La Diputaci¨®n amenaza con romper un contrato de 100 millones con Ortiz

La presidenta de la Diputaci¨®n de Alicante, Luis Pastor, envi¨® ayer a los alcaldes de La Vega Baja (Alicante) una propuesta para liquidar el contrato entre el consorcio de residuos de la comarca valenciana m¨¢s sure?a y el contratista Enrique Ortiz, empresario omnipresente en la provincia alicantina y supuesto cabecilla de la trama Brugal. Pastor pretende adem¨¢s incautar la fianza de casi dos millones de euros depositada en su d¨ªa por el contratista por la firma de un contrato que supon¨ªa un negocio de 100 millones de euros durante 20 a?os de gesti¨®n para la Uni¨®n Temporal de Empresas (UTE) Cespa-Ortiz.

El movimiento de Luisa Pastor resulta sorprendente si se tiene en cuenta que el pasado abril estaba a favor de la implantaci¨®n de la planta de residuos prevista en Albatera, un macrovertedero que tiene a La Vega Baja en pie de guerra y que aparece hasta en las escuchas del caso Brugal. El plan zonal no gusta ni a ciudadanos ni a los ayuntamientos, no importa el color pol¨ªtico.

Seg¨²n fuentes de la Diputaci¨®n, Pastor, tambi¨¦n alcaldesa de San Vicent del Raspeig, encarg¨® por su cuenta y riesgo un estudio al margen del consensuado por el pleno provincial el pasado marzo. Los alcaldes socialistas de La Vega Baja ayer no sal¨ªan de su asombro. El informe de Pastor lo firma el catedr¨¢tico de Derecho Administrativo de la Universitat Jaume I (Castell¨®n), David Blanquer. Y concluye casi lo mismo que el encargado al catedr¨¢tico de la Carlos III (Madrid), Luciano Parejo, experto en la misma materia.

Ambos coinciden y esgrimen como raz¨®n para la anulaci¨®n de la contrata que la UTE present¨® una oferta sobre unos terrenos en Albatera de los que no era propietaria ni ten¨ªa opciones de compra. La ¨²nica diferencia es que el estudio de Pastor acusa a Cox y Albatera de ¡°deslealtad institucional¡± por dificultar con la negaci¨®n de permisos, entre otras razones, la labor de la UTE sobre el terreno, seg¨²n quienes han visto el informe.

La historia de esta contrata parece la de nunca acabar, siempre pol¨¦mica. El consorcio de residuos vegabejense, con Joaqu¨ªn Ripoll de presidente provincial, aprob¨® por unanimidad en enero de 2008 adjudicar la contrata a la UTE en terrenos de Albatera. All¨ª ir¨ªan a parar las 250.000 toneladas anuales de basura que genera esta comarca de 500.000 habitantes.

A finales de 2008, se modific¨® el contrato. El macrovertedero se ubicar¨ªa en Torremendo (Orihuela), en la finca de La pistola, propiedad de ?ngel Fenoll, el otro cabecilla de la Brugal y hace dos d¨ªas condenado a 35 a?os de prisi¨®n por fraude fiscal. Los vecinos batallaron judicialmente por un cambio cuyas negociaciones aparecen en las escuchas policiales del caso Brugal. Y ganaron. La sentencia, de 2013, mand¨® el proyecto de nuevo a Albatera y puso patas arriba a toda la comarca, cuya basura va de un vertedero a otro de la provincia sin orden ni concierto. Pastor escud¨® siempre su defensa del proyecto en la sentencia, incluso presionando a Cox para que dejara construir en su suelo parte de las instalaciones contempladas en el proyecto.

No ser¨¢ tan f¨¢cil la anulaci¨®n. Cespa-Ortiz lleva tiempo argumentando una hipot¨¦tica defensa y acudir¨¢ a los tribunales por lucro cesante. Pero adem¨¢s, la consejer¨ªa de Medio Ambiente, con un 15 % de los votos del consorcio de La Vega Baja (el resto son de Diputaci¨®n y ayuntamientos), se ha mostrado contraria a rescindir el contrato en funci¨®n de unos informes que considera ¡°de parte¡±. La administraci¨®n auton¨®mica se escuda en que sus t¨¦cnicos no ven incumplimiento alguno en la concesi¨®n. Solo obedecer¨¢ los informes de los abogados de la Generalitat.