La Audiencia anula la imputaci¨®n de dos excargos de la Junta en los ERE

La Audiencia de Sevilla ha anulado la imputaci¨®n que impuso la juez Mercedes Alaya a los dos ex directores generales de Presupuestos de la Junta de Andaluc¨ªa Buenaventura Aguilera y Antonio Lozano en el caso ERE. Los superiores de la magistrada le piden que exponga con ¡°mayor precisi¨®n¡± los hechos que atribuye a ambos, acusados en la rama pol¨ªtica-financiera del caso desde el pasado junio. Es la segunda vez que la Audiencia reclama mayor concreci¨®n a Alaya, despu¨¦s de que anulara la primera imputaci¨®n de la exministra Magdalena ?lvarez pidi¨¦ndole a la magistrada indicios penales de m¨¢s peso.

Esta parte de la investigaci¨®n se refiere al sistema de pagos de los ERE, las transferencias de financiaci¨®n por las que la Junta concedi¨® subvenciones con cargo a una partida presupuestaria que, seg¨²n la magistrada, carec¨ªa de control y favorec¨ªa la discrecionalidad. Alaya ha imputado en esta rama a ?lvarez y a otros 19 altos cargos del Gobierno andaluz, adem¨¢s de se?alar a los expresidentes Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n y cinco exconsejeros, todos ellos cargos aforados.

La Audiencia puntualiza en su auto que la acusaci¨®n de Alaya contra los dos exresponsables de las cuentas p¨²blicas andaluzas ¡°se desprender¨ªa tan solo del dato objetivo de haber ostentado sucesivamente el cargo de director general de Presupuestos¡±. Ante esta falta de detalles, los jueces estiman que la imputaci¨®n incumple la tutela judicial efectiva y de defensa, por lo que exigen a Alaya mayor concreci¨®n. ¡°Falta de concreci¨®n tanto de los hechos como de los delitos en que se basa la imputaci¨®n¡±, puntualiza la resoluci¨®n de la Audiencia.

Los magistrados dan margen a la instructora para que se explique en un nuevo auto, pero alertan de que una decisi¨®n tan grave como la imputaci¨®n de ambos ex altos cargos, que ha devenido en un embargo de bienes para Lozano tras una fianza civil de 46 millones, debe ser argumentada. Al igual que la imputaci¨®n de ambos ex altos cargos, la Audiencia anula esta fianza civil ¡°por coherencia procesal¡±.

El abogado de ambos exdirigentes socialistas, Jos¨¦ Mar¨ªa Mohedano, reclam¨® ante la Audiencia por sufrir ¡°indefensi¨®n por la manifiesta falta de concreci¨®n de hechos y delitos¡±, y esta ha atendido su recurso. Eso s¨ª, despu¨¦s del recurso de ?lvarez contra Alaya por basarse en ¡°sospechas infundadas y errores sustantivos¡±, la juez concret¨® sus tesis y ahora la Audiencia debe entrar al fondo del asunto para decidir si la rama pol¨ªtico-financiera tiene el sustento penal necesario para mantener la imputaci¨®n de los 20 cargos y siete aforados como supuestos responsables.

Mientras, tras la imputaci¨®n del n¨²mero dos de Industria de CC OO, Jos¨¦ Luis Montesinos, al que Alaya acusa de haber incluido a una persona como intrusa, la central ha contestado que este caso ¡°nada tiene que ver¡± con ning¨²n ERE o empresa. Comisiones Obreras argumenta que la imputaci¨®n se basa en una p¨®liza de 12.000 euros como complemento a una pensi¨®n de viudedad de la esposa de un trabajador fallecido de Fiteqa, la federaci¨®n que lider¨® anteriormente Montesinos. El sindicato ha criticado que la juez se ¡°extralimita¡± en su actuaci¨®n. Asimismo, UGT ha lamentado ¡°las imprecisiones y errores¡± de Alaya, dado que la central ces¨® al sindicalista tambi¨¦n imputado Manuel Morales en 2006, y la juez lo situ¨® al frente actualmente de la federaci¨®n del Metal en Ja¨¦n.