Mas sigue con la consulta pese al dividido aval de su consejo jur¨ªdico

El Gobierno catal¨¢n expres¨® ayer de forma inequ¨ªvoca su absoluta disposici¨®n a convocar la consulta soberanista el 9 de noviembre al amparo del informe de Consejo de Garant¨ªas Estatutarias, que ha concluido que la Ley de Consultas de la que pender¨¢ el refer¨¦ndum se adecua al Estatuto de Catalu?a y a la Constituci¨®n. El ¨®rgano consultivo, que valida o no los proyectos de ley del Parlamento catal¨¢n, elabor¨® un ajustado dictamen en el que cinco de sus miembros respaldaron el texto y otros cuatro emitieron votos particulares. Pese a la fuerte divisi¨®n, ins¨®lita en un dictamen, el Ejecutivo catal¨¢n y los partidos soberanistas (CiU, ERC, ICV y la CUP) esgrimieron la legitimidad de la ley para llamar a los catalanes a votar.

Francesc Homs, consejero de la Presidencia, afirm¨® que el documento ofrece ¡°s¨®lidos argumentos¡± para convocar la consulta al sostener que es constitucional. Sobre la base de esa conclusi¨®n, inst¨® al Gobierno de Mariano Rajoy a no impugnarla. ¡°La realidad es tozuda y obstinada, y el pueblo de Catalu?a, a¨²n m¨¢s¡±, avis¨® el tambi¨¦n portavoz del Gobierno. En su an¨¢lisis, Homs soslay¨® de entrada las impactantes divergencias de los consejeros, pero inst¨® a no hacer lecturas equivocadas sobre lo que piensan unos y otros. En todo caso, minimiz¨® los efectos de los cuatro votos particulares al remarcar que lo relevante es que la ley pasa el corte. ¡°Nosotros siempre acatamos los informes, tanto si nos favorecen como si no. Esta misma semana nos han invalidado un impuesto¡±, dijo respecto a un tributo sobre energ¨ªa nuclear pactado por CiU y ERC y tachado de inconstitucional por el citado organismo.

En un informe de 150 p¨¢ginas, Garant¨ªas Estatutarias, que analiz¨® preguntas de todos los partidos ¡ªel PSC fue el que m¨¢s plante¨®¡ª, concluye que la consulta se adecua al art¨ªculo 122 del Estatuto catal¨¢n, que versa sobre la capacidad de convocar consultas populares no referendarias. En sus fundamentos, el dictamen fija que la Generalitat puede interpelar a los ciudadanos sobre las competencias que tiene asignadas y tambi¨¦n por el conjunto de ¡°funciones y facultades y de impulso pol¨ªtico que le son atribuidas¡±. Es decir, incluye la soberan¨ªa cuando el Estado reivindica que solo le compete a ¨¦l. La cuesti¨®n capital es que el informe determina ¡ªpor solo un voto¡ª que la consulta no es un refer¨¦ndum, y admite que estos solo los puede convocar el Estado para modificar Estatutos o la misma Constituci¨®n y convocando al cuerpo electoral.

El documento alega que la votaci¨®n es consultiva y no vinculante y que solo aspira a conocer con ¡°cierta precisi¨®n¡± la posici¨®n de la ciudadan¨ªa sobre un tema de valoraci¨®n pol¨ªtica y, en consecuencia, en este caso, ¡°no tendr¨¢ ning¨²n efecto sobre el art¨ªculo 1.2 de la Constituci¨®n¡±, es decir, el que consagra que la soberan¨ªa recae en todos los espa?oles. El cuerpo del informe anima en varias ocasiones a hacer una lectura flexible y abierta de la norma constitucional y recuerda que ni siquiera el art¨ªculo 92 de la Ley Fundamental, que trata sobre la convocatoria de los refer¨¦ndums, o la misma ley que regula el art¨ªculo acotan los asuntos a abordar.

El organismo defiende el derecho a conocer la opini¨®n de los ciudadanos sobre la base de dos sentencias. Primera, la de la Corte Suprema de Canad¨¢, que no cuestion¨® el refer¨¦ndum del Quebec. Y, segunda, la del Tribunal Constitucional sobre la declaraci¨®n de soberan¨ªa del 23 de enero, cuando admiti¨® que el orden constitucional se pod¨ªa modificar. ¡°En el marco constitucional espa?ol¡±, se?ala el Consejo de Garant¨ªas, ¡°no existen materias ni asuntos vedados a la opini¨®n y excluidos del parecer ciudadano (...) sobrentendiendo que las consecuencias de esta opini¨®n vendr¨¢n limitadas por las prescripciones constitucionales¡±, dice el dictamen, subrayando que esos instrumentos pueden ser ¨²tiles como escenarios de ¡°tanteo¡±.

Los soberanistas ya acogieron en su d¨ªa la reflexi¨®n del Constitucional como un triunfo y Homs puso el acento en ello: ¡°A nadie se le pas¨® por la cabeza no dejar votar¡±. El dictamen no valor¨® la petici¨®n del PSC y PP sobre la legalidad de las preguntas del 9-N porque sus miembros afirman que es un acuerdo de naturaleza pol¨ªtica y desborda su marco competencial.