La nueva norma modera la pol¨¦mica y el caos en el urbanismo valenciano

El agente urbanizador naci¨® en 1994 de la mano de una innovadora norma aprobada por los socialistas en su ¨²ltima etapa en la Generalitat, la Ley Reguladora de la Actividad Urban¨ªstica (LRAU). Es la figura de un adjudicatario privado al que se otorga la responsabilidad de desarrollar el planeamiento, la distribuci¨®n de beneficios y cargas y la cesi¨®n de suelo aprovechable a la Administraci¨®n. Pretend¨ªa acabar con la penosa imagen de barrios sin urbanizar. Pero su uso y abuso, sobre todo tras la aprobaci¨®n por el PP de la Ley Urban¨ªstica Valenciana (LUV) en 2005, lo convirti¨® en una especie de caballo de Troya de la especulaci¨®n desaforada. El resultado han sido, como en una foto en negativo, urbanizaciones sin barrio, millones de metros cuadrados incluidos en programas de actuaci¨®n integrada (PAI) de improbable desarrollo y una debacle financiera y social.

El mantenimiento del agente urbanizador es una de las cuestiones que ha separado en la negociaci¨®n de la nueva Ley de Ordenaci¨®n del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) al PP de Esquerra Unida y Comprom¨ªs, que lo consideran una atribuci¨®n excesiva de potestades p¨²blicas a empresas privadas. Tambi¨¦n les ha separado, por motivos similares, que se consagren las denominadas actuaciones territoriales estrat¨¦gicas (ATE), que permiten reducir tramitaciones para proyectos de especial envergadura.

Como es l¨®gico, el agente urbanizador, cuyo mecanismo extiende la LOTUP a la edificaci¨®n (sobre solares sin construir que dificultan completar la ciudad consolidada), no ha sido un obst¨¢culo en el acercamiento de posturas del PP con el PSPV-PSOE. La nueva ley, eso s¨ª, introduce m¨¢s restricciones a la actuaci¨®n del agente urbanizador, una vez detectados, con los desastres del urbanismo depredador, su problemas de corrupci¨®n, su capacidad de coacci¨®n sobre los propietarios de los terrenos, el encarecimiento arbitrario de los costes de urbanizaci¨®n, la falta de informaci¨®n y la vulneraci¨®n de garant¨ªas que recoge la ley de Contratos.

La nueva ley, impulsada por la consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, y aprobada por las Cortes Valencianas el pasado d¨ªa 17 con los votos del PP, la abstenci¨®n de los socialistas y el voto en contra de EUPV y Comprom¨ªs, ha reducido las discrepancias del Consell con la oposici¨®n. Entre otras cosas, como destac¨® el diputado socialista Francesc Signes, porque deroga cinco leyes y dos reglamentos para aclarar la mara?a de normas urban¨ªsticas que dej¨® esparcidas la fiebre inmobiliaria.

Simplificar la legislaci¨®n, apostar por el desarrollo urbano equilibrado, la ciudad consolidada y la rehabilitaci¨®n, introducir garant¨ªas de transparencia y racionalizar los instrumentos de planeamiento, con la diferenciaci¨®n entre planes generales estructurales, competencia de la Generalitat, y planes pormenorizados, que corresponden a los ayuntamientos, son las principales aportaciones del texto legal. Eso dio pie a que el diputado del PP David Serra calificara hiperb¨®licamente de ¡°vanguardista¡± la ley y vaticinara que ser¨¢ ejemplo para otras comunidades aut¨®nomas e incluso para la UE.

Sin embargo, la ¡°catastr¨®fica¡± situaci¨®n del urbanismo valenciano, como la describi¨® Signes, no se resolver¨¢ por arte de magia. Quedan disposiciones y reglamentos por modificar y la propia LOTUP presenta problemas para el PSPV-PSOE, como la insuficiente coordinaci¨®n de los informes que concurren en un proyecto urban¨ªstico o la posibilidad que da la ley de dispensar de obligaciones a las dotaciones privadas. La legalizaci¨®n de viviendas anteriores a 1975 y, en general, de construcciones fuera de ordenaci¨®n, es otro aspecto pol¨¦mico.

El PP no acept¨® incluir varias enmiendas propuestas por los socialistas a iniciativa del alcalde de Ontinyent, Jorge Rodr¨ªguez, para hacer m¨¢s flexible la norma y que no solo fueran objeto de ordenaci¨®n las viviendas en suelo no urbanizable ya ¡°consolidadas¡± o sin expediente disciplinario. Rebeca Torr¨®, concejal de Urbanismo de Ontinyent, donde el problema de los chal¨¦s irregulares es notable, propon¨ªa hablar de viviendas ¡°existentes¡± en suelo no urbanizable, dejando fuera las construcciones en suelo protegido.