El grupo propio de los imputados

Si los parlamentarios catalanes de CiU y PSC se pudiesen agrupar por el hecho de estar imputados podr¨ªan formar grupo parlamentario propio. Nada que ver con el PP valenciano, ciertamente, que lleg¨® a tener en octubre de 2012 diez de sus 55 diputados auton¨®micos investigados por la justicia, pero una cifra nada despreciable teniendo en cuenta que la corrupci¨®n tambi¨¦n afecta a lo que se llam¨® oasis catal¨¢n, supuestamente ajeno a estas pr¨¢cticas.

El m¨¢s popular de los imputados catalanes con esca?o es Oriol Pujol Ferrusola, hijo del que fuera presidente de la Generalitat durante 23 a?os y el ¨²nico v¨¢stago que ha seguido los pasos de la pol¨ªtica. A Oriol Pujol se le investiga desde hace m¨¢s de un a?o por intentar ama?ar la adjudicaci¨®n de un lote de estaciones de la Inspecci¨®n T¨¦cnica de Veh¨ªculos (ITV). Los jueces creen que existen indicios de que actu¨® ¡°con el objetivo de obtener un beneficio econ¨®mico, para ¨¦l y/o para sus amigos y colaboradores¡±.

En Derecho a eso se le llama llama tr¨¢fico de influencias, una acusaci¨®n a la que Pujol Ferrusola ha de sumar otra de cohecho, por la que declarar¨¢ el pr¨®ximo d¨ªa 30, igual que su esposa, Anna Vidal y a los empresarios Ricard Puignou y Sergi Alsina. El fiscal cree que cobr¨® 30.000 euros por defender los intereses de esos empresarios durante la tramitaci¨®n de la Ley de Seguridad Industrial que tramit¨® el tripartito en 2008. CiU estaba entonces en la oposici¨®n y esa ley supon¨ªa una reorganizaci¨®n del suculento paquete de las ITV. El testigo de cargo puede ser Enrique Marug¨¢n, tambi¨¦n con intereses empresariales en las ITV, y al que se le intercept¨® un correo electr¨®nico en el que relataba la exigencia de los 30.000 euros. Marug¨¢n fue el empresario que hace a?os denunci¨® ante el fiscal al juez corrupto Luis Pascual Estevill.

El otro diputado de CiU que est¨¢ en el punto de mira de la justicia es Xavier Crespo, acusado de dar un trato de favor al empresario ruso Andrei Petrov, vinculado con una trama que supuestamente blanque¨® 56 millones de euros en Espa?a. La tesis de la fiscal¨ªa es que Crespo, siendo alcalde de Lloret de Mar, le perdon¨® 133.000 euros en impuestos por la construcci¨®n de un centro comercial y Petrov le correspondi¨® con viajes a Mosc¨², un reloj de lujo y el patrocinio de los clubes locales de hockey y futbol. Los delitos que se le imputan a Crespo son cohecho y prevaricaci¨®n y la fiscal¨ªa sostiene que podr¨ªa haber evadido grandes sumas de dinero a para¨ªsos fiscales. Sin embargo, Maria Eugenia Alegret, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a e instructora del caso, ha reclazado investigar si Crespo posee cuentas en Andorra, as¨ª como escabar en el patrimonio familiar para esclarecer el supuesto delito.

En la bancada socialista hay otros dos diputados imputados y otra que est¨¢ en capilla. El m¨¢s cercano al banquillo y de cumplir con su promesa de dimitir si eso ocurriera es Daniel Fern¨¢ndez, exsecretario de organizaci¨®n del PSC y exdiputado en el Congreso. A los pocos d¨ªas de las elecciones auton¨®micas, el 25 de noviembre de 2012, estall¨® el caso Mercurio de supuesta corrupci¨®n urban¨ªstica en Sabadell que oblig¨® a dimitir al alcalde socialista Manuel Bustos. Este tuvo el tel¨¦fono pinchado durante m¨¢s de dos a?os y en una de sus conversaciones pact¨® con Fern¨¢ndez que la alcaldesa de Montcada, la tambi¨¦n socialista Mar¨ªa Elena P¨¦rez, colocara a un exalto cargo del tripartito. Esta es la causa m¨¢s avanzada y est¨¢ a la espera de abrirse juicio oral contra los tres por tr¨¢fico de influencias.

Las conversaciones grabadas de Bustos tambi¨¦n se pueden llevar por delante a la diputada socialista Montserrat Capdevila. Se la acusa de malversaci¨®n por pagar viajes privados con la tarjeta del Parlament para encontrarse con Bustos en un hotel de Madrid, cuando este deb¨ªa asistir a reuniones oficiales en su condici¨®n de presidente de la Federaci¨®n Catalana de Municipios, mientras que Capdevil?a, entonces teniente de alcalde de Sabadell, lo hac¨ªa a t¨ªtulo privado. El caso tiene ya asignado un instructor, que resolver¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas la petici¨®n de imputaci¨®n del fiscal.

Quien s¨ª est¨¢ imputado ya formalmente y a pesar de ello tom¨® su acta de diputado es Crist¨®fol Gimeno, alcalde de Castellgal¨ª (Barcelona), por un supuesto delito de administraci¨®n desleal. Gimeno es uno de los 54 denunciados por la fiscal¨ªa por participar en consejos de administraci¨®n de CatalunyaCaixa que aprobaron el aumento en las retribuciones de su exdirector general Adolf Tod¨® y de su adjunto, Jaume Massana.

?