La Audiencia reabre el caso de las detenciones en la ‘primavera valenciana’
Los juzgados revocan el archivo de la querella contra la exdelegada del Gobierno y la policía
La Primavera Valenciana sigue en pie ante los tribunales. La Audiencia Provincial de Valencia ha revocado el archivo de la querella que 13 denunciantes interpusieron en junio de 2012 contra la entonces Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, funcionarios y mandos policiales, por las identificaciones masivas de jóvenes concentrados ante el Cuartel de Zapadores de Valencia. Al mismo tiempo, ordena que se acumule a la denuncia –archivada provisionalmente- al juzgado que conoció en primer lugar por las detenciones de estudiantes que se manifestaron en esta ciudad en febrero de hace dos a?os.
La Audiencia estima así el recurso interpuesto por el abogado de los denunciantes y miembro de la Asociación para la Defensa de las Libertades y Derechos Sociales y Civiles, Ricardo Cano Zamorano, por presuntos delitos de prevaricación contra la Delegación del Gobierno y los mandos policiales. El juzgado de instrucción número 1 de Valencia archivó la querella alegando que la actuación policial estuvo legitimada al actuar amparada en el ejercicio de su cargo, ya que los jóvenes estaban concentrados invadiendo la vía pública frente al Cuartel de Zapadores y sin permiso de la Delegación del Gobierno. Además, justificaba el archivo en el sobreseimiento de otras actuaciones por los mismos hechos instruidas por el juzgado de instrucción número 6 de Valencia.
El auto dictado por la Audiencia basa la revocación del archivo en que, aunque ya ha habido pronunciamiento judicial éste es provisional, por lo que ordena que acumule en el juzgado número 6 que vio la causa inicialmente. Además, a?ade que debe reabrirse porque los hechos en que se basan estas diligencias son los mismos. Las querellas del juzgado número 6 fueron archivadas alegando que los hechos no se ajustaban a un ilícito penal y que, de requerir algún tipo de sanción, debía acudirse a la vía administrativa.
El abogado de la acusación, Ricardo Cano, explica que “aquél archivo no vincula porque era provisional y no concretaba el delito, los autores ni las víctimas. Mientras que, en este caso, el auto concreta a más de 60 personas identificadas por la policía y a las autoridades”.
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