La polic¨ªa detiene al director de la empresa p¨²blica Vaersa

El actual director general de Vaersa, Enrique Sim¨®, y su antecesor, Felipe Espinosa, han sido detenidos por la polic¨ªa bajo la acusaci¨®n de supuestos delitos de malversaci¨®n y prevaricaci¨®n. Los agentes registraron asimismo sus domicilios. Sim¨® y Espinosa fueron arrestados por la contrataci¨®n de asesor¨ªas jur¨ªdicas sin concurso p¨²blico y pago de facturas y n¨®minas hinchadas.

La juez del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 15 de Valencia ha tomado declaraci¨®n este viernes al director y al ex director de Vaersa, ambos en calidad de imputados, seg¨²n fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano. Tras la declaraci¨®n ha acordado para ambos libertad provisional, con comparecencia peri¨®dica ante el juzgado y retirada de pasaporte. La causa, decretada secreta, est¨¢ abierta por supuesto delito de malversaci¨®n.

El vicepresidente del Gobierno valenciano, Jos¨¦ Ciscar, ha explicado a los periodistas en los pasillos de las Cortes Valencianas que el director de Vaersa fue puesto en libertad la noche del mi¨¦rcoles y que al Gobierno valenciano no se le han comunicado las razones de las detenciones.

La Fiscal¨ªa de Valencia tiene abiertas investigaciones a ra¨ªz de tres denuncias presentadas por el sindicato CGT en los ¨²ltimos meses, referidas al pago de productividad a directivos de Vaersa, al pago de servicios de asesor¨ªa jur¨ªdica, y a la compra de todoterrenos sin concurso p¨²blico. La denuncia m¨¢s reciente se refiere a la compra de 65 veh¨ªculos por 1,4 millones de euros, y conllev¨® que el pasado 9 de junio la polic¨ªa judicial se personara en la empresa p¨²blica para recabar informaci¨®n, seg¨²n explic¨® en las Cortes la consejera de Infraestructuras, Isabel Bonig.

La consejera se?al¨® entonces que esa investigaci¨®n no supon¨ªa que existiera "una responsabilidad penal, una prevaricaci¨®n, corrupci¨®n o cohecho". La fiscal¨ªa tambi¨¦n investiga a los gestores de Vaersa a ra¨ªz de la denuncia de CGT de que se contrataron "a dedo" servicios de asesor¨ªa jur¨ªdica por un importe total de "1.974.964 euros".

Esta denuncia ven¨ªa precedida de un procedimiento por responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas instado por CGT, cuya instrucci¨®n culmin¨® con la demanda de procedimiento de reintegro interpuesta por el Ministerio Fiscal contra tres gestores de esta empresa p¨²blica.

Esos directivos de Vaersa son, seg¨²n el sindicato, Anna Bayarri Llorens (exjefa de Recursos Humanos), Felipe Espinosa Bola?os (ex director general) y Enrique Sim¨® Arnau (actual director general), para los que pide su condena, "como responsables contables directos, al reintegro de los perjuicios causados a los fondos p¨²blicos".

La tercera denuncia se refiere al pago de cerca de alrededor de 1,9 millones de euros de productividad a los directivos de la empresa p¨²blica Vaersa entre 2006 y 2011. Por su parte, el sindicato FSP-UGT present¨® una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por posibles sobrecostes en la gesti¨®n de la empresa p¨²blica.

Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dictado una sentencia que considera irregulares las declaraciones de impacto ambiental realizada por Vaersa desde 2003, al considerar que no tiene competencias en estas resoluciones administrativas y que deben ser funcionarios p¨²blicos de la Generalitat los que hagan este trabajo.

Asimismo, dentro de la investigaci¨®n del caso G¨¹rtel por el TSJCV se analiza la contrataci¨®n de Vaersa con Orange Market en 2004 de la grabaci¨®n de varios documentales para la realizaci¨®n de una campa?a de sensibilizaci¨®n sobre el uso del contenedor amarillo, por la que ha sido imputado el director general en esa ¨¦poca, Juan Miguel Bellver.

En Vaersa se ha llevado a cabo en los ¨²ltimos a?os un proceso de ajuste de empleo que supuso en 2011 el despido de 198 personas, y desde el 31 de diciembre de 2013 hasta la actualidad el de otras 40 por despido objetivo debido a la p¨¦rdida de encomiendas. Adem¨¢s, en febrero se aprob¨® una modificaci¨®n de las condiciones de trabajo para 98 empleados que se aplic¨® a partir del mes de marzo y que los sindicatos han denunciado, y sobre lo que se celebrar¨¢ un acto de conciliaci¨®n en el TSJCV el pr¨®ximo 10 de septiembre.