¨¦rdidas de las entidades p¨²blicas de la Junta, y no para subvenciones a empresas, un hecho que supuestamente ignoraba la C¨¢mara. Sin embargo, G¨®mez rescata las enmiendas y documentos anexos que integraban los Presupuestos, para demostrar que los diputados conoc¨ªan que el uso de esa partida era para conceder ayudas a las empresas.

Mientras que las cr¨ªticas de los peritos de la Intervenci¨®n General del Estado cargaban contra el papel y supuesta inacci¨®n de la Intervenci¨®n de la Junta por no frenar el fondo, las cr¨ªticas no se dirig¨ªan contra la C¨¢mara de Cuentas, el ¨®rgano fiscalizador que conoci¨® todas las partidas que aprobaba el Parlamento, incluidas en las leyes de Presupuesto. El escrito hace hincapi¨¦ en la ¡°inexplicable benevolencia¡± hacia la C¨¢mara de Cuentas: ¡°El comportamiento de la C¨¢mara, en relaci¨®n con el Programa 31L, se ha caracterizado por la absoluta pasividad que no podemos por menos que calificar como de aut¨¦ntica desidia, al dejar de realizar durante 10 a?os las actuaciones que estaban dentro de su ¨¢mbito de competencias respecto al citado programa¡±.

G¨®mez subraya que los estados de gastos del Presupuesto y la Cuenta General aclaraban que la funci¨®n del fondo de los ERE era otorgar subvenciones sociolaborales, y no cubrir las p¨¦rdidas de la agencia Idea (pagadora de las ayudas): ¡°No cabe negar la contundente evidencia de que los Presupuestos de la Junta del periodo 2002-2010 establec¨ªan un destino determinado de dichas transferencias¡±.

Mientras, el exinterventor denuncia dos intentos que la Consejer¨ªa de Empleo acometi¨® en 2000 y 2004 para regular el sistema de ayudas y acabar con la discrecionalidad y opacidad en las ayudas. ¡°Resulta inexplicable que los ¨®rganos competentes no llegaran a poner en marcha sendos proyectos que (...) a todas luces habr¨ªan, si no impedido, al menos, dificultado extraordinariamente los fraudes¡±, resalta el escrito. El proyecto de decreto de 2000 se elev¨® para el consejillo, pero se fren¨® antes. ¡°No recuerdo por qu¨¦ se parar¨ªa. No tendr¨ªa los informes correspondientes de gabinete jur¨ªdico o Presupuestos. Ning¨²n papel entraba si no contaba con todos los documentos¡±, aleg¨® ayer Zarr¨ªas sobre esta cuesti¨®n clave.

Hace dos a?os el ex director general de Trabajo Javier Guerrero declar¨® ante la Guardia Civil: ¡°Intentamos regular la forma de concesi¨®n de las ayudas a trav¨¦s de ¨®rdenes y borradores que nunca prosperaron¡±. Guerrero puntualiz¨® que estos borradores de ¨®rdenes se llevaron al consejillo, pero ¡°nunca se trataron¡±.