Anticorrupci¨®n avisa del crecimiento ¡°desmesurado¡± del caso de los ERE
La fiscal¨ªa advierte de nuevo ante la Audiencia de Sevilla del riesgo de prescripciones
La apertura de m¨²ltiples causas en paralelo por parte de la juez Mercedes Alaya desde que comenz¨® su investigaci¨®n de los ERE hace tres a?os es una de las cr¨ªticas m¨¢s habituales que la instructora recibe desde las partes personadas y algunas formaciones pol¨ªticas. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n lo ha expresado de manera gr¨¢fica al avisar a la magistrada del ¡°crecimiento desmesurado y no justificado¡± del volumen del caso. Para los dos fiscales de la causa, esta multiplicidad de investigaciones provoca una ¡°dispersi¨®n de los recursos humanos y materiales de la administraci¨®n de justicia¡± causante de la ¡°demora¡± de la instrucci¨®n judicial.
Este retraso por las m¨²ltiples v¨ªas abiertas provoca como primera consecuencia la dificultad para lograr el retorno de los fondos p¨²blicos percibidos de manera il¨ªcita. Es decir, la dispersi¨®n se traduce en un evidente retraso para lograr que el dinero regrese a las arcas p¨²blicas, primer objetivo de la justicia en este caso, seg¨²n entiende la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. En paralelo, los fiscales alertan de nuevo del riesgo de prescripci¨®n de algunos delitos investigados en la causa, como ya han subrayado en anteriores escritos. La fiscal¨ªa expresa estas consideraciones en el recurso presentado ante la Audiencia de Sevilla por el auto en el que Alaya acordaba solicitar m¨¢s documentaci¨®n al Parlamento y la C¨¢mara de Cuentas. La causa acumula ya casi dos centenares de imputados y miles de folios.
La juez, tras la solicitud del letrado Juan Carlos Alf¨¦rez que defiende a un alto cargo de la agencia Idea, accedi¨® a solicitar al Parlamento de Andaluc¨ªa y a la C¨¢mara de Cuentas que ampliara su informaci¨®n enviada al juzgado sobre los informes de las ayudas investigadas. Alaya requiri¨® al Parlamento que le aportara todas las enmiendas formuladas por los grupos pol¨ªticos (PSOE, PP e IU) en relaci¨®n a las leyes de Presupuestos y al fondo de los ERE, entre 2002 y 2009. La juez buscaba precisar el grado de conocimiento de los diputados sobre el fondo, cuyo presupuesto se debati¨® en la Comisi¨®n de Hacienda. Alaya dio parcialmente la raz¨®n al letrado, pese a las quejas de la C¨¢mara por el aforamiento de sus diputados, expresadas esta primavera a trav¨¦s de los medios de comunicaci¨®n y ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y la contundente oposici¨®n de Anticorrupci¨®n, que present¨® un recurso para oponerse a Alaya. El recurso de ayer es otra discrepancia m¨¢s de un largo listado entre la juez y Anticorrupci¨®n.
Por otra parte, la magistrada acord¨® abrir unas nuevas diligencias previas contra el due?o de Uniter, Jos¨¦ Gonz¨¢lez Mata, por un presunto delito de alzamiento de bienes a cuenta del cambio de titularidad de una finca del imputado un mes despu¨¦s de que el juzgado iniciara el proceso de embargo de sus propiedades. La magistrada recuerda que Gonz¨¢lez Mata result¨® imputado el 27 de enero de 2012, tras lo que el 17 de junio de 2013 prest¨® declaraci¨®n en sede judicial. M¨¢s tarde la juez impuso al imputado una fianza de responsabilidad civil de 98,8 millones.
El 2 de julio de 2013 el juzgado requiri¨® a Gonz¨¢lez Mata para que designara bienes de su propiedad. No obstante, Alaya da cuenta de que recibi¨® del Registro de la Propiedad de Jerez un mandamiento por el que denegaba anotar el embargo de una finca ¡°por figurar inscrita a favor¡± de la compa?¨ªa de Tapones Irrellenables S.A., ¡°persona distinta del imputado¡±.
Es decir, esta escritura a favor de la citada compa?¨ªa mercantil fue otorgada un mes despu¨¦s de que el juzgado iniciara el proceso de embargo contra Gonz¨¢lez Mata, por lo que la juez entiende ahora que estos hechos podr¨ªan ser constitutivos de un delito de alzamiento de bienes y por ello abre estas diligencias nuevas.
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