Sanidad universal

Una de las malas noticias del verano ha sido la epidemia de ¨¦bola que, seg¨²n los ¨²ltimos datos de la OMS, puede haber contaminado a m¨¢s de 20.000 personas en ?frica Occidental. Del tema conocemos sobre todos el caso del religioso espa?ol Miguel Pajares infectado por el virus y repatriado bajo medidas de precauci¨®n excepcionales para recibir un tratamiento que desgraciadamente result¨® infructuoso. La respuesta de Europa y Estados Unidos a una epidemia de estas caracter¨ªsticas pone sobre la mesa unas cuantas preguntas de relevancia ¨¦tica.

La primera tiene que ver con la legitimidad de tratar a pacientes con un medicamento a¨²n no experimentado con humanos cuando no existen otros f¨¢rmacos que puedan curar la enfermedad. La segunda se refiere a las obligaciones de los gobiernos nacionales para con los profesionales de la sanidad que acuden voluntariamente a estos pa¨ªses. Una tercera pregunta deriva de las dos anteriores: ?Es de recibo, o es de justicia, utilizar los recursos disponibles para atender exclusivamente a los afectados nacionales? La ¨²ltima noticia es que la OMS se ha retirado de Sierra Leona para evitar m¨¢s accidentes entre sus trabajadores all¨ª desplazados.

La primera pregunta es la m¨¢s sencilla y la primera que acapar¨® la atenci¨®n de los expertos y de organizaciones como la OMS. Dado que el primer principio de la ¨¦tica m¨¦dica es no hacer da?o, habr¨¢ que decidir si es ¨¦ticamente aceptable dispensar a los pacientes infectados un medicamento que a¨²n no ha sido probado en humanos. La respuesta a la pregunta ha sido un¨¢nime: es razonable utilizar un ¡°tratamiento experimental¡± cuando el riesgo de morir es mucho m¨¢s alto que el de sobrevivir y el paciente en cuesti¨®n consiente en ser tratado.

Pero los enfermos tratados hasta ahora han sido siete, solo dos de ellos liberianos. Los infectados en Africa son multitud. ?Ser¨ªa ¨¦tico aplicarles tambi¨¦n a ellos el tratamiento experimental? ?C¨®mo hacerlo cuando se ha denunciado repetidas veces la explotaci¨®n de pacientes de pa¨ªses pobres para experimentar con medicamentos? ?C¨®mo evitar la apariencia de manipulaci¨®n?

Una plataforma de enfermos de hepatits C denunciar¨¢ al Ministerio de Sanidad porque no garantiza el suministro del antiviral m¨¢s efectivo? por caro

Las dudas ponen de relieve que la cooperaci¨®n internacional en materia de sanidad se encuentra en mantillas. Es sencillo concentrarse en el problema de la legitimidad de dar un medicamento no experimentado a un paciente de un pa¨ªs rico, que plantearse una cuesti¨®n de m¨¢s calado, relativa a la aplicaci¨®n de la justicia distributiva a cuestiones de salud p¨²blica. Por mucho que consideremos un deber ¨¦tico proteger a las personas que voluntariamente se dedican a la cooperaci¨®n, con riesgo para sus vidas, el contraste entre el cuidado que estas personas han recibido y la visi¨®n impotente (?o indiferente?) hacia los miles de africanos, incluidos los profesionales de la sanidad aut¨®ctonos afectados por el virus, pone de relieve la inanidad de un derecho a la protecci¨®n de la salud supuestamente universal. En cuestiones de ¨¦tica m¨¦dica, los interrogantes relativos a la equidad han sido y siguen siendo los m¨¢s preteridos.

Especialmente, si la perspectiva es internacional. Entre nosotros una plataforma ciudadana que agrupa a enfermos de hepatits C se dispone a denunciar al Ministerio de Sanidad porque no garantiza el suministro generalizado del antiviral m¨¢s efectivo para tal enfermedad. Es un medicamento caro y, en tiempos de penuria, Sanidad se acoge al consabido argumento de que no hay dinero para un gaso de tal envergadura y da largas a una toma de decisi¨®n que para los afectados es urgente.

La hepatitis C es una dolencia grave. Si es un deber proteger la salud de todos los ciudadanos, ?c¨®mo puede justificarse que solo los que pueden permit¨ªrselo tengan acceso a la curaci¨®n? ?Hasta d¨®nde los gobiernos han de condescender a la voracidad econ¨®mica de la industria farmac¨¦utica? En Catalu?a, el Consell Assessor de Salut P¨²blica ha instado a la administraci¨®n correspondiente a que ponga al d¨ªa los datos sobre la incidencia de dicha modalidad de hepatitis en la poblaci¨®n catalana. Es un primer paso, pero no el ¨²nico que hay que dar.

No son dos casos comparables, pero tienen un denominador com¨²n que es el que quiero subrayar. En materia de atenci¨®n sanitaria se ha avanzado mucho en el imperativo de proteger la dignidad e integridad de los pacientes. Pero con respecto a la equidad queda mucho por hacer, a nivel nacional y no digamos a nivel internacional. Suscribo lo que Luigi Ferrajoli ha calificado como ¡°la mayor antinomia que aflige a la historia de los derechos fundamentales¡±, a saber, la contraposici¨®n entre derechos del hombre y derechos del ciudadano. Con respecto al derecho a la protecci¨®n de la salud, hay ciudadanos de primera y de segunda, no solo porque unos han tenido la suerte de nacer en un pa¨ªs rico y otros no, sino, cada vez m¨¢s, porque los recursos p¨²blicos destinados a garantizar este derecho van menguando. Como escribe Gurutz J¨¢uregui (Hacia una regeneraci¨®n democr¨¢tica), para que los derechos sociales, que son los derechos de la igualdad, se respeten debidamente, la titularidad de los mismos no puede estar ligada a la pertenencia a una naci¨®n, ¡°el demos ya no puede identificarse con las fronteras estatales¡±.

Victoria Camps es profesora em¨¦rita de la UAB