La dieta de la pol¨ªtica

El binomio retribuciones y pol¨ªtica ha vuelto estos d¨ªas a primer plano de la actualidad. En esta ocasi¨®n, y a ra¨ªz de una investigaci¨®n judicial, de la mano de las dietas que percib¨ªan algunos alcaldes por su participaci¨®n en tareas de la Federaci¨® de Municipis de Catalunya (FMC). La justicia no acepta la consideraci¨®n de dietasa una cantidad fija mensual si no est¨¢ relacionada con actividades concretas derivadas del cargo o la responsabilidad en la entidad municipalista.

La noticia ha provocado un cierto revuelo y el enfado de diversos alcaldes que confiaban en los servicios jur¨ªdicos de la FMC y, en consecuencia, en la legalidad de estas retribuciones. Estoy convencido que la mayor¨ªa las aceptaba pensando que actuaban correctamente desde un punto de vista legal, pero quiz¨¢s convendr¨ªa ampliar la reflexi¨®n un poco m¨¢s all¨¢ de las leyes.

La pol¨ªtica institucional exige dedicaciones que obligan a la remuneraci¨®n de esta actividad, pero uno de los temas pendientes para tratar de reconciliarla con la sociedad es conseguir erradicar la sospecha generalizada -y muchas veces exagerada- que el sistema de retribuci¨®n a los pol¨ªticos esconde en el doble fondo un oscuro sistema de prebendas y privilegios.

El sistema de retribuci¨®n a los cargos electos debe partir de tres principios generales: un ¨²nico sueldo sin complementos dinerarios, una escala salarial acorde a los grados de responsabilidad y una transparencia meridiana. Las dietas -complementos legales establecidos para compensar gastos provocados por el desempe?o de la actividad- solo deber¨ªan aceptarse cuando responden a gastos ocasionadas en el ejercicio del cargo, y puedan justificarse de manera documental. Cuando se convierten en retribuciones dinerarias sin que sea necesaria su justificaci¨®n, ensombrecen los tres principios generales y contribuyen a proyectar una imagen poco transparente de las retribuciones. La sensaci¨®n de que esconden un sobresueldo, y no la compensaci¨®n de un gasto, es imposible de desmentir. Por este motivo la asistencia a una reuni¨®n de un organismo, al que se pertenece por el cargo que se ostenta, no deber¨ªa dar derecho a compensaci¨®n econ¨®mica alguna.

Por la asistencia a una o dos reuniones mensuales, cada representante p¨²blico cobraba unos? 500 euros

Durante varios a?os he tenido diferentes responsabilidades en el ¨¢rea de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona. Cargo que me ha obligado a representar a la ciudad en consorcios y fundaciones: jam¨¢s he percibido un euro por ello, como tampoco lo han hecho el resto de representantes p¨²blicos de las distintas instituciones que los conformaban. En cambio, cuando en 2011 obtuve por primera vez el acta de concejal, me toc¨® representar a mi grupo en los ¨®rganos de gobierno del ?rea Metropolitana de Barcelona. Por la asistencia a una o dos reuniones mensuales, cada representante p¨²blico cobraba aproximadamente 500 euros. No ten¨ªa ninguna duda sobre su legalidad pero, pocos meses despu¨¦s, renunci¨¦ a esta compensaci¨®n: me parec¨ªa sencillamente injustificable.

El pago de dietas de esta naturaleza quiz¨¢s no es muy habitual en el sector p¨²blico, pero es una pr¨¢ctica muy extendida en los gobiernos locales de segundo nivel (diputaciones, consejos comarcales, ¨¢reas metropolitanas¡­). Conozco tambi¨¦n a otros representantes p¨²blicos, de partidos e ideolog¨ªas distintas, que han renunciado a este tipo de complementos asaltados seguramente por dudas similares a las m¨ªas.

Me parece que tocar¨ªa convertir la excepci¨®n en regla y que un concejal o alcalde (?hoy el de Barcelona recibe m¨¢s del 25% de sus emolumentos a partir de dietas!), debe tener un salario asociado a su responsabilidad y al tama?o de su municipio, pero no puede ser que este se vea incrementado por actividades que forman parte de sus funciones naturales. Considero que la pol¨ªtica institucional exige salarios acordes con la importante responsabilidad que tiene encomendada, y precisamente por esta raz¨®n no puede quedar enturbiada por un sistema retributivo tan f¨¢cil de poner en cuesti¨®n. Es m¨¢s, puede existir la tentaci¨®n de hacer tabla rasay eliminar organismos que contin¨²an siendo necesarios (una de las reformas de la conocida Ley de Racionalizaci¨®n y Sostenibilidad de la Administraci¨®n Local): ser¨ªa matar moscas a ca?onazos. Hacen falta federaciones de municipios y gobiernos metropolitanos, simplemente requieren transparencia y claridad.

Sin argumentos que lo sustenten y teniendo en cuenta la crisis de confianza de la pol¨ªtica institucional, eliminar este tipo de retribuciones supondr¨ªa subir un primer pelda?o en la larga escalera para reconciliar sociedad y democracia. La crisis ha puesto la democracia bajo sospecha, y sin duda la corrupci¨®n con may¨²sculas es la responsable principal. Para ello est¨¢n los juzgados. Pero la confianza en la democracia exige un rearme ¨¦tico, algo de l¨ªmites mucho m¨¢s difusos y ante lo cual la pol¨ªtica, en demasiadas ocasiones, mira hacia otro lado. Las leyes est¨¢n para cumplirlas pero la pol¨ªtica no puede parapetarse en la legalidad, su funci¨®n tiene otras exigencias. Entre otras cosas porque es ah¨ª donde la democracia se juega su futuro.

Jordi Mart¨ª Grau es gestor cultural.