Erkoreka considera que el Constitucional no ¡°marca una pauta¡± para Euskadi

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, considera que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre Catalu?a ni zanja ning¨²n problema ni "marca una pauta en Euskadi", que tiene sus "propios retos". "Ser¨ªa un error pensar que la sentencia zanja algo", ha explicado en una comparecencia en Bilbao, "porque devuelve la pelota a los responsables pol¨ªticos e institucionales, dejando claro que es posible un marco de di¨¢logo, negociaci¨®n y acuerdo que es preciso desarrollar".

La sentencia del Constitucional estima la impugnaci¨®n presentada por el Gobierno central contra la declaraci¨®n soberanista aprobada por el Parlamento catal¨¢n.? "Tenemos que encontrarnos a nosotros mismos en el seno de una ponencia parlamentaria donde todas las formaciones pol¨ªticas con representaci¨®n en la C¨¢mara vasca tendr¨¢n ocasi¨®n de expresar sus puntos de vista y entablar la negociaci¨®n y el di¨¢logo que aqu¨ª todav¨ªa es imprescindible para definir un escenario futuro de autogobierno para Euskadi", ha sostenido.

Erkoreka entiende que el Gobierno central deber¨¢ reunirse con los responsables de la Generalitat, ya que "sigue teniendo un problema con Catalu?a y sigue teniendo que reunirse con los responsables de la Generalitat para la b¨²squeda de un marco de di¨¢logo, negociando y acuerdo". Ha recordado as¨ª que el fallo dice que en el marco legal y constitucional, respetando los procedimientos establecidos, "por supuesto que todo es posible y todas las aspiraciones pol¨ªticas se pueden encauzar, defender, sostener, negociar y acordar".

En su opini¨®n, eso es "lo m¨¢s importante" del pronunciamiento del Constitucional, "que deja claro que nadie puede pretender que el tribunal sustituya a los interlocutores pol¨ªticos e institucionales y emplaza a estos a que hagan sus deberes y se sienten, hablen, negocien y acuerden".

Ares espera que "los nacionalistas recapaciten y piensen antes sobre las demandas de la sociedad"

Mientras, el portavoz del PNV en el Parlamento, Joseba Egibar, ha asegurado en Radio Nacional que la resoluci¨®n supone ¡°una sentencia pol¨ªtica¡±, en tanto en cuanto ¡°responde a una declaraci¨®n pol¨ªtica¡±. A su entender, el alto tribunal ¡°no ha aprobado un texto jur¨ªdico en el que se pueda concluir que se colisiona con la Constituci¨®n¡±. Egibar ha enmarcado este pronunciamiento del Constitucional en el intento de los distintos poderes del Estado, con el Gobierno central a la cabeza, de prohibir que el pueblo catal¨¢n se pueda expresar a trav¨¦s de una consulta ¡°por miedo a la respuesta que puedan ofrecer democr¨¢ticamente los catalanes¡±.

En opini¨®n de Egibar, el modelo de Estado ha quebrado y ahora se est¨¢ ante la oportunidad de reconducir el problema que no se solucion¨® en 1978, cuando se adopt¨® la decisi¨®n pol¨ªtica de definir 17 autonom¨ªas con el ¨²nico objetivo, a su entender, de diluir las realidades nacionales de Euskadi, Catalu?a y Galicia. ¡°El tiempo ha demostrado que el problema no se solucion¨®. El debate est¨¢ abierto y no se puede cerrar con la prohibici¨®n¡±, ha aseverado.

Para el secretario de organizaci¨®n del PSE, Rodolfo Ares, la sentencia ha de servir "para que los nacionalistas recapaciten y piensen antes sobre las demandas de la sociedad". Ares ha dicho que el fallo "entra dentro de lo previsible. Los planteamientos que defienden CiU y ERC mezclan lo jur¨ªdico con sus reivindicaciones pol¨ªticas y sus planteamientos jur¨ªdicos solamente son un envoltorio para conseguir sus objetivos independentistas".

Para Ares, el m¨¢ximo int¨¦rprete de la Constituci¨®n ha dado una respuesta jur¨ªdica "muy razonada, que dice dos cosas muy importantes": la primera, "que no puede proclamarse una soberan¨ªa de Catalu?a diferente y al margen de la del conjunto de la sociedad espa?ola". La segunda, "que las referencias que se hacen en la declaraci¨®n del Parlamento al supuesto derecho a decidir no se consolidar¨ªan si no hay una reforma de la Constituci¨®n".

El PP cree la sentencia debe ser "muy tenida en cuenta" en la ponencia de autogobierno?

De su lado, EH Bildu ha defendido que la sentencia muestra que "es necesario cambiar las leyes" para que se respeten "los derechos de los pueblos, en este caso del derecho del pueblo catal¨¢n, a decidir sobre su futuro".

La parlamentaria de la coalici¨®n Bel¨¦n Arrondo, quien ha comparecido ante los medios en el Parlamento vasco, ha recalcado que el fallo del m¨¢ximo int¨¦rprete de la Constituci¨®n "vuelve a poner sobre la mesa que por un lado est¨¢ la legalidad y por otro la voluntad de las personas, en este caso la de los ciudadanos de Catalu?a". "Siempre hemos entendido que las leyes deben estar al servicio de las personas y no al rev¨¦s. Si en este caso es necesario cambiar las leyes, habr¨¢ que hacerlo", ha defendido.

Josu Juaristi, primer candidato a las elecciones europeas por la coalici¨®n soberanista, ha sostenido que la decisi¨®n "refleja que la propuesta del Estado para los pueblos es el esp¨ªritu de la Transici¨®n", un sistema "impuesto" y "agotado". Juaristi ha recalcado en una rueda de prensa en San Sebasti¨¢n que se trata de un modelo pol¨ªtico-institucional "inmerso en un profunda crisis" y "sin futuro".

La portavoz del PP vasco, Laura Garrido, ha opinado que la sentencia debe ser "muy tenida en cuenta" por los partidos vascos que puedan tener "tentaciones de plantear propuestas soberanistas y rupturistas" en la ponencia de autogobierno que ma?ana arranca en el Parlamento.

Garrido ha afirmado que del fallo se extrae la "conclusi¨®n clara" de que ninguna comunidad aut¨®noma puede unilateralmente convocar un refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n. Ha a?adido que la decisi¨®n tiene que "marcar un punto de inflexi¨®n" para que Catalu?a vuelva "a la senda de la legalidad, el acuerdo y el di¨¢logo" y para que abandone planteamientos "rupturistas".

Finalmente, el ¨²nico parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha declarado en un comunicado que queda "meridianamente claro que es ilegal y jur¨ªdicamente inviable la consulta que el nacionalismo catal¨¢n pretende celebrar, que la soberan¨ªa reside en el conjunto de los ciudadanos espa?oles y que la Constituci¨®n debe respetarse". "La sentencia zanja jur¨ªdicamente la cuesti¨®n", ha concluido.