Polic¨ªa y Guardia Civil pugnan por investigar los cursos de formaci¨®n

La polic¨ªa y la Guardia Civil pugnan por las 12 investigaciones abiertas sobre los cursos de formaci¨®n subvencionados por la Junta. La pelea es cada vez m¨¢s agria, menos soterrada y aflora en paralelo a las disputas judiciales que previsiblemente resolver¨¢n los ¨®rganos superiores a los jueces de instrucci¨®n (Audiencias provinciales y Tribunal Superior de Justicia). Mientras que la juez Mercedes Alaya arropa a la Guardia Civil para que esta acapare la docena de causas y revise el monto global de las ayudas ¡ªestimado en m¨¢s de 3.000 millones en m¨¢s de una d¨¦cada¡ª, la polic¨ªa lleva desde hace m¨¢s de dos a?os investigando las ayudas concedidas por las delegaciones provinciales, y considera una afrenta intolerable ceder las pesquisas ya iniciadas al otro cuerpo policial.

La herida est¨¢ a¨²n fresca y escuece. Hace ya tres a?os que Alaya apart¨® a la polic¨ªa del caso ERE, una medida que supuso un enorme agravio comparativo entre ambos Cuerpos de Seguridad, cuyos mandos mantienen un enfrentamiento soterrado pese a que el Ministerio del Interior unific¨® las dos direcciones generales en 2006. Y como llueve sobre mojado, la Brigada Central de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UCDEF) de la polic¨ªa ve c¨®mo el riesgo de ceder las diligencias a la Unidad Central Operativa (UCO) es cada vez m¨¢s real, ante las peticiones de Alaya para que los agentes a sus ¨®rdenes centralicen todos los indicios de fraude contra la Administraci¨®n auton¨®mica. La polic¨ªa inici¨® la Operaci¨®n Edu hace ya dos a?os y sigui¨® junto a la Fiscal¨ªa de M¨¢laga, mientras que la Guardia Civil tom¨® declaraci¨®n a un funcionario de la Formaci¨®n Profesional de la Junta en el verano de 2013. Tras analizar diversos indicios y avanzar en la instrucci¨®n, la juez Alaya abri¨® su nueva macrocausa sobre la formaci¨®n el marzo pasado.

Los planteamientos est¨¢n claros y no admiten medias tintas, aunque de manera oficial ambos cuerpos policiales rechazan pronunciarse sobre la pol¨¦mica. Pero mientras que la Guardia Civil lo ha expresado a trav¨¦s de informes aportados a la macrocausa de la formaci¨®n de Alaya, los sindicatos policiales ponen el grito en el cielo ante la supuesta injerencia de sus funciones. ¡°Por operatividad policial, es contraproducente retirar a quien ha iniciado las investigaciones porque conocen el origen y las fuentes para canalizar con ¨¦xito la investigaci¨®n. Es il¨®gico y contraproducente retirar a una Brigada que ha tenido tantos ¨¦xitos en investigaciones parecidas¡±, denuncia Seraf¨ªn Giraldo, portavoz del sindicato de la polic¨ªa UFP. Para Giraldo, la investigaci¨®n de la Guardia Civil incumple la Ley 2/86 de Cuerpos de Seguridad que establece la competencia de la polic¨ªa para grandes ciudades y de la Guardia Civil para los pueblos ¡°precisamente para evitar conflictos de competencias como este¡±. Y subraya: ¡°Tanto Alaya como la Guardia Civil, aparte de vulnerar preceptos legales, pueden entorpecer investigaciones ya iniciadas. Es il¨®gico que la Guardia Civil, un cuerpo destinado a que se cumplan las leyes, vulneren las propias leyes que rigen sus actuaciones¡±.

Por su parte, la Guardia Civil lo puso negro sobre blanco en un atestado del pasado 6 de mayo en el que incitaba a la juez Alaya a frenar todas las pesquisas de la polic¨ªa. ¡°Las citadas investigaciones pudieran extenderse geogr¨¢ficamente a otras provincias, y org¨¢nicamente hacia la presunta responsabilidad de la Administraci¨®n andaluza en la concesi¨®n, gesti¨®n y control de estos fondos, pesquisas ¨¦stas que coincidir¨ªan plenamente con las investigaciones que actualmente est¨¢ llevando esta unidad en el marco de las diligencias previas 966/2014, dimanantes de las 6344/2013, ambas de ese juzgado¡±. Los investigadores subrayaron c¨®mo varios procedimientos sobre las mismas subvenciones de la Junta podr¨ªan ser perjudicial para la justicia. ¡°Parece ser que se estar¨ªan perfilando los informes y/o atestados policiales correspondientes para la inmediata judicializaci¨®n de dichas investigaciones, hecho que provocar¨ªan la existencia de dos procedimientos judiciales abiertos para el esclarecimiento de los mismos hechos, con la consiguiente falta de coordinaci¨®n y p¨¦rdida de eficacia¡±.

Los ¨¢mbitos de investigaci¨®n est¨¢n a priori diferenciados porque la polic¨ªa indaga desde las provincias sobre las concesiones de las ayudas desde las delegaciones de Empleo, la Guardia Civil inici¨® sus pesquisas desde la sede central de la consejer¨ªa. El problema surge porque la Guardia Civil considera que todas las ayudas pertenecen a la Junta y deben englobarse en una misma investigaci¨®n. ¡°La investigaci¨®n se centra por un lado en la responsabilidad de la Administraci¨®n a la hora de adjudicar y controlar los fondos dedicados a formaci¨®n, y por otro el destino aplicado por las empresas receptoras de los mismos¡±, exponen los agentes en un atestado.

Los cuatro sindicatos policiales (SUP, CEP, UFP y SPP) ya denunciaron el pasado mayo ante el Gobierno central el profundo malestar que viv¨ªa el cuerpo ante el hecho de que el ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, ampare a la Guardia Civil en una ¡°apropiaci¨®n indebida de funciones¡±, en una carta conjunta dirigida a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya S¨¢ez de Santamar¨ªa.

Y es que en Andaluc¨ªa todos los frentes judiciales sobre los cursos est¨¢n abiertos. A pesar de estar judicializada tras dos a?os de pesquisas, el sumario de la Operaci¨®n Edu dirigida por la polic¨ªa permanece bajo secreto en el Juzgado de Instrucci¨®n 8 de M¨¢laga. Ante los supuestos problemas por el hecho de compatibilizar varias investigaciones en paralelo, fuentes de la Fiscal¨ªa de M¨¢laga defienden que estas son compatibles y recuerdan que ¡°no hay nada que proh¨ªba conjugar ambos cuerpos. No hay ley que lo proh¨ªba¡±.

Parte de la soluci¨®n se esbozar¨¢ el pr¨®ximo jueves, cuando los fiscales tracen en Granada la l¨ªnea que marca la senda para aunar las causas en una sola o mantener varias causas diferenciadas en las provincias. El mapa est¨¢ abierto y el criterio de la fiscal¨ªa puede variar en funci¨®n de las exposiciones que hagan los fiscales jefes de las ocho provincias, ya que la casu¨ªstica es muy diversa debido a la naturaleza de las ayudas (con compromiso de contrataci¨®n, subvenciones excepcionales) y el ¨®rgano que las concedi¨® (la Consejer¨ªa de Empleo o las delegaciones provinciales).