La Audiencia respalda a Alaya al censurar el sistema de pago de los ERE

La Audiencia de Sevilla ha marcado un punto de inflexi¨®n en el caso ERE al sumarse a las severas cr¨ªticas hacia el sistema que la Junta de Andaluc¨ªa instaur¨® para pagar el fondo dotado con 721 millones. Los jueces inclinaron la balanza hacia la juez Mercedes Alaya, y apoyaron sus tesis sobre que el Gobierno andaluz dise?¨® un sistema para propiciar y perpetuar el fraude durante una d¨¦cada (2001-2010). La decisi¨®n de la Audiencia supone algo m¨¢s que un capote para Alaya, especialmente despu¨¦s de que esta haya recibido cuantiosas cr¨ªticas a su controvertida instrucci¨®n. Es un aval decisivo que dota de ox¨ªgeno a la magistrada y le permite afrontar el ¨²ltimo tramo de su investigaci¨®n pol¨ªtico-financiera con cierta holgura antes de enviarla al Tribunal Supremo, dado que afecta a siete cargos aforados, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n.

Y hasta cierto punto, el auto de la Audiencia supone una autocorrecci¨®n, ya que la Sala hab¨ªa aclarado que la instrucci¨®n de la rama pol¨ªtico-financiera hab¨ªa alcanzado ¡°el l¨ªmite m¨¢ximo¡± y Alaya deb¨ªa desprenderse del caso para elevarlo al alto tribunal. En diversas ocasiones la juez ha aclarado este invierno que esta investigaci¨®n es ¡°inescindible¡± y que su final est¨¢ cerca, pero lo cierto es que a¨²n no se divisa en el horizonte procesal.

Hace casi un a?o Alaya abord¨® un ¡°paso cualitativo en la instrucci¨®n¡± al imputar por malversaci¨®n y prevaricaci¨®n a 20 altos cargos de la Junta, entre los que destacaba la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y exministra Magdalena ?lvarez. El Gobierno andaluz se opuso en un sonado recurso en el que acus¨® a Alaya de poner ¡°en peligro la democracia¡±. Meses despu¨¦s, tras un primer recurso de ?lvarez, la Audiencia tumb¨® la imputaci¨®n de ?lvarez y pidi¨® a Alaya que concretara sus acusaciones. Alaya acat¨® la orden y precis¨® sus argumentos a finales de octubre. Mientras, la exministra defendi¨® la legalidad del fondo y neg¨® que conociera los reparos de la Intervenci¨®n General de la Junta.

Ese intercambio de autos y recursos, que incluy¨® dos declaraciones de la exministra ante la instructora, finaliz¨® ayer. Tras 10 meses, la Audiencia ratific¨® esta imputaci¨®n mientras se posicionaba a favor de las tesis cr¨ªticas hacia el fondo, con el duro informe de la Intervenci¨®n General del Estado como referencia. Al respecto, el BEI resalt¨® que est¨¢ analizando el auto y que se toma ¡°muy en serio¡± las acusaciones sobre el uso indebido de fondos.

En su resoluci¨®n, los jueces evitan tildar de ¡°ilegal¡± el sistema de pagos de los ERE a trav¨¦s de las transferencias de financiaci¨®n, e incluso definen como ¡°razonable¡± el argumento de la Junta cuando defiende que la partida fue incluida en la Ley de Presupuestos y por tanto no puede ser ilegal.

Sin embargo, la Audiencia subraya que ¡°no es irracional o arbitraria la hip¨®tesis de entender¡± que el sistema fue introducido ¡°para propiciar lo que finalmente ocurri¨® [el fraude]¡±. La pregunta de los jueces ofrece pocas dudas: ¡°?C¨®mo entender si no que, pese a las alertas dadas, pudiera prolongarse sin control alguno durante unos 10 a?os un sistema tan peculiar provocador de una presunta malversaci¨®n millonaria?¡±.

El de ayer es el pronunciamiento de la Audiencia m¨¢s s¨®lido sobre el caso. Incluye consideraciones in¨¦ditas hasta la fecha por sus cr¨ªticas abiertas y veladas. Eso s¨ª, los jueces no entran a valorar el fondo de la cuesti¨®n sobre la legalidad o no del fondo de los ERE, matiz que sustenta la acusaci¨®n de Alaya para imputar y preimputar a la c¨²pula del Ejecutivo aut¨®nomo. La Audiencia se limita a subrayar que a estas alturas de la instrucci¨®n, los indicios recabados apuntan a que un cargo como Magdalena ?lvarez pudo tener responsabilidad penal en el dise?o del sistema de pago instaurado para el fondo de los ERE al dirigir la Consejer¨ªa de Hacienda entre 1994 y 2004.

El auto aclara la ¡°solidez¡± de la ¡°fundada sospecha¡± de Alaya, que ¡°ha actuado correctamente, huyendo de generalizaciones al detallar de forma precisa los hechos que atribuye a ?lvarez¡±. Los jueces destacan que ¡°es innegable¡± el hecho de que la instrucci¨®n ha permitido detectar que ¡°el uso desviado, por ilegal, de los fondos p¨²blicos qued¨® facilitado, y con ello desmesuradamente incrementado, merced a la instauraci¨®n de las transferencias de financiaci¨®n como m¨¦todo para dotar de dinero las partidas arbitrariamente administradas¡± por la Consejer¨ªa de Empleo.

La Audiencia subraya la ¡°especial gravedad de la presunta malversaci¨®n¡± que achaca Alaya a ?lvarez, un delito que prescribe a los 15 a?os, por lo que a¨²n la justicia a¨²n puede y debe perseguirlo. Los jueces sostienen que Alaya ha actuado de forma correcta al imputar a la exministra, en vez de citarla como testigo sobre los hechos investigados. En definitiva, Alaya dispone de v¨ªa libre para proseguir sus pesquisas sin prisas.