El Parlamento se queja ante el Poder Judicial por la investigaci¨®n de Alaya

A la instrucci¨®n de Mercedes Alaya le brotan las cr¨ªticas. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, al igual que la Audiencia Provincial de Sevilla, ha reclamado a la juez que env¨ªe al Tribunal Supremo la parte del caso de los ERE fraudulentos que afecta a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, ambos aforados y preimputados por Alaya. Tambi¨¦n se le ha solicitado que divida en piezas separadas su enorme instrucci¨®n. Una de las ramificaciones del caso (la legalidad del procedimiento con el que se daban las ayudas) apunta al Parlamento de Andaluc¨ªa, en concreto, a la Comisi¨®n de Hacienda. Y el presidente de esta instituci¨®n, Manuel Gracia, ha enviado una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al entender que la juez no respeta ¡°el principio de separaci¨®n de poderes¡± y la ¡°inviolabilidad¡± de la C¨¢mara.

Los servicios jur¨ªdicos del Parlamento han respaldado la queja de Gracia. Seg¨²n ha avanzado la cadena SER, el informe elaborado por Jos¨¦ Antonio V¨ªboras, letrado mayor de la C¨¢mara, sostiene que cabr¨ªa "poner los hechos denunciados en conocimiento de la Fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa".

Desde el principio, Alaya cree que la Junta dise?¨® una estrategia para repartir el dinero sin control. De ah¨ª que en sucesivos autos haya apuntado a la supuesta responsabilidad de distintos excargos del Gobierno aut¨®nomo. Dentro de esa l¨ªnea de investigaci¨®n se encuadrar¨ªan los dos autos de marzo de este a?o que han motivado la queja de Gracia. En dos escritos, uno del d¨ªa 3 y otro del 13, la magistrada ped¨ªa a la Intervenci¨®n General del Estado que investigara ¡°qu¨¦ pudo conocer¡± el Parlamento ¡°sobre las irregularidades que se estaban produciendo en la concesi¨®n de subvenciones sociolaborales¡±.

En el ¨²ltimo de esos autos, la juez matiz¨® que ¡°ni siquiera como hip¨®tesis¡± se hab¨ªa planteado la existencia de responsabilidad del Parlamento, y acotaba las investigaciones a la Comisi¨®n de Hacienda. Gracia cree que con esa aclaraci¨®n Alaya intentaba ¡°salvar las evidentes dudas legales¡± de su anterior resoluci¨®n.

El auto de 3 de marzo fue recurrido por la fiscal¨ªa, que argument¨® que los diputados cuentan con un fuero especial, fijado por el Estatuto, que impide a la Intervenci¨®n General del Estado investigar sus debates. En esta l¨ªnea, el presidente de la C¨¢mara ha indicado este mi¨¦rcoles que ¡°un juez no puede investigar el trabajo del Parlamento en el marco de un procedimiento penal¡±. Lo que podr¨ªa hacer, seg¨²n Gracia, es consultar las resoluciones, leyes, mociones y documentos que pasan por la C¨¢mara.

Gracia recuerda tambi¨¦n que el Estatuto establece que ¡°el Parlamento de Andaluc¨ªa es inviolable¡±, es decir, que este tipo de instituciones no pueden ser ¡°interferidas¡± ni ¡°coaccionadas¡±. El presidente ha hecho suyas las conclusiones de V¨ªboras y afirma que Alaya arroja ¡°inconscientemente una sombra de sospecha sobre las instituciones¡±. Algo que, ¡°en un momento de crisis pol¨ªtica¡±, no puede ¡°aceptarse que jueces y tribunales que deben estar al servicio de la legalidad la pongan en cuesti¨®n¡±. La queja ha llegado este mi¨¦rcoles al CGPJ. El magistrado Antonio Fonseca se encargar¨¢ del caso.